El gobierno federal, a través del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), arrancó con cinco nuevos Planes de Justicia y de Desarrollo para pueblos originarios y afromexicanos. Se trata de: Plan de Justicia del Pueblo P’urhépecha, Plan de Justicia de los Pueblos Mazahua, Otomí y Matlatzinca o Pirinda del Oriente de Michoacán; Plan de Justicia del Pueblo Nahua de la Costa de Michoacán; Plan de Justicia y Desarrollo Regional del Pueblo Afromexicano de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca y el Plan de Justicia de la Montaña de Guerrero.
De acuerdo con el INPI, esta política pública atiende a los pueblos del México profundo, con justicia social y reparación histórica integral de las demandas sobre sus tierras, territorios, agua, lengua y cultura, gobierno tradicional y bienestar común.
En dicha política pública, indicó el INPI, “se incorporan como prioridad estratégica orientada a transformar las condiciones de vida de las regiones históricamente más rezagadas del país, los cuales brindan cobertura a los Pueblos Indígenas P’urhépecha, Nahua, Mazahua, Otomí y Matlatzinca o Pirinda del estado de Michoacán, así como al Pueblo Afromexicano de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca y a los pueblos indígenas de la montaña de Guerrero”.
La dependencia recordó que estas “acciones se enmarcan en el cumplimiento del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la obligación del Estado de impulsar el desarrollo comunitario y regional de los pueblos y comunidades indígenas, reconociendo su carácter de sujetos de derecho público y garantizando su participación directa en la toma de decisiones en el ejercicio de la libre determinación y la autonomía de los pueblos indígenas”.
Dichos planes, de acuerdo con el INPI, se aplican con “un enfoque integral, participativo e intercultural, que coloca en el centro a las comunidades, sus asambleas y sus formas propias de organización. En el caso de Michoacán, los planes forman parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, mediante el cual se atiende de manera integral a toda la población indígena del estado”.
Acerca del Plan de Justicia y Desarrollo Regional del Pueblo Afromexicano de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, indicó que “representa un avance histórico en el reconocimiento y atención de los derechos del pueblo afromexicano, mediante acciones que fortalecen su identidad, territorio y desarrollo comunitario”.
Respecto del Plan de Justicia de la Montaña de Guerrero, argumentó que “consolida una ruta de atención prioritaria basada en la organización comunitaria, las asambleas y la ejecución directa de obras por parte de los pueblos, con el propósito de cerrar brechas de desigualdad histórica y garantizar condiciones dignas de vida”.
Finalmente, el INPI recordó que, “a nivel nacional, el gobierno de México impulsa actualmente 21 planes de Justicia y Desarrollo Regional, como parte de una estrategia integral para saldar la deuda histórica con los pueblos indígenas y afromexicanos, bajo el principio de que ‘por el bien de todos, primero los pobres’”.
El compromiso, indicó, es “construir un país más justo e incluyente, donde los pueblos indígenas y afromexicanos sean protagonistas de su propio desarrollo, con pleno reconocimiento de sus derechos, territorios y formas de organización”.
