Luego de que la gobernadora María Eugenia Campos acudiera a las oficinas de la Fiscalía General de la República (FGR) solo para negarse a declarar como testigo en la investigación que se realiza por los dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), la dirigencia nacional de Morena exigió a la mandataria chihuahuense que dejara de “esconderse detrás del fuero” y rindiera cuentas ante las autoridades correspondientes.
Este llamado no es el primero de su tipo, ya en reiteradas ocasiones la dirigencia que encabeza Ariadna Montiel ha acusado a la gobernadora Campos de eludir su responsabilidad política y legal frente a las investigaciones relacionadas con la participación de agentes extranjeros en tareas de seguridad dentro del territorio nacional, hecho que constituye una violación a la soberanía nacional.
De acuerdo con el partido guinda, la gobernadora de Chihuahua evitó presentarse a testificar ante la autoridad ministerial en Ciudad Juárez –donde fue citada en calidad de testigo– y, por el contrario, prefirió trasladar su tema al “terreno mediático” en la Ciudad de México, donde su obligación terminó convertida en un acto político, desde el que la oposición denunció una supuesta “persecución política” y arremetió contra el gobierno de la llamada cuarta transformación. Esto, señaló Morena, gracias al respaldo del presidente del Partido Acción Nacional, encabezado por Jorge Romero, a quien identifican como líder del “Cártel Inmobiliario”.
“No se trata de persecución política. Se trata de esclarecer hechos graves que podrían vulnerar la soberanía nacional y el pacto federal. Ninguna autoridad local puede actuar por encima de la Constitución ni sustituir las facultades exclusivas del Estado mexicano en materia de política exterior y seguridad nacional”, pronunció Morena en un comunicado.
De esta manera, la dirigencia morenista sostuvo que la Constitución establece con claridad que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, por lo que corresponde al Estado garantizar su defensa y preservar el principio de no intervención extranjera. Bajo ese argumento, Morena insistió en que el caso amerita explicaciones públicas sobre la posible actuación de agentes extranjeros en territorio nacional con el presunto aval del gobierno del estado de Chihuahua.
Maru Campos rechazó cooperar con la FGR
La inconformidad hacia la gobernadora chihuahuense no ha quedado solo en el terreno político. Recientemente, la Fiscalía General de la República, encabezada por Ernestina Godoy Ramos, acusó a María Eugenia Campos de negarse a declarar ante las autoridades, luego de que únicamente entregó un escrito en el que manifestó su “indisposición” para aportar información sobre la presencia de los dos agentes estadunidenses en territorio mexicano.
Y aunque el hecho no es menor, el fuero que arropa a la gobernadora le estaría otorgando una especie de “inmunidad procesal” frente a ciertas actuaciones judiciales. Al menos así lo explicó Ulises Lara, vocero de la FGR, quien señaló que Campos Galván “solamente entregó un escrito en el que manifiesta su indisposición para aportar información”.
Sin embargo, el funcionario aclaró que esta inmunidad no impide que una persona servidora pública colabore con investigaciones ni aporte información para el esclarecimiento de los hechos. En ese sentido, la Fiscalía sostuvo que el fuero constitucional no representa un obstáculo para que la mandataria estatal contribuya a esclarecer el caso.
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