Es increíble que en México se castigue a una organización social, se reprima una manifestación pacífica y se encarcele a activistas sociales, como ocurre en Durango con mujeres y hombres, algunos de la tercera edad, del Frente Unido de los Pueblos de La Laguna por el Territorio, la Vida y el Agua.

El 18 de marzo, el Frente Unido fue reprimido por los tres órdenes de gobierno en Dinamita, Durango; encarcelaron a 32 mujeres y hombres y disolvieron de forma violenta una manifestación pacífica. Como han denunciado sus integrantes, en la comunidad de Abisinia Dinamita ingresaron a las viviendas de las y los miembros del Frente para causar destrozos, robos y abusos.

Además, arrasaron con el campamento que, desde hace casi seis años, mantienen estos pobladores de La Laguna. Desde el 18 de marzo surge un clamor: ¡Libertad!

Al momento, hay 28 procesados y 4 detenidos en Durango bajo arresto domiciliario. ¿Cuál es su delito? ¿Por qué tanta saña? Son culpables de oponerse a empresas tóxicas y abusivas, de organizarse para defender el medio ambiente, sus derechos, sus comunidades y su región frente a megaproyectos depredadores y abusos laborales.

Las y los compañeros del Frente realizaron el 17 y 18 de marzo un mitin frente a la empresa minera Sotomex, en apoyo a cuatro trabajadores despedidos, para exigir su indemnización conforme a la ley.

Contra la manifestación pacífica se desplegó un operativo de las policías rural, metropolitana, municipal y estatal, con presencia de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa.

No solo disolvieron la manifestación: detuvieron a decenas, agredieron a las familias y destruyeron el campamento norte, ubicado a un kilómetro. Resulta evidente que se trató de un golpe con la intención de acabar con el Frente Unido y encarcelar a sus dirigentes para inmovilizarlo. Por otra parte, hay reportes de hostigamiento continuo a la comunidad para infundir temor.

A los presos políticos buscan aplicarles “todo el peso de la ley” mediante acusaciones fabricadas. Los acusan falsamente de “robo equiparado, ataques a las vías de comunicación, asociación delictuosa, extorsión”. Estas acciones del poder local muestran el temor de la oligarquía lugareña frente a una población organizada que defiende su territorio y el medio ambiente ante inversiones tóxicas, el ecocidio y la injusticia.

Exigimos a la Fiscal General del Estado de Durango, Sonia Yadira; al gobernador, Esteban Villegas; y a la presidenta municipal de Gómez Palacio, Betzabé Martínez Arango, la liberación inmediata de las y los presos. Además, deben retirar los cargos, ya que no tienen sustento.

Lo único que buscan es desmantelar al Frente, constituido hace nueve años cuando 22 comunidades se unieron en Gómez Palacio para enfrentar la instalación de una fábrica de cianuro de la corporación estadounidense Chemours en su comunidad.

Tras luchas y represiones, lograron desmantelar la fábrica contaminante por la vía legal. El Frente exige la devolución de tierras adquiridas de forma irregular a los ejidos y, recientemente, ha apoyado luchas laborales de trabajadores despedidos de manera injusta.

El gobernador de Durango, el priista Esteban Villegas, ha declarado que el Frente ahuyenta la inversión porque los empresarios no perciben “mano dura”; con ello niega la lucha pacífica por derechos, a la que denomina “extorsión”, y permite la fabricación de delitos para encarcelar a sus integrantes. Exigimos la liberación inmediata de los presos políticos, el desistimiento de todos los cargos y el respeto en México a la lucha de las comunidades.

Es necesario recapitular la historia de nueve años en que los pobladores de la Comarca Lagunera han sostenido una lucha relevante en México. Han enfrentado obstáculos, amenazas y represión.

El sistema actual coloca los intereses de las grandes corporaciones extranjeras por encima de las necesidades de los pueblos, el medio ambiente y el desarrollo regional equilibrado, que debería generar bienestar social. Tal fue el caso de Chemours-Draslovka en la zona de Dinamita. La instalación de la planta de producción de cianuro de sodio en Pueblo Nuevo El Siete ponía en riesgo a la región.

En una asamblea con participación de pobladores de 22 comunidades afectadas, decidieron establecer un campamento en los accesos principales a la planta para impedir su construcción. Además, exigieron la salida de la corporación de La Laguna, de Durango y del país.

Fue calificada como “la empresa de la muerte”, ya que produciría 65 mil toneladas de cianuro de sodio al año. Desde 2017, las comunidades de Gómez Palacio conformaron el Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio, con el fin de proteger su tierra.

