Elementos de la Secretaría de Marina fueron responsables de desaparición forzada contra dos personas en el municipio de Guasave, Sinaloa, a quienes detuvieron, retuvieron de manera arbitraria y agredieron en instalaciones navales en 2023, y de quienes, posteriormente, fueron encontrados sus cuerpos sin vida el 23 de mayo, señaló la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
La investigación del organismo autónomo encontró, con base en el testimonio de cinco personas, el informe policial y un dictamen de medicina legal, indicios sobre lesiones infringidas contra las víctimas y traslado “a una zona diversa, donde al día siguiente se localizaron sus cuerpos”, entre las comunidades de Amole y Palos Verdes.
De acuerdo con el Comunicado 038/2026 de la Dirección General de Difusión de los Derechos Humanos, también fueron vulnerados los derechos humanos a la integridad personal de las y los familiares de las víctimas, quienes padecieron sufrimiento y angustia por el hecho.
Ayer, el organismo autónomo señaló también a las secretarías de Marina y Defensa por la tortura que ocho de sus elementos cometieron contra un hombre en el municipio de La Unión, Guerrero, el 18 de agosto de 2011, a quien golpearon en todo el cuerpo y dejaron inconsciente, con la finalidad de “autoincriminación”.
Sobre el documento de hoy, respecto a los hechos ocurridos en 2023 en Sinaloa, la CNDH emitió la Recomendación 206VG/2026 a la Secretaría de Marina “por la desaparición forzada y privación de la vida de dos personas […] así como por violaciones al derecho humano a la integridad personal de otras tres que fueron reconocidas como víctimas indirectas”.
Ello, a partir de una queja recibida el 12 de junio de 2023 a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa, de modo que se solicitó a la institución militar reparar de manera integral el daño cometido a las víctimas indirectas, con base en la Ley General de Víctimas y su Reglamento; proporcionarles atención psicológica y/o tanatológica; colaborar en las investigaciones de la Fiscalía local, federal y Órgano Interno de Control; y dar cursos de derechos humanos en materia de desaparición forzada y tortura.
