La firma del Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea, celebrado el pasado 22 de mayo, representa un avance en la diversificación de las alianzas comerciales de nuestro país en aras de reducir la dependencia histórica que se tiene con Estados Unidos. En el plano global, esto se puede leer como una pequeña victoria del multilateralismo comercial; y las ventajas para los empresarios que operan en la esfera transnacional se muestran claras, pues el comercio bilateral entre México y la Unión Europea en el año 2025 superó los 94 mil 500 millones de dólares, con lo que Europa se posiciona como el segundo socio comercial de nuestro país y su segundo mayor mercado de exportación.
Sin embargo, a escala nacional resulta imperativo preguntarnos: ¿de qué manera esta alianza comercial contribuye al fortalecimiento de nuestra soberanía económica? Ello, si se considera que el liberalismo económico –entendido como la ideología impulsada desde el proyecto de expansión del capital europeo– fue la base de la argumentación para la legitimación de hegemonías europeas y, posteriormente, de la norteamericana, a través de la imposición del modelo económico capitalista que se caracteriza por la asimetría de poder y la natural tendencia a la concentración económica.
Bajo este escenario, si bien se tiene conciencia del necesario reacomodo geopolítico –en un contexto de guerras comerciales entre potencias y el creciente proteccionismo estadunidense–, la administración mexicana debe tener muy presente que toda alianza económica es un medio para un fin; y en este caso, nuestro fin es ampliar los márgenes de soberanía económica. Por tanto, la modernización del acuerdo con la Unión Europea debe evaluarse, no por el volumen de comercio que promete generar –por más atractivo que sea el pronóstico de un crecimiento del 35 por ciento en el intercambio bilateral durante los próximos cinco años–, sino por su contribución a reducir la vulnerabilidad estructural de la economía mexicana.
Para este propósito, se debe prestar atención a dos condiciones esenciales:
- Que el acuerdo sea concebido como medio de diversificación y no como fin en sí mismo. Es decir, la diversificación comercial solo reduce la dependencia si va acompañada de políticas industriales activas, inversión pública en ciencia y tecnología, y fortalecimiento de mercados internos.
- Que, para ejercer una verdadera soberanía, se defina de manera clara el marco regulatorio sobre el que se ampliará el comercio bilateral. Esto implica reservar sectores estratégicos, condicionar la inversión extranjera a transferencia tecnológica y contenido nacional, y defender la primacía de las fuerzas políticas por encima de las fuerzas del mercado.
Esto, en el marco de las enseñanzas que la historia económica nos ha dejado y que nos obligan a advertir que no podemos caer nuevamente en el error de permitir que los intereses privados se pongan por delante de los intereses públicos, a partir del mañoso supuesto de que lo que conviene a los inversionistas conviene a la sociedad. Debemos tener siempre presente que toda apertura comercial sin protección política es sinónimo de subordinación. Más aún si el multilateralismo, tal como lo practica la Unión Europea, no deja de ser una forma sofisticada de regulación hegemónica.
En este sentido, frente a la intención activa de la Unión Europea por desconcentrar sus cadenas de suministro con Asia, México se presenta como una plataforma de producción para abastecer la demanda europea. Sin embargo, se debe prestar atención a las condiciones normativas negociadas en favor de las empresas europeas, particularmente en lo que refiere a las contrataciones públicas, ya que –de acuerdo con lo publicado por la Comisión Europea en un comunicado fechado el 21 de mayo (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_26_1136)– el acuerdo permite que empresas europeas compitan en igualdad de condiciones por contratos gubernamentales mexicanos, lo que podría limitar la capacidad del Estado mexicano para usar la compra pública como herramienta de desarrollo industrial local, lo que impide dar preferencia a proveedores nacionales y dificulta el fomento de empresas estatales estratégicas. Además, el acuerdo modernizado incluye aspectos en materia energética y materias primas críticas para la transición verde y digital, que son de suma relevancia para cualquier proyecto de reindustrialización.
Por eso, es momento de tomar mayor conciencia de que la estrategia de desarrollo económico nacional, basada en la soberanía económica, implica la primacía de las fuerzas políticas por encima de las fuerzas del mercado; y en este sentido, contar con una estrategia bien definida para absorber los beneficios y neutralizar las asimetrías de cualquier contrato comercial con el exterior. En este caso, si el acuerdo con la UE presenta algún tipo de obstáculo para que el Estado mexicano retome la dirección de sus sectores estratégicos, debemos tener plena conciencia de que la diversificación de alianzas puede derivar en la trampa de reducir la dependencia con Estados Unidos, pero solo para trasladarla hacia Europa.
Carolina Hernández Calvario*
*Académica de la UAM Iztapalapa. Licenciada y doctora en economía (Facultad de Economía, UNAM). Maestra en estudios latinoamericanos (Facultad de Filosofía y Letras, UNAM). Su campo de especialización es en economía política.
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