Los apretados triunfos de Abelardo de la Espriella en Colombia y Keiko Fujimori en Perú, sumados a los gobiernos de José Antonio Kast en Chile, Javier Milei en Argentina, Daniel Noboa en Ecuador, Rodrigo Paz en Bolivia y Nayib Bukele en El Salvador, hablan de un serio avance de las ultraderechas en América Latina al alero de las instrucciones de su jefe Donald Trump. Eso hace que nos preguntemos: ¿por qué proyectos autoritarios y antiderechos avanzan dentro de las reglas de las democracias latinoamericanas? ¿No era que la democracia tenía que ser el vehículo para las libertades y el bien común? ¿Por qué permiten lo contrario?

No nos haría mal un ejercicio de memoria para aclarar que lo que se vive hoy en día no es una anomalía de las democracias, sino un producto propio de ellas. No es que sorpresivamente los proyectos oligárquicos irrumpieron aprovechándose de la democracia, sino que ésta estuvo configurada desde el principio bajo un sello de exclusión y beneficio hacia unos cuantos. La democracia en abstracto no existe, más bien es un concepto que va cambiando de contenido y forma a partir de sus condiciones sociales e históricas concretas. En ciertos momentos la democracia tuvo una mayor inclinación hacia el beneficio de los grupos desprotegidos y vulnerables pero también, en muchos otros períodos, estuvo encaminada a beneficiar a unas cuantas personas.

En ese tenor, la democracia siempre ha estado articulada con los proyectos económicos, políticos y culturales predominantes de su época. La democracia que imperó en América Latina a partir de la década de 1980 fue una que transitó de un modelo de dictaduras impuestas desde Estados Unidos hacia otro modelo de libre mercado y libre competencia entre partidos políticos. Cuando las dictaduras dejaron de ser útiles para EU, desde ese país se les retiró el apoyo y se les obligó a instalar un nuevo esquema neoliberal en el que se legalizó la “libre competencia” entre partidos políticos en un contexto de alta mercantilización en el que los candidatos se hicieron productos para la venta, el voto se volvió la moneda de intercambio y los ciudadanos se convirtieron en consumidores.

Durante el auge de las democracias neoliberales las elecciones se restringieron a ser el centro del marketing, se vació el contenido popular y el gran consenso fue mantener a costa de lo que fuera los beneficios a las grandes oligarquías capitalistas. Ya era indistinto si gobernaba un partido político u otro porque todos representaban por igual a los oligopolios más poderosos de sus países, y la ley y la política pública se inclinaba ante ellos.

Sin embargo, a pesar de ese gran consenso, las democracias neoliberales no servían para las grandes mayorías populares que quedaron relegadas, y fueron sumidas en un período de extrema desigualdad y empobrecimiento; por eso, los proyectos de izquierda tuvieron que volver a levantarse para exigir una mayor redistribución de la riqueza y participación de las clases populares en el excedente a través de programas sociales o mejoras laborales.

Un gran problema para esas fuerzas de izquierda es que no dejaron de circunscribirse a los márgenes de las democracias neoliberales, al contrario, se adaptaron a ellos y a las lógicas de competencia mercantil. Los partidos se acoplaron a las exigencias de eficacia empresarial y los gobiernos se enfocaron en conciliar sus políticas con los grandes capitales y oligopolios para que estos, a su vez, les concedieran el permiso para seguir gobernando y no les obstaculizaran en las siguientes elecciones.

No es un secreto el esfuerzo de los gobiernos de izquierdas por atraer las inversiones de las corporaciones tanto al momento de las campañas electorales como al momento de gobernar. Así, esas fuerzas de izquierdas institucionalizadas procuraron que, al mismo tiempo que mantenían las concesiones a los grandes capitales, desarrollaban programas sociales para darle a las clases populares un poco del excedente generado.

El gran problema es que ese modelo ya ha caducado porque la crisis de Estados Unidos se profundizó. La ultraderecha (neo) fascista de EU colocó a Donald Trump en la presidencia con la intención de detener el mínimo proceso de redistribución de riqueza. Los grandes capitales no quieren perder nada, ni siquiera unos centavos, quieren más riqueza y más control ideológico, por eso la expansión de ese proyecto no ha sido casual, sino profundamente calculado y planificado, y nos ha dejado la llegada del primer trillonario de la historia: Elon Musk.

La actualización de la Doctrina Monroe (ahora Donroe) en conjunto con la intervención político-militar en Venezuela abrió la nueva ofensiva que busca a toda costa el control no solo de los gobiernos latinoamericanos sino de los recursos naturales, a sabiendas de que son cruciales en la crisis económica y ecológica que ya está puesta en marcha para sostener el enriquecimiento de las oligarquías.

La estrategia es calculada y planificada. Los instrumentos son numerosos: manipulación de elecciones, compra de voto, aplicación de campañas de odio en redes socio-digitales y medios corporativos, control de “influencers”, lawfare, intervención en asuntos internos con pretexto del narcotráfico, avance militar, etc. El método está funcionando, el odio está opacando la racionalidad y las mentiras (o fake news) son exitosas, al convencer a las personas de que su situación no es producto de la desigualdad capitalista sino de las personas migrantes, las mujeres feministas, las diversidades sexo-genéricas o las izquierdas. Las palabras “zurdo” o “comunista” ya son insultos, no descripciones de proyectos emancipadores que luchan por la justicia y la reducción de la desigualdad.

Las democracias neoliberales, acuñadas para defender a los ricos y beneficiar a los proyectos empresariales mercantiles han rendido frutos. El convencimiento de las personas pobres de que las izquierdas son nocivas y de que los autoritarismos son los defensores de la libertad no se hizo de la noche a la mañana, es parte de un conjunto de sentidos comunes que han bombardeado a millones de personas en el planeta durante décadas.

Las democracias neoliberales no solo permitieron que los proyectos oligárquicos se erigieran en las fuerzas dominantes protegidas por las reglas electorales, también eludieron penalizar las mentiras, los insultos, las tergiversaciones bajo la justificación de la “libertad de expresión”. Les dejaron hacer y deshacer a su antojo sin ninguna sanción. Ahora que salen los neofascismos no existen instituciones, organismos ni fuerzas políticas capaces de poner límites a los genocidios, guerras, leyes de odio, canibalismos ni fraudes electorales. Las democracias neoliberales también son responsables directas de los autoritarismos fascistas de nuestros días, no lo pueden eludir.

Pablo Carlos Rojas Gómez*

*Doctor en Ciencias Políticas y Estudios Latinoamericanos. Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y de la Universidad Nacional Rosario Castellanos.

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