En el marco de la revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, nuestro principal socio comercial presiona al gobierno mexicano en varios rubros económicos; entre ellos, los servicios de pago digitales y la propiedad intelectual. Mediante el Capítulo 20 del T-MEC –que regula incluso disposiciones en materia de salud, fármacos y la apertura comercial para transferencia de tecnología y la biotecnología, la administración de Trump busca ganar terreno a favor de las empresas estadunidenses

Tercera parte. Entre las medidas que Estados Unidos sigue de cerca en México está la de la propiedad intelectual. Este fue uno de los temas que se incluyeron en la primera negociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que entró en vigor en 2021. El Capítulo 20 del T-MEC agregó el trato de nación más favorecida a los titulares de derechos, el cual obliga a todas las partes a crear nuevos sistemas específicos para proteger derechos, y da libertad a los involucrados para implementar obligaciones en la materia de acuerdo a su orden jurídico. Y ahora, en el proceso de revisión, el gobierno de Donald Trump presiona aún más al país para ganar terreno a favor de las empresas estadunidenses.

Este capítulo reconoce marcas no tradicionales como las sonoras. Incluso, Los tres países se comprometieron a registrar marcas olfativas y la creación de un sistema electrónico para la solicitud y mantenimiento de marcas, además de una base de datos en línea de solicitudes y registros. También, protege diseños industriales.

Sin embargo, hay un rubro que llama la atención, que es el de la protección de la salud de las poblaciones que integran el T-MEC y, muy puntualmente, el sector farmacéutico. 

Dicho apartado sobre propiedad intelectual es claro en su Artículo 20.3, que a la letra dice: “una parte, al formular o modificar sus leyes y regulaciones, podrá adoptar las medidas necesarias para proteger la salud pública y la nutrición de la población, y para promover el interés público en sectores de importancia vital para su desarrollo socioeconómico y tecnológico, siempre que esas medidas sean compatibles con lo dispuesto en este capítulo”.

Y agrega: “podrá ser necesario aplicar medidas apropiadas, siempre que sean compatibles con lo dispuesto en este capítulo, para prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual por sus titulares o el recurso a prácticas que limiten de manera injustificable el comercio o afecten negativamente la transferencia internacional de tecnología”.

Esta sección amarra el establecimiento de leyes y medidas nacionales en materia de propiedad intelectual y salud al T-MEC; además de establecer prácticas para la transferencia de tecnología, entre esas, las farmacológicas y las que promueven empresas en torno a fertilizantes y modificaciones genéticas de semillas.

Al respecto, la Secretaría de Economía destacó el 29 de abril de 2025 en una Tarjeta Informativa que ya se habían realizado reformas en la materia, entre ellas destaca la Ley Federal del Derecho de Autor, así como la promulgación de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y un proyecto de reforma a la misma, un reglamento en la materia y la ratificación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual confirmó la constitucionalidad de la Ley Federal de Derechos de Autor y el Código Penal Federal. Estas disposiciones, además, forman parte del punto 15 del Plan México, por lo que se empieza a notar la integración de elementos de este documento con el T-MEC.

En materia farmacéutica, la Secretaría de Economía destaca que se avanzó en 2025 en la legislación mexicana. Por ejemplo, el Acuerdo de cooperación sobre el proceso del registro sanitario entre el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), que garantiza la transparencia y eficiencia en la regulación de medicamentos y la propiedad industrial.

Esto involucra la creación de un portal que incorpora las patentes asociadas a medicamentos en el que se pueden localizar fácilmente por denominación genérica, vigencia, las próximas a vencer y las que ya están en dominio público, así como las respuestas que el IMPI otorga a la Cofepris en el marco del sistema de vinculación. 

Las medidas anteriores no son menores, pues estaría realizándose legislación mexicana, incluso dentro del marco del Plan México para que esté a tono con el T-MEC. Stricto sensu, el T-MEC es un tratado que se tiene que cumplir, pues forma parte de los compromisos internacionales suscritos por México. Sin embargo, la cuestión con respecto al tema es si el conjunto de leyes y reglamentos que se están creando favorece el bienestar de la población, incluida la acumulación de capital de la industria nacional y no solo la de las grandes corporaciones transnacionales.

Varias de esas grandes empresas han tenido reuniones con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Destacan las que se encuentran dentro del Consejo de Empresas Globales (CEG): Pepsico, General Motors, Nestlé, DHL, DuPont México, Bayer, AT&T, ArcelorMittal, Schneider, AXA México, Airbus, British Petrolium, Citi Group, CPKC, Cargill, Exxon Mobil, General Motors, por mencionar algunas de las más relevantes y, muchas de ellas, de capital extranjero. 

Algunas, incluso, ya han anunciado inversiones multianuales en el marco del Plan México por alrededor de 61 mil millones de dólares, y representan cerca del 40 por ciento de la Inversión Extranjera Directa en México; aunque habrá que revisar si se materializan en los siguientes años.

El Comité Ejecutivo del CEG está integrado por los directores Manuel José Bravo Pereyra (de Bayer México), Fernanda Guarro (3M México), Daniel Bandle (AXA Latinoamérica) y Oscar del Cueto (CPKC México), quienes se incorporaron al Consejo Asesor de Desarrollo Económico, Regional y Relocalización el 27 de noviembre de 2024, a pesar de criticar abiertamente la reforma al Poder Judicial, pues, según ellos, deteriora el “clima de inversión” en México. Este es un argumento que también utiliza el gobierno de Estados Unidos en materia de seguridad, violencia y cambios en órganos autónomos.

