La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo sentencias condenatorias que suman mil 208 años y 10 meses de prisión contra 27 personas, entre ellas exservidores públicos y civiles, por homicidio, secuestro, extorsión, desaparición forzada y otros delitos, en el marco de la Operación Enjambre.
De acuerdo con el comunicado de las autoridades, la operación comenzó el 22 de noviembre de 2024 y tuvo como antecedente las investigaciones sobre el hallazgo de restos humanos de 10 personas en pozos ubicados en el municipio mexiquense de Nicolás Romero.
Las indagatorias establecieron la presunta participación de elementos de la policía municipal en los hechos y permitieron detectar una posible infiltración de organizaciones criminales en cuerpos de seguridad y administraciones municipales.
A partir de esas investigaciones se identificó una presunta red de protección que involucraba a servidores públicos y exservidores públicos, incluidos presidentes municipales, integrantes de cabildos, comisarios de seguridad, directores de ayuntamientos y elementos de corporaciones policiales.
Entre las personas sentenciadas se encuentra María Elena Martínez Robles, expresidenta municipal de Amanalco, quien el 16 de diciembre de 2025 recibió una sentencia de 70 años de prisión por el homicidio de integrantes de su propia administración.
Adrián Mauricio Sánchez Mitre, excomisario de Seguridad Pública de Nicolás Romero, acumula dos sentencias: una de 40 años por homicidio, dