Durante años, acudir a los tribunales significó, para personas de todos los sectores sociales, enfrentarse a una justicia lenta, costosa e incomprensible. Esta inconformidad la compartieron quienes buscaban una pensión, quienes enfrentaban conflictos familiares y también quienes litigaban contra el Estado. Así fue como poco a poco la confianza en el Poder Judicial se fue erosionando para dar como resultado una crisis de legitimidad institucional. Fue justamente bajo este contexto que la reforma judicial tomó la ruta de la democratización como posible remedio.
A un año de las primeras elecciones judiciales, todavía resulta pronto conocer el impacto que la reforma tendrá sobre el sistema de justicia. Sin embargo, los presupuestos que dieron origen al cambio ofrecen una guía valiosa para pensar los próximos pasos. Si la reforma surgió como respuesta a una creciente distancia entre jueces y ciudadanía, entonces fortalecer la confianza de la gente en las instituciones encargadas de impartir justicia debe seguir siendo el objetivo que oriente su evolución.
Cumplir con ese propósito es una labor del día a día. Tal como ha señalado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la confianza en las instituciones de justicia depende cada vez más de la experiencia de las personas al interactuar con ellas; de la posibilidad de comprender los procedimientos; de sentirse escuchadas; de entender las razones detrás de las decisiones que les afectan. La preparación técnica de las personas juzgadoras, la claridad de sus resoluciones y la capacidad de las instituciones para responder a los problemas reales de las personas adquieren una importancia central.
Desde esa perspectiva, el procedimiento de selección de las personas juzgadoras pasa a segundo plano. Si bien es cierto que es deseable ajustar los mecanismos de acceso a puestos en el Poder Judicial, también lo es que la reconstrucción de la confianza nos exige atender espacios olvidados. La justicia local es un ejemplo de ello. Es precisamente ahí donde la mayoría de las personas tiene contacto con el sistema judicial y donde se forma buena parte de la percepción ciudadana sobre la justicia. A ello se suman otras necesidades, como la de reforzar la capacitación permanente de las personas juzgadoras. Una formación en materia de derechos humanos, perspectiva de género y derechos de grupos históricamente discriminados contribuye a que las decisiones judiciales respondan con mayor sensibilidad a las realidades de la sociedad.
La reforma judicial abrió una discusión necesaria sobre la relación entre ciudadanía y justicia, pero su éxito o fracaso solo podrá evaluarse con el paso del tiempo. Mientras tanto, los presupuestos que le dieron origen nos ofrecen una guía útil para pensar el futuro. Si la falta de legitimidad fue uno de los factores que impulsó el cambio, entonces recobrarla debe ser lo que oriente las decisiones que tomemos hacia adelante. Se nos va la justicia en ello.
Ana María Ibarra Olguín*
*Magistrada de Circuito. Licenciada, maestra y doctora en derecho
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