La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, acudió este miércoles a comparecer ante la Fiscalía General de la República (FGR), acompañada de la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional (PAN), instituto político en el que milita desde hace más de dos décadas. Así, lo que inicialmente constituía el primer paso para declarar como testigo en la investigación que se realiza por los dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) –supuestamente involucrados en operativos de seguridad realizados en la entidad–, se terminó convertido en un acto político desde el que la oposición denunció una supuesta “persecución política”.

El hecho no es menor. Las declaraciones emitidas este mediodía se suman a la narrativa que durante las últimas semanas ha impulsado la dirigencia panista en defensa de la mandataria estatal y contra el proyecto de la llamada cuarta transformación. Ahora, además de respaldar públicamente a Campos Galván, líderes del PAN, como Jorge Romero, acusaron a la federación de intentar “fabricar un caso” en su contra mediante un citatorio que, aseguraron, habría sido emitido de manera irregular por el Ministerio Público Federal.

En ese contexto, la gobernadora chihuahuense rechazó, con una sonrisa de media luna en su rostro, rendir una declaración ante la FGR, al argumentar que cuenta con fuero constitucional. “No comparezco para rendir entrevista en calidad de testigo ni para sujetarme a acto de investigación alguno. Acudo para responder a un oficio que contiene un citatorio ambiguo, internamente incongruente y carente de la debida fundamentación y motivación”, señaló en el escrito presentado ante la autoridad federal.

En el mismo documento sostiene que “no constituye renuncia a derecho alguno ni sujeción al régimen ordinario de la prueba testimonial. Realizo estas manifestaciones para constatar mi disposición a colaborar en cualquier investigación que integre la autoridad federal, pero no como un sometimiento, fáctico o legal, a la diligencia pretendida”.

Y agrega que “el artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales obliga, como regla general, a toda persona a comparecer ante el Ministerio Público u órgano jurisdiccional en el que sea citado. El mismo precepto exceptúa de esa obligación a los servidores públicos comprendidos en los párrafos primero y quinto del Artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Esta estrategia jurídica de Campos Galván fue respaldada por su abogado, Roberto Gil Zuarth, quien afirmó que la gobernadora no estaba obligada a comparecer debido a las “irregularidades del citatorio” emitido por la FGR que encabeza Ernestina Godoy Ramos. Según explicó, únicamente se respondió el oficio recibido el fin de semana para señalar las inconsistencias legales de la convocatoria ministerial.

La presencia de la mandataria estatal en la FGR estuvo arropada por dirigentes y legisladores panistas, como los líderes parlamentarios Ricardo Anaya Cortés y Elías Lixa, quienes insistieron en que las investigaciones forman parte de una estrategia política del gobierno federal contra la oposición. Particularmente, Jorge Romero afirmó que “nadie le va a tocar ni un pelo a la gobernadora”, y que su señalamiento no solo lo dicen políticamente, sino que cientos de personas van a defenderla.

Entre esas personas se encontraban simpatizantes de Campos Galván que se movilizaron en Chihuahua para respaldar a la mandataria estatal. Sin embargo, la concentración reunió a menos de un centenar de asistentes convocados por la agrupación civil Ciudadanos Unidos por el Rescate de México, quienes protestaron frente a la sede de la Fiscalía General de la República con consignas en defensa de la gobernadora y llamados a solicitar “apoyo” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en caso de que avance el juicio político en su contra. Esto podría traducirse como una solicitud de “intervención extranjera”.

El caso de los dos agentes de la CIA que operaron en territorio nacional sin notificación o consentimiento federal se ha traducido en una escalada de confrontaciones políticas, jurídicas y discursivas entre Morena y el gobierno de Chihuahua. En ese contexto, el partido guinda acusó a la gobernadora Maru Campos, de violaciones a la soberanía nacional y al pacto federal, usurpación de atribuciones, ataques a la República, infracciones graves a la Ley de Seguridad Nacional y transgresiones al principio de supremacía constitucional.