La desregulación ambiental, el abandono del campo, las prácticas especulativas sobre los precios de los alimentos y el anteposicionamiento de los derechos de propiedad por encima de los derechos humanos fueron ejes de la política económica neoliberal, cuyo impacto sobre las y los campesinos mexicanos hoy es motivo de reflexión en nuestro país.
La evidencia del fracaso de este modelo a nivel mundial es extensa. Basta ver que estamos en presencia de una crisis sui géneris en los sistemas de producción agroalimentaria, pues a la par que se reportan indicadores que dan cuenta de una crisis alimentaria por la falta de acceso a productos alimentarios en los sectores poblacionales más pobres, los niveles de producción y de ganancias en favor de las grandes corporaciones presentan un comportamiento creciente.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), de 1990 a 2024 se ha registrado un incremento en el precio de los alimentos a nivel mundial del orden del 25 por ciento en promedio anual en términos reales (ajustados a la inflación). Problema estrechamente vinculado con prácticas especulativas, si se toma en cuenta que los niveles de producción y las existencias de alimentos almacenados se ha mantenido relativamente estables, e incluso presentan un ligero aumento en las últimas décadas. Como consecuencia de esta grave situación, el organismo antes mencionado pronostica que para el año 2050, cerca de 2000 millones de personas en el mundo no tendrán acceso a alimentos suficientes para su reproducción.
Ante este escenario, y en el marco de una nueva relación entre el Estado mexicano y el sector agrícola, en 2021, con el presidente López Obrador a la cabeza, se aprobó una serie de reformas a las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Agricultura en México, dirigidas a garantizar y fortalecer la soberanía nacional mediante la propuesta de un sistema de rescate del campo mexicano y la búsqueda de autosuficiencia alimentaria; teniendo como eje de acción, la corrección de las disparidades económicas y sociales entre los productores.
Tarea por demás titánica, si se considera que uno de los efectos del neoliberalismo sobre el campo mexicano fue la generación de un sujeto productivo individual, empobrecido y dependiente de insumos (importados) para la producción; pero que, de acuerdo con datos oficiales, se mantiene como el sostén de nuestra sociedad. Para ponerlo en cifras, el 54 por ciento del valor de la producción agrícola en México, y el 85 por ciento del empleo en el medio rural lo generan las pequeñas unidades productivas.
Con el inicio de esta nueva relación se busca revertir la política de subordinación excluyente impulsada por la agroindustria. Para ello, el Estado mexicano ha retomado su función de gestor productivo en este sector, buscando reemplazar a las grandes empresas agroindustrales que desempeñaron esta función durante el neoliberalismo. Y como parte de esta nueva estrategia, desde la Subsecretaría de Autosuficiencia Alimentaria se comenzó a impulsar un modelo alternativo de producción,dirigido a generar un nuevo sujeto productivo agrícola, que desarrolle sus actividades bajo un modelo agroecológico a partir de lo local, con prácticas colectivas. De esta forma se buscó combatir: i) la marginación de las actividades productivas agrícolas, ii) el declive de los ingresos y la consecuente pauperización de los campesinos mexicanos y iii) la descampesinización y el surgimiento de la pluriactividad en el sector. Fenómenos que surgieron como un mecanismo para resarcir la caída de los ingresos vinculados con la producción agrícola.
Consecuente con esta política de transformación, la presidenta Claudia Sheinbaum también ha emprendido acciones dirigidas a mejorar las condiciones de vida de los productores del campo mexicano. Entre las que destacan: i) los apoyos directos concentrados en productores de granos de pequeña y mediana escala, que se entregan previo a las siembras para que puedan financiar la compra de insumos o contratación de servicios relacionados con la siembra, ii) los apoyos directos a cafetaleros y productores de caña de azúcar, quienes enfrentan un panorama de bajos precios internacionales e nacionales, y iii) la incorporación de productores de comunidades indígenas de alta y muy alta marginación, que por primera vez son objeto de una política pública de apoyos al fomento productivo.
Como se sabe, sólo al producir de manera autosuficiente nuestros productos seremos inmunes a las prácticas especulativas que hoy se presentan a escala mundial. Esta estrategia implica avanzar en dos frentes: 1) hacia una mayor producción interna de granos, en particular maíz, frijol, trigo harinero y arroz; así como en leche, carne de res, cerdo, pollo y pescado; y 2) hacia el abasteciemiento de insumos que se requieren para la produción de alimentos, tales como: semillas, biofertilizantes y maquinaria y equipo con los cuales se pueda transitar a modelos de producción sustentables.
Por ello, es importante que en este momento, como sociedad, comencemos a develar la falsedad de quienes se dicen preocupados por esta crisis alimentaria, pero al mismo tiempo se presentan como acérrimos defensores de las (no más de 10) empresas multinacionales que hoy tienen dominada la producción de alimentos. Y desde la academia también se comiencen a cuestionar los planteamientos tecnocientíficos –afines a la lógica de producción tecnócrata beneficiadora de los esquemas corportativos– que sostienen que los problemas sociales en el campo mexicano sólo pueden atenderse con soluciones tecnológicas. Es decir, invisibiliando el carácter político de las soluciones que se requerían, haciendo abstracción de la ética detrás de los desarrollos científicos y tecnológicos implementados en este sector, y exaltando la utilidad práctica inmediata como criterio de verdad.
Carolina Hernández Calvario
* Académica de la UAM Iztapalapa. Estudió la licenciatura y el doctorado en economía por la Facultad de Economía de la UNAM, y sus estudios de maestría en estudios latinoamericanos los realizó en la Facultad de Filosofía y Letras. Su campo de especialización es en economía política.