Integrantes del Frente Unido y de la CNTE Comarca Lagunera han denunciado hostigamiento político-judicial persistente y represión por parte de los gobiernos municipal y estatal, que respaldan a empresarios y empresas asentadas en el área comunal de Dinamita.

El dirigente Bernardino Ochoa Camacho denunció en su momento que, mientras se presentaban como una fábrica inofensiva que impulsa el empleo y el desarrollo, generaban un basurero tóxico de gran escala.

Los gobiernos de la Comarca Lagunera no representan al pueblo, sino a intereses de negocio. No han actuado para detener el extractivismo y continúan la explotación de los recursos naturales en México.

Antes del proyecto en La Laguna, Chemours Company intentó instalar una planta en Guanajuato en 2016. Sin embargo, la movilización social y la negativa de permisos de uso de suelo obligaron a la empresa a trasladar el proyecto a Durango, donde autoridades ambientales estatales lo aprobaron. El 24 de junio de 2017 inició la construcción en Gómez Palacio, sin consulta a las comunidades afectadas.

En julio de 2017 se formó el Frente Unido de Pueblos de La Laguna. Presentaron una demanda de nulidad contra la autorización de impacto ambiental. El 9 de marzo de 2018 se manifestaron contra la instalación de la planta y fueron reprimidos por fuerzas de seguridad locales. Detuvieron a 49 personas, incluidos cinco menores y 10 mujeres, y 10 personas resultaron heridas de gravedad.

Se promovió un amparo ante el Juzgado Tercero de Distrito en La Laguna, que ordenó la suspensión definitiva de la construcción. Esto representó una victoria política y legal; sin embargo, la corporación logró que la orden fuera revocada por un Tribunal Colegiado en Torreón, que permitió reanudar las obras en mayo de 2020, pese a que los permisos municipales ya habían caducado durante el periodo de suspensión.

Entonces, el Frente decidió establecer dos campamentos en los accesos a la planta para bloquear la obra: el primero el 23 de julio de 2020 y el segundo el 1 de septiembre del mismo año, en plena pandemia.

De manera paralela, apelaron ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que determinó la nulidad de la autorización en materia de impacto ambiental. La obra permanece suspendida desde que se evidenció en la Manifestación de Impacto Ambiental que la empresa omitió a 22 comunidades ejidales.

Ante estas injusticias, sectores de la región se sumaron a la lucha, entre ellos la CNTE y la Iglesia, encabezada por el obispo emérito Raúl Vera, quienes han respaldado el movimiento y denunciado el riesgo que implica la planta de cianuro para la vida.

Otro respaldo relevante proviene de la Contraloría Social del Agua de la Comarca Lagunera, integrante de la Coordinadora Nacional Agua para Todas y Todos, Agua para la Vida, fundada el 24 de febrero de 2021. Esta organización impulsa la participación ciudadana y la justicia hídrica en México.

Ha denunciado los efectos del uso de cianuro en la minería y la contaminación del subsuelo, suelo y aire. Esta problemática resulta grave en La Laguna, una de las regiones con mayor sobreexplotación y deterioro del agua.

También han establecido vínculos con universidades locales y han recibido apoyo de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema).

Tras la anulación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Chemours buscó alternativas para su negocio y anunció su venta a la empresa checa Draslovka Holding el 1 de diciembre de 2021.

Gracias a la acción de las comunidades, la construcción se detuvo y avanzó el desmantelamiento. Actualmente buscan recuperar tierras ejidales adquiridas de forma irregular.

La represión ha sido constante, como ocurrió el 9 de marzo de 2018, ejecutada por fuerzas de seguridad del gobierno de Durango y del municipio de Gómez Palacio, que han defendido el proyecto empresarial.

Las agresiones continuaron en 2023. El 2 de febrero, personas armadas irrumpieron en la casa del defensor Cristóbal González Estrada, allanaron la vivienda y agredieron a sus hijos de 12 y 14 años.

Resulta inadmisible que se criminalice a quienes defienden la vida, la salud y el derecho de las comunidades a decidir sobre su territorio.

La lucha de los pueblos debe ser garantizada por el gobierno federal, que no debe sumarse a la represión. Para ello, la Fiscalía General de la República, encabezada por la abogada Ernestina Godoy, debería atraer el caso para garantizar justicia.

En México se alzan voces en defensa del Frente, como ocurrió el 19 de marzo en la Ciudad de México durante el Diálogo Nacional de Organizaciones y Movimientos Sociales.

Hacemos un llamado a respaldar al Frente Unido, exigir justicia y detener la criminalización de los movimientos sociales y de las comunidades que defienden sus derechos.

Pablo Moctezuma Barragán*

*Doctor en estudios urbanos, politólogo, historiador y militante social