Tras advertir que el fentanilo ilícito se asemeja más a un arma química que a un narcótico, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, designó a esa droga como un “arma de destrucción masiva”. Esta clasificación le da “poderes extraordinarios” a su administración para aplicar extraterritorialmente sus leyes y, con ello, presionar las soberanías de otros países, incluido México.

La designación que firmó el mandatario estadunidense establece que bastan dos miligramos de fentanilo –una cantidad traza casi indetectable equivalente a entre 10 y 15 granos de sal de mesa– para ser una dosis letal, por lo que cientos de miles de estadunidenses han muerto por sobredosis.

En su escrito, Trump agrega que la fabricación y distribución de la droga, a manos de la delincuencia organizada, amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos “y fomenta la anarquía en nuestro hemisferio y en nuestras fronteras. La producción y venta de fentanilo por parte de organizaciones terroristas extranjeras y cárteles financia las operaciones de estas entidades –que incluyen asesinatos, actos terroristas e insurgencias en todo el mundo– y les permite socavar nuestra seguridad nacional y el bienestar de nuestra nación”.

También apunta que el fentanilo puede ser utilizado como arma para ataques terroristas concentrados a gran escala, lo que constituye una “grave amenaza para Estados Unidos”. Añade que, además de ello, los dos cárteles predominantemente responsables de la distribución de fentanilo en Estados Unidos están confrontados, lo que exacerba la violencia y la muerte.

“Como presidente de Estados Unidos, mi principal deber es la defensa del país y sus ciudadanos. En consecuencia, por la presente designo el fentanilo ilícito y sus precursores químicos principales como armas de destrucción masiva”, indica la orden de Trump.

Acerca de los alcances de esta designación, refiere que los titulares de departamentos y agencias pertinentes “tomarán las medidas apropiadas para implementar esta orden y eliminar la amenaza del fentanilo ilícito y sus precursores químicos principales para Estados Unidos. Esto incluye las siguientes acciones:

“(a) El fiscal general iniciará de inmediato las investigaciones y el procesamiento penal por tráfico de fentanilo, incluyendo la presentación de cargos penales, según corresponda, el aumento de las penas y la modificación de las mismas;

“(b) El secretario de Estado y el secretario del Tesoro emprenderán las acciones pertinentes contra los activos e instituciones financieras pertinentes, de conformidad con la legislación aplicable, contra quienes participen o apoyen la fabricación, distribución y venta de fentanilo ilícito y sus precursores químicos principales;

“(c) El secretario de Guerra y el fiscal General determinarán si las amenazas que representa el fentanilo ilícito y su impacto en Estados Unidos justifican la asignación de recursos del Departamento de Guerra al Departamento de Justicia para contribuir a la aplicación del Título 18 del Código de los Estados Unidos, de conformidad con el Título 10 del Código de los Estados Unidos, artículo 282;

“(d) El secretario de Guerra, en consulta con el secretario de Seguridad Nacional, actualizará todas las directivas relativas a la respuesta de las Fuerzas Armadas a incidentes químicos en el territorio nacional para incluir la amenaza del fentanilo ilícito; y

“(e) Para garantizar que Estados Unidos utilice todas las herramientas adecuadas para combatir el fentanilo, el secretario de Seguridad Nacional, de conformidad con la legislación aplicable y en coordinación con los jefes de las agencias pertinentes, según corresponda, identificará las redes de amenazas relacionadas con el contrabando de fentanilo utilizando inteligencia sobre armas de destrucción masiva y no proliferación para respaldar todas las operaciones contra el fentanilo.”

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