En un mundo donde las cadenas de suministro energético colapsan ante la turbulencia geoeconómica derivada de la guerra en Asia occidental, México ha decidido jugar una carta diferente, la de la articulación de la soberanía energética con planificación industrial y justicia social.
Esta estrategia que estuvo clara desde que en nuestro país se fue constituyendo el Plan Alternativo de Nación, con el licenciado Andrés Manuel López Obrador a la cabeza, se pudo comenzar a materializar con su llegada a la presidencia de la República en el periodo de 2018-2024. Una piedra angular en esta construcción de soberanía energética fue la compra de las 13 plantas de generación de energía eléctrica a la empresa española Iberdrola en 2023, por un estimado de 5 mil 460 millones de euros. Esta operación marcó un punto de inflexión si se considera que, durante años, las empresas privadas españolas seguían concibiendo a México como un virreinato energético.
Con esta ampliación de las plantas productoras de energía eléctrica en manos del Estado mexicano, que dota a nuestro país de una mayor autosuficiencia energética y la posibilidad de socialización de las ganancias derivada del aumento del patrimonio público, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sentado nuevas bases para la consolidación de una política energética de Estado. Este propósito se articula entorno a dos documentos rectores: la Estrategia para Fortalecer la Soberanía Energética, presentada en abril de 2026, y la Estrategia Nacional del Sector Eléctrico 2024-2030. Ambos documentos responden directamente a los intereses de industrialización y democratización de los servicios energéticos garantizados por el Estado y son complementarios. En el primero se plasma la política de transversalidad de esta administración en materia energética; en el segundo, se pone énfasis en el ámbito sectorial y operativo enfocado en el sistema eléctrico.
La clave del diseño mexicano no está en el estatismo a ultranza, sino en un modelo de planificación mixto que establece por ley el 54 por ciento de participación estatal en la producción energética –lo que garantiza confiabilidad y soberanía–, y 46 por ciento de participación privada –dirigida a aportar en materia de innovación y velocidad en la transición a renovables–. En este modelo, la Secretaría de Energía es la responsable de definir dónde y con qué tecnología se debe generar este bien estratégico, y los privados compiten dentro de esos parámetros.
Esta estructura se traduce en cifras concretas. De acuerdo con cifras oficiales, el Estado mexicano han destinado 23 mil 400 millones de dólares al sector eléctrico: 12 mil 300 para generación, 7 mil 500 para transmisión y 3 mil 600 para distribución. Estas inversiones contribuyen de manera directa al proyecto de reindustrialización nacional presentado en el Plan México, y también al objetivo explícito de “justicia energética”, ya que, a diferencia de otros países, en el nuestro se presenta una estrategia de electrificación universal que incluye el control de tarifas para que no incrementen los precios de la energía eléctrica por encima de la inflación, y se mantienen subsidios para hogares pobres y vulnerables, así como el apoyo a proyectos de generación en sitio con fines sociales y comunitarios.
Es una situación contrasta con la registrada en otras latitudes. Como ejemplo tenemos la crisis energética sin precedentes que hoy se vive en Europa, que ha transformado la electricidad en bien de lujo. Para que no se lea esto como una exageración, basta con revisar cómo el pasado 4 de marzo del año en curso, Dinamarca vivió una volatilidad extrema: el megavatio-hora pasó de 26 euros –a las 14:00 horas– a 430 euros –a las 17:00 horas–, un salto de más de l mil 550 por ciento en sólo tres horas. Este patrón se replicó en Países Bajos (de 30 a 380 euros) y Alemania (de 35 a 410 euros), y la causa fue la prevalencia de los intereses privados por encima de los públicos mediante un mercado que impone tarifas.
Como es de prever, las consecuencias en la región son por demás dramáticas, pues ya se comienzan a presentar cortes de luz rotativos para evitar el colapso total de la red, cierre de centrales de gas por falta de combustible y el colapso de calefacción residencial. Sin embargo, son medidas que agudizan sus problemas de desindustrialización, ya que, por la insostenibilidad de sus costos energéticos, la industria manufacturera global está huyendo de Europa. Y ante la incertidumbre que generan las tensiones geoeconómicas en Asia Occidental, México resulta ser un destino potencial de estas inversiones productivas por el el precio competitivo que registra de la energía eléctrica –solo por debajo del reportado en Estados Unidos– y el esquema de reindustrialización articulado en torno a objetivos claros de planificación económica.
En suma, mientras Europa demuestra que un mercado energético desregulado es vulnerable al colapso ante choques geopolíticos, y los países en desarrollo quedan atrapados en una “trampa de pobreza energética”, y condenados a depender de combustibles fósiles costosos y volátiles, México construye una ventaja competitiva sostenible a partir de una estrategia bien planificada, y utiliza al sector energético como palanca de reindustrialización. Sin duda, una apuesta estratégica en tiempos de crisis global.
Carolina Hernández Calvario*
*Académica de la UAM Iztapalapa. Licenciada y doctora en economía (Facultad de Economía, UNAM). Maestra en estudios latinoamericanos (Facultad de Filosofía y Letras, UNAM). Su campo de especialización es en economía política.
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