A las puertas de la renegociación del T-MEC, agricultores y pequeños productores han iniciado una serie de movilizaciones en todo el país para exigir el replanteamiento de la política oficial hacia este sector que, a lo largo de tres décadas de acuerdos comerciales iniciados con el TLCAN en 1994, ha resultado uno de los más perjudicados por la competencia desleal con los agricultores de Estados Unidos. Tras más de tres décadas, ello ha impactado en el derrumbe de la producción de granos básicos como maíz, trigo y arroz, lo que pone en riesgo la autosuficiencia alimentaria y la deja a merced de los intereses de empresas trasnacionales.

El modelo neoliberal permitió que el TLCAN abriera por completo el comercio agropecuario con Estados Unidos, sin considerar factores que, a la larga, terminaron por quebrar al agro nacional. Además, lo expuso al acaparamiento y a la privatización de grandes extensiones de tierra, luego de la contrarreforma salinista al artículo 27 constitucional, que permitió la pulverización del ejido, núcleo social durante décadas, en cientos de unidades de producción.

Los genios de la tecnocracia neoliberal pasaron por alto pequeños detalles, como que los agricultores estadunidenses obtenían de su gobierno amplios subsidios que los colocaban en una condición preferente para ofertar sus productos en nuestro país. La ruina de miles de agricultores no tardó en aparecer, obligándolos a emigrar, sobre todo a Estados Unidos, para no morir de hambre, al encontrarse imposibilitados para competir.

Por supuesto que las consecuencias en la producción de granos básicos, estrechamente ligados a nuestra cultura gastronómica e historia, como el maíz, terminaron por desfondar la antes segura autosuficiencia de este grano.

Los datos al respecto no admiten dudas: mientras en 1993, año previo a la entrada en vigor del TLCAN, nuestro país compró a Estados Unidos 286 mil toneladas de maíz, en 2025 las importaciones llegaron a 26 millones 112 mil toneladas. Un incremento nada menos que de 9 mil por ciento. En aquellos años, la venta de maíz a México apenas representaba para el vecino país del norte unos 35 millones de dólares; hoy alcanza casi los 6 mil millones de dólares.

El tema resulta alarmante porque, siendo México cuna del maíz en el mundo, ahora uno de cada dos kilos que se consumen en el mercado nacional proviene de Estados Unidos. Además, los acuerdos pactados han colocado al país en condiciones de desventaja, obligándolo a comprar maíz amarillo transgénico, que representa una seria amenaza para la salud de la población.

Los agricultores norteamericanos y su gobierno se han escudado en que no existe comprobación científica que demuestre que este grano modificado representa un riesgo sanitario; sin embargo, se ha establecido la prohibición para su consumo humano en la cadena de la masa y la tortilla.

México ha terminado dependiendo del exterior, sobre todo de Estados Unidos, para atender sus requerimientos de consumo de maíz, calculados anualmente en unas 46.6 millones de toneladas.

La producción nacional apenas llega a 23.3 millones. Y esto, en buena medida, porque también la superficie destinada antaño al cultivo del grano se redujo drásticamente: en 1994 se destinaban a la siembra del grano básico 9 millones 196 mil hectáreas, pero a la fecha únicamente se destinan 6 millones 941 mil hectáreas. Una reducción de 24 por ciento.

Los defensores del modelo neoliberal y de los tratados comerciales en materia agropecuaria escudan su postura en que, aunque la producción de granos básicos se desplomó en los últimos 32 años, México es autosuficiente e incluso exportador de productos como los frutos rojos, el tequila, la cerveza y el aguacate; este último producto, por cierto, resulta sumamente costoso y está fuera del alcance de muchos hogares humildes. Reportes oficiales señalan que, a diferencia de la reducción de superficies destinadas al cultivo del maíz, las destinadas a estos productos se han incrementado, sobre todo en los estados del centro y norte del país.

Al paso de los años ha quedado demostrado que la entrada masiva de granos como el maíz y el frijol desplomó los precios internos, haciendo que su cultivo dejara de ser rentable para los campesinos, sobre todo para los pequeños productores.

Ahora, paradójicamente, se presume que México ha vuelto a ser autosuficiente en frijol, pero los productores vienen denunciando el incumplimiento de las autoridades en el respeto a los precios de garantía pactados y la falta de capacidad de almacenamiento en sus bodegas. Esto deja sin resolver un problema que sigue siendo el talón de Aquiles para los campesinos: el intermediarismo, que no ha podido ser erradicado por la empresa pública Segalmex.

Es importante que haya un golpe de timón y se abandone la postura tecnocrática que buscó reemplazar el concepto de soberanía alimentaria por el de seguridad alimentaria; es decir, la tesis de que mientras el país tenga recursos para comprar alimentos del exterior, no hay de qué preocuparse.

Con ello se deja en manos de socios comerciales como Estados Unidos el abasto de granos como el maíz y, lo más grave, se consiente la imposición unilateral de precios, incluso fijados de manera arbitraria por la Bolsa de Valores de Chicago, sin tomar en cuenta los verdaderos costos de producción del país ni las necesidades económicas de los campesinos mexicanos.

Para enderezar el camino hacia una verdadera autosuficiencia no basta con la renuncia de titulares de la SADER, como fue el caso de Julio Berdegué. La nueva titular, Columba López Gutiérrez, debe escuchar y dialogar con las diversas organizaciones de productores, como las agrupadas en el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), que de entrada están pidiendo, de cara a la renegociación del T-MEC, analizar de manera seria y profunda la opción de sacar del acuerdo comercial granos fundamentales para la alimentación de la población, como el maíz, el trigo y el arroz, donde México no es autosuficiente, además de otros productos.

Los agricultores mexicanos plantean además una bolsa emergente de recursos para el campo que ayude a paliar la dura situación que enfrentan miles de ellos en todo el país. No puede aceptarse una postura que beneficia a las trasnacionales impulsoras de la producción de granos genéticamente alterados, bajo la excusa de que el país es exitoso exportando productos como los ya señalados, entre los que destacan el aguacate y los frutos rojos.

El gobierno debe analizar que, de continuar con el actual modelo en el campo, no podrá alcanzarse la autosuficiencia alimentaria ni mejorar las condiciones de vida de los medianos y pequeños productores. Además del costo económico que representa el incremento gradual de las importaciones de granos y otros alimentos, debe entender de una vez por todas que, para fortalecer nuestra soberanía nacional, es imprescindible contar con una verdadera soberanía alimentaria.

Martín Esparza*

* Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas