Con tácticas dilatorias, la Profepa estaría retrasando presuntamente de forma intencional la resolución de 70 expedientes de inspección sobre el Tren Maya, 24 de ellos relacionados con los tramos troncales. Los asuntos se relacionan con denuncias hechas por opositores a la 4T, como los despachos ligados al empresario Claudio X González Guajardo y Sélvame del Tren. Fuentes consultadas por Contralínea aseguran que, de forma unilateral, la Procuraduría ha roto mesas de diálogo con la Secretaría de la Defensa, y que se niega a llegar a convenios de restauración ambiental, vía que comúnmente aplica no sólo para obra pública sino también privada, y con los cuales se procedería a cerrar dichos expedientes. La única salida que habría propuesto es que la Sedena pague indemnizaciones millonarias, y que el dinero público se vaya a un fideicomiso privado ligado a la Conabio, que opera el exrector de la UNAM, José Sarukhán, cercano al grupo de Julia Carabias. Al respecto, la Profepa niega sabotear al Tren Maya, pero confirma que mantendrá abiertos los expedientes 5 años; también admite que el caso ya lo revisa la presidenta Shienbaum

El Tren Maya, uno de los proyectos insignia de la llamada cuarta transformación, estaría siendo saboteado desde dentro del gobierno: la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) –a cargo de la verde ecologista Mariana Boy Tamborrel– mantiene abiertos los frentes contra ese sistema de transporte de pasajeros, presuntamente de forma intencional. Y es que, con tácticas dilatorias, esa instancia federal estaría retrasando la resolución de 70 expedientes de inspección, 24 de ellos relacionados con los tramos troncales.

Los 70 asuntos fueron abiertos el sexenio pasado, cuando la Procuraduría estaba a cargo de Blanca Alicia Mendoza. Para atender las observaciones derivadas de esas inspecciones, desde ese entonces se establecieron rutas de trabajo relacionadas con modificaciones directas a la construcción, o acciones de mitigación posteriores.

Dichos expedientes, además, se relacionan con denuncias hechas por opositores a la 4T, quienes sistemáticamente han usado el lawfare contra obras públicas. Entre ellos, destacan los despachos ligados al empresario Claudio X González Guajardo (Consejo Nacional de Litigio Estratégico y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad), y la organización Sélvame del Tren.

Fuentes consultadas por Contralínea aseguran que, de forma unilateral, la Procuraduría ha llegado al extremo de romper mesas de diálogo con representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional a cargo de la empresa Tren Maya, en las cuales se buscaba que se respeten los convenios ya establecidos desde el sexenio pasado para la mitigación ambiental, o llegar a nuevos criterios, con acciones específicas para atender el impacto, así como fijar tiempos para cada etapa.

Dichos convenios son una de las rutas que comúnmente aplica la Profepa para atender los impactos causados por obras públicas y privadas, como un primer paso, y con ello se suelen cerrar los expedientes de inspección. Si esos compromisos se incumplen, entonces procede a extrañamientos, y posteriormente a las sanciones. En el caso de obra pública, además de las multas económicas, se abren procedimientos de responsabilidades.

No obstante, en el tema del Tren Maya, la Procuraduría estaría amagando con saltarse esos pasos y llegar directamente a las sanciones, en consonancia con las exigencias de los grupos opositores a la 4T. Incluso, en semanas recientes, habría aprovechado un fallo judicial para revivir algunos de los asuntos, sin que el juez haya pedido exactamente que la Procuraduría hiciera nuevas inspecciones.

Al respecto, Contralínea pidió a la Profepa conocer la versión de la procuradora Boy Tamborrel, y de la subprocuradora Leticia Quiñones, pues a esta última se le atribuye haber roto algunas mesas de diálogo con los representantes de la Secretaría de la Defensa. La institución respondió que se trata de apreciaciones que no son verdaderas, porque desde la Procuraduría no se está saboteando al Tren Maya, ni se ha roto el diálogo con la Sedena. “La Profepa no está obstaculizando nada relacionado con el proyecto”.

La institución detalló que todos los viernes se realizan reuniones con la Defensa, en las que también están presentes funcionarios de Semarnat, y que en ellas se revisa el avance de las acciones de mitigación, y se trabaja interinstitucionalmente para alinear el proyecto a las normativas ambientales. Además, expuso que todo el proyecto de Tren Maya de pasajeros cuenta con el ciento por ciento de los permisos de impacto ambiental.

Consultada específicamente sobre por qué no ha cerrado los 70 expedientes de inspección, incluidos los 24 de los tramos trocales, la Profepa respondió que el plazo es de 5 años y que ese tiempo pueden permanecer abiertos los asuntos, por lo que descartó que ésta sea una dilación intencional para afectar la obra. También expuso que todos los expedientes vienen de la administración pasada: la actual gestión de Boy Tamborrel no ha abierto nuevos procedimientos administrativos de inspección.