Una de las empresas más importantes del CEG es Cox –corporativo español que compró Iberdrola México–, que anunció más de 10 mil millones de dólares entre 2025-2030, y contó con respaldo del capital financiero: Citi, JP Morgan, Bank of America, BBVA y Santander.

Insiste EU en tema glifosato

En la Agenda de política comercial para 2026 e informe anual de 2025 que publicó en febrero de 2026 la Oficina del Representante Comercial del gobierno de Estados Unidos, vuelve a reiterar que en tema de glifosato el panel había acordado con el país vecino las siete reclamaciones como legales, “determinando que las medidas de México no se basaban en la ciencia y socavaban el acceso al mercado que México aceptó proporcionar en el USMCA”.

En dicho documento del Representante Comercial de Estados Unidos, alega aún barreras comerciales en textiles, sector automotriz, pequeñas y medianas empresas, y en temas laborales y medioambientales.

El 19 de marzo pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum mencionó a Contralínea con respecto a la revisión del T-MEC que, en cuestión del glifosato, “ellos ganaron un panel por algunos temas. En el tema del maíz transgénico queda muy claro que aquí no se puede sembrar maíz transgénico”, por lo que son dos cuestiones diferenciadas, al menos para México.

Este seminario lo detalló así: “Estados Unidos argumenta que se trata de una barrera no arancelaria y que, bajo el Capítulo 3 del T-MEC sobre agricultura, cualquier medida que restrinja productos biotecnológicos debe basarse en principios científicos. La resolución final, en ese caso, no favoreció a México. Por ello, en 2025 se elevó a rango constitucional la protección del maíz nativo y la prohibición de maíces modificados”.

Y el estudio de carácter científico que usaban las empresas para establecer que el glifosato no presentaba problemas graves a la salud, publicado en la revista Regulatory Toxicology and Pharmacology, fue retirado por presunto conflicto de interés.

Sin embargo, quedan aún abiertas las discusiones en torno a organismos genéticamente modificados, al pago de las semillas por parte de los campesinos –en relación a la propiedad intelectual–, y el fortalecimiento de la soberanía alimentaria sin incluirlos. La salud del pueblo de México mediante la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados es lo que está en juego.

Pagos electrónicos y seguros

Desde la Oficina del Comercio de Estados Unidos existen quejas por parte de empresas de dicha nación porque el Servicio de Administración Tributaria de México ha cobrado a las compañías de seguros el retroactivo del Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre reclamos por daños que se remontan a 2015.

Con la Ley de Ingresos de 2026, y tras la decisión del Congreso mexicano, se termina el conflicto con las aseguradoras. Las grandes empresas, nacionales y extranjeras, tendrán que pagar el IVA, en especial sobre reparaciones e indemnizaciones que son otorgadas a sus clientes para evitar que las deduzcan de sus obligaciones fiscales. Esta discusión empezó en el sexenio de López Obrador, y obliga a empresas a pagar miles de millones de pesos. Sin embargo, las aseguradoras intentan ahora trasladar dicho impuesto a los usuarios. 

Contralínea consultó a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre este tema, a lo que la primera mandataria respondió: “no debe ser así; se habló con ellos en el acuerdo que se tomó. […] Voy a pedirle a la Secretaría de Hacienda que esté pendiente de eso. […] El cambio normativo no debe trasladarse automáticamente al precio final que pagan los usuarios”.

En los pagos electrónicos, Estados Unidos tiene especial interés en el marco regulatorio para el pago de servicios a través de este sistema. En 2021, México emitió regulaciones relacionadas con el uso de proveedores de servicios en la nube por parte de instituciones de fondos de pago electrónico. El centro de la discusión es la aprobación para estas empresas que buscan utilizar servicios seguros de computación en la nube con sede en Estados Unidos o en México.

En 2023, la ahora extinta Comisión Federal de Competencia Económica identificó barreras a la competencia en el mercado de procesamiento de pagos con tarjeta, y emitió recomendaciones al Banco de México y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

Tras la 89 Convención Bancaria de la Asociación de Bancos de México, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que para 2026 el pago de combustibles y peajes en casetas de cobro será ciento por ciento digital, por lo que adquiere mayor relevancia la Agencia de Transformación Digital.

Las discusiones que vienen serán sobre posibles reformas estructurales y estratégicas respecto al fortalecimiento de las reglas de origen para bienes industriales clave, con probable colaboración en minerales críticos. 

La presidenta Claudia Sheinbaum ha dejado claro que con Estados Unidos se busca cooperación y colaboración, pero sin subordinación de nuestra economía y soberanía. 

En la siguiente entrega, abordaremos el tema energético, siempre presente en la relación con el país estadunidense, y en el cual los gobiernos de la Cuarta Transformación han hecho esfuerzos por recuperar y fortalecer gradualmente la soberanía y la seguridad energética, pese a la dependencia del gas texano.

Aníbal García Fernández*

*Doctor, magister y licenciado en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Es miembro de los Grupos de Trabajo de CLACSO “Crisis y economía mundial” y “Violencias en Centroamérica”. Sus principales líneas de estudio son la Guerra Fría Interamericana, geopolítica energética, dependencia e integración latinoamericana, militarismo y relaciones económicas entre Estados Unidos y América Latina.