Israel debe derogar de inmediato la ley aprobada esta tarde por su parlamento, el Knesset, que permite aplicar la pena de muerte bajo ciertas acusaciones legales, exhortó la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ubicada en Palestina.

Esta ley no solo “contraviene las obligaciones de Israel en virtud del derecho internacional”, sino que consolida un acto mayor de violencia contra la segregación racial y el apartheid, pues corre el riesgo de ser aplicada únicamente contra personas palestinas, “quienes a menudo son condenadas tras juicios injustos”, alertó el organismo internacional en una publicación de redes sociales.

La iniciativa propone la condena mortal, supuestamente enfocada en el terrorismo. Impulsada por el partido Otzma Yehudit, del ministro de Seguridad israelí, Itamar Ben Gvir, fue aprobada con 62 votos a favor, 48 en contra y 1 abstención. El partido del primer ministro Benjamín Netanyahu también votó por la aprobación de esta ley.

Mientras se daba el discurso de aprobación de la iniciativa, la transmisión israelí enfocó un grupo de legisladores mientras celebraban eufóricos, encabezados por Ben Gvir, quien enseguida sacó botellas espumosas y copas de vidrio para celebrar una ley que tiempo atrás buscaban que fuera aprobada. A su vez, él, junto con otros congresistas, portaban en sus trajes un broche dorado en forma de soga atada, referente a las penas de muerte de hace décadas, cuando se ahorcaba a las personas por ciertos delitos.

Esta ley supone “un peligroso giro hacia la legislación del genocidio y la adopción de ejecuciones extrajudiciales”, describió el Ministerio de Asuntos Exteriores de Palestina. Calificó el hecho como un “crimen de guerra […] Israel no tiene soberanía sobre territorio palestino y las leyes israelíes no se aplican al pueblo palestino”; es además una “declaración oficial de adoptar el asesinato como una herramienta politizada dentro del sistema de ocupación y como castigo colectivo”.

Desde inicios de 2026 Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, había instado a las autoridades israelíes a “abandonar sus planes de introducir una nueva legislación que impondría la pena de muerte obligatoria exclusivamente a los palestinos”.

En ese momento, el alto comisionado había señalado las directrices de la ONU, respecto al rechazo que tiene el organismo sobre la pena de muerte bajo cualquier circunstancia. “Tales propuestas son incompatibles con las obligaciones de Israel en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, declaró.

Ayer, la organización de derechos humanos en Israel, B’Tselem, publicó un informe en el que contabiliza más de 80 personas palestinas “fallecidas” en las cárceles israelíes desde el 7 de octubre de 2023 y, para marzo de 2026, alrededor de 9 mil 500 palestinos estaban encerrados en prisiones con condiciones inhumanas.