En México han “proliferado” los territorios contaminados por la industria en México, donde las personas sufren enfermedades crónicas, cáncer, pero también abortos espontáneos; verdaderas “zonas de sacrificio”, alertó el doctor Marcos Orellana, relator especial de las Naciones Unidas, sobre implicaciones para los derechos humanos de la gestión y eliminación ecológicamente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos.
En una visita realizada al país durante 12 días, el también jurista especializado en derechos humanos y medioambiente recorrió siete entidades federativas “y recibió información de al menos 20”, por lo que señaló: el número real de lugares contaminados en la nación son muchos más que los 1 mil 142 registrados en 2025 por el Inventario Nacional de Sitios Contaminados.
En específico, alertó de la situación en Yucatán, donde las granjas porcícolas han crecido descontroladamente en más de 500 unidades sin haber consultado antes a las comunidades mayas ni recibir permisos ambientales. Éstas contaminan los mantos acuíferos del Anillo de Cenotes.
Por otra parte, la minería artesanal de mercurio, en Querétaro, “ha disparado los niveles de metal hasta 500 veces por encima de los valores de referencia, generando ‘una grave crisis de salud pública’”, rescató un comunicado de Naciones Unidas sobre la declaración de Orellana.
También señaló el corredor industrial Tula-Tepeji, en Hidalgo, por exponer a las personas a “un cóctel de tóxicos de cementeras, acereras y termoeléctricas”; e hizo énfasis en los ríos Atoyac, Lerma, Tula y Sonora. En este último, la contaminación que ocasionó el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado desde 2014 se agrava por la falta de reparación del daño por parte de la empresa Buenavista del Cobre, de Grupo México, lo que constituye “un escenario que perpetúa la vulneración de los derechos [humanos]”.
Por otra parte, el relator especial tocó el tema de los plaguicidas. Señaló que, si bien se ha prohibido el uso de glifosato y recientemente otros 35 químicos, México “carece de una ley general que regule los plaguicidas altamente peligrosos”. Tan solo en Yucatán, su uso ha matado miles de abejas y contaminado algunos pozos de agua, los cuales ya no pueden ser ocupados para consumo humano. “Incluso el agua embotellada contiene glifosato y otros plaguicidas”, subrayó.
Y advirtió de un aumento en las importaciones “de desechos para ser quemados como ‘combustible barato’ bajo el eufemismo de ‘co-procesamiento’”, pues tiene consecuencias “caras” para la gente. Quemar residuos “es el punto final de una economía lineal, contrapuesta a una economía circular”, apuntó.
“Vivir en una zona de sacrificio es perder el derecho a morir de viejo”, lamentó. Por lo anterior, a pesar de reconocer el “liderazgo internacional” de México en temas ambientales, señaló la “distancia” que enfrenta el país internamente. En consecuencia, instó a “aprobar leyes generales de sustancias químicas y de plaguicidas altamente peligrosos, y a coordinar acciones efectivas entre autoridades de salud y medio ambiente”; aunque aplaudió el establecimiento de las Regiones de Emergencia Sanitaria y Ambiental.
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