Asimismo, la Procuraduría admitió que este asunto es de conocimiento de la presidenta Claudia Sheinbaum; ello, porque de acuerdo con fuentes consultadas por Contralínea, la primera mandataria revisa la actuación de la procuradora y subprocuradora ambientales, ante las quejas del presunto sabotaje al Tren Maya.

Este semanario también preguntó por qué la Profepa había reabierto los asuntos. La institución argumentó que el 20 de abril realizó nuevas visitas de inspección al Tren Maya porque lo había ordenado un juez, derivado de uno de los juicios de amparo contra la obra, aún vigentes. Pero acotó que estas visitas se cancelaron el 22 de abril, cuando la empresa de la Defensa que opera el Tren Maya le entregó información que se tiene que revisar.

La Procuraduría se sostuvo en su dicho, cuando se le inquirió que esa resolución judicial no incluía nuevas visitas de inspección. Y agregó que todo su trabajo es institucional, riguroso y apegado a la ley, sin atender a intereses. En el caso de las denuncias contra el Tren Maya que han metido opositores a la 4T, la Profepa afirmó que su obligación es atenderlas, sin importar quién las promueve, porque lo que se revisa es el cumplimiento de la ley, la protección al patrimonio natural y el bien común. Y que su actuar es acotado, claro y transparente.

Y reiteró que, desde el punto de vista de la Profepa, los hechos son los siguientes: no hay nuevos procedimientos administrativos; el tren de carga no tiene procedimientos ni inspecciones abiertas; la comunicación con la Defensa Nacional continúa; las inspecciones en abril se derivaron de una orden judicial; y el plazo para cerrar los expedientes es de 5 años, por lo que no hay dilación.

La ruta de las sanciones

Contralínea también le preguntó a la Profepa por qué estaba planteando aplicar sanciones millonarias y que ese dinero se destine a un fideicomiso privado. Al respecto, la institución respondió que esa propuesta nunca se ha puesto en la mesa, porque, procedimentalmente, los expedientes ni siquiera se encuentran en ese momento.

No obstante, las fuentes que consultó esta revista confirman que sí se ha hecho el planteamiento de aplicar ya sanciones económicas; lo que podría afectar el desarrollo del Tren Maya de carga, que es una de las promesas de campaña de la presidenta Sheinbaum, que también construye el Ejército Mexicano.

Más aún: la Profepa habría propuesto que las indemnizaciones que pague la Defensa vayan a un fideicomiso privado ligado a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), que opera el exrector de la UNAM, José Aristeo Sarukhán Kermez, junto a Jorge Luciano de Jesús Soberón Mainero y Jorge Enrique Llorente Bousquets.

Estas tres personas figuran como los fideicomitentes del fideicomiso privado Fondo para la Biodiversidad creado en 1996, durante el gobierno del priísta Ernesto Zedillo Ponce de León, y con el que aún se financia la Conabio. En el caso de Sarukhán –quien renunció a la Rectoría de la UNAM en 1999, después de que estalló la huelga estudiantil por las cuotas que intentó imponer para privatizar la máxima casa de estudios–, fundó la Conabio en 1992, y se enquistó ahí hasta 2022, cuando el gobierno de López Obrador le pidió su renuncia.

Esto también es relevante porque, a inicios de 2026, José Sarukhán solicitó el “visto bueno” a la oficina de la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, para agregar a otros fideicomitentes a dicho Fondo; entre ellos, sobresale que pidió integrar a Julia Carabias Lillo (exsecretaria de Medio Ambiente en el gobierno zedillista, de diciembre de 1994 a noviembre de 2000), quien es abierta opositora al Tren Maya, tanto en lo individual como en su vida activista, como integrante de la asociación civil Natura y Ecosistemas Mexicanos.

Mesas de diálogo con Defensa

De acuerdo con la secretaria Alicia Bárcena, las mesas de diálogo entre la Defensa, la Semarnat y la Profepa se llevan a cabo cada semana, lo que confirmaron las fuentes consultadas y la propia Profepa.

Al comparecer ante la Cámara de Diputados el 6 de octubre de 2025, Alicia Bárcena indicó que las autoridades ambientales revisan no sólo los siete tramos de vía férrea, sino también las 28 obras asociadas, con el objetivo de regularizar las obras en materia de impacto ambiental.

También detalló que, a octubre del año, el avance era de 45 por ciento en materia de cambio de uso del suelo, y que presionaban para que se cumpliera el 95 por ciento de las condicionantes de impacto ambiental, y que todo se hace público en la Gaceta Ambiental.

La secretaria dijo que en la Semarnat estaban “muy conscientes que en el tramo 5, sobre todo, ha habido una afectación a las ocho cavernas y cenotes que ahí se encuentran. Nosotros hemos estado trabajando para ver que se hagan los trabajos de limpieza y retiro de concreto de la obra del Tren Maya. Estamos pendientes, estamos trabajando, cada semana nos reunimos para ver esta información”.