Detienen a Alfonso Molina Díaz, quien fungió como general de Prevención y Readaptación Social de 2013 al 2018 bajo el mando del secretario de seguridad Genaro García Luna. El exfuncionario está acusado de peculado y delincuencia organizada debido a operaciones con recursos de procedencia ilícita vinculada a la construcción de ocho penales federales, un esquema con el cual se defraudó al Estado mexicano.
De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, el aprehendido firmó los contratos para la construcción de ocho prisiones federales entre 2013 y 2018, período en que posiblemente habría participado en el desvío de recursos públicos.
Como Contralínea lo documentó, la privatización carcelaria –ejecutada en el sexenio de Felipe Calderón por el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, junto con funcionarios clave como Gonzalo Villarreal Guerra y Celina Oseguera Parra– se instrumentó mediante la adjudicación directa de Contratos de Prestación de Servicios a un plazo de 20 a 22 años para la construcción y administración de ocho centros penitenciarios federales ubicados en Sonora, Guanajuato, Oaxaca, Durango, Chiapas, Morelos, Michoacán y Coahuila.
El daño patrimonial proyectado originalmente para el erario público bajo este esquema ascendió a un monto total de 266 mil 300 millones de pesos, una cifra derivada de la obligación impuesta al Estado mexicano de pagar tarifas diarias exorbitantes por interno, de entre 3 mil 500 y 6 mil pesos, con lo que se cubría el 100 por ciento de la capacidad instalada de los penales sin importar si se encontraban vacíos.
Entre los principales beneficiarios y empresarios vinculados a estas concesiones se encontraron Hipólito Gerard Rivero, cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari, a través de la empresa GIA; Olegario Vázquez Raña con Prodemex; Federico Martínez Urmeneta mediante Tradeco; Carlos Slim Helú a través de Capital Inbursa; Jesús García Pons con Arendal; además de los consorcios ICA, BlackRock y EXI Quantum.
De manera paralela a la construcción de los penales, el entorno cercano de García Luna (como el grupo empresarial Nunvav, ligado a la familia Weinberg) recibió contratos complementarios por cientos de millones de dólares para la instalación de cámaras, micrófonos y seguridad tecnológica dentro de estas mismas prisiones.
De la vigencia total de estos contratos leoninos, el gobierno federal pagó una suma real acumulada de 75 mil 661 millones de pesos hasta el año 2021, lo que representaba apenas el 28 por ciento de la proyección económica original y dejaba un enorme saldo pendiente que comprometía las finanzas nacionales hasta los años 2032 y 2037.
Respecto a lo que ocurrió con el resto de la deuda, el gobierno federal del expresidente Andrés Manuel López Obrador entabló una mesa de negociación directa con las corporaciones dueñas de los contratos, con lo que se logró un acuerdo definitivo en 2021 que aplicó una reducción del 15 por ciento en las tarifas vigentes.
Ello permitió la extinción de una parte del saldo pendiente y generó un ahorro total proyectado de 41 mil 496 millones de pesos; asimismo, se estipuló que al concluir los plazos contractuales, las instalaciones físicas de los ocho penales pasarán a ser propiedad definitiva de la nación y dejarán de pertenecer a los particulares.
La detención de Molina Díaz se llevó a cabo en la colonia Anáhuac de la alcaldía Benito Juárez por elementos de la Agencia de Investigación Criminal y del Gabinete de Seguridad, según informó la Fiscalía General de la República.
Al momento de la aprehensión, se le aseguraron diferentes identificaciones apócrifas con diversos nombres, teléfonos celulares y dinero en efectivo, tanto en moneda nacional como en dólares americanos.
Posteriormente, fue trasladado al Centro de Justicia Penal Federal, en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 1 conocido como el Altiplano, en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, donde la autoridad judicial definirá su situación jurídica.
