La Comisión Nacional del Agua (Conagua) impulsa que la industria minera –considerada una de las más contaminantes en el mundo– tenga el permiso para verter sus desechos altamente tóxicos en ríos y arroyos de México, lo que hasta ahora se encuentra prohibido por ley. Ello, a pesar de que uno de los objetivos medioambientales y de salud pública de la presidenta Claudia Sheinbaum es exactamente lo contrario: limpiar afluentes contaminados, como el Río Sonora, donde una de las filiales del Grupo México derramó 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en la presa Tinajas 1 –el 6 de agosto de 2014, presuntamente por negligencia–, por lo que actualmente sigue presentando altas concentraciones de cinco metales pesados causantes de cáncer y enfermedades terminales en las poblaciones aledañas.

En franca contradicción, en la iniciativa de reforma a la Ley de Aguas Nacionales –que apenas será discutida en el Congreso de la Unión– la Conagua propone tener la facultad de otorgar concesiones a esa industria extractiva para destinar sus residuos en los afluentes y cuerpos de agua, a pesar de ser reservorios prioritarios para la vida humana y animal.

Textualmente, la Comisión que encabeza Efraín Morales propone reformar el artículo 118 de dicha ley para establecer que la autoridad del agua tendrá la facultad de dar concesiones a la industria minera. Textualmente, la iniciativa indica: “para el otorgamiento de concesiones sobre cauces o vasos y sus zonas federales, para la disposición final de residuos mineros depósitos de aguas residuales de uso minero, se deberán acreditar las medidas necesarias de protección a núcleos de población, zonas productivas, cuerpos de agua o ecosistemas”.

De acuerdo con la Gaceta Parlamentaria –publicada por la Cámara de Diputados el 9 de octubre pasado, donde se da a conocer la iniciativa presidencial que expide la Ley General de Aguas–, el texto vigente en su artículo 118 prohíbe tales permisos: “La autoridad del agua tiene prohibido otorgar concesiones sobre cauces o vasos y sus zonas federales para la disposición final de residuos mineros o depósitos de aguas residuales de uso minero”.

Ahora serán los legisladores quienes deben discutir el punto, y en su caso, corregirlo, por el bien de la nación.

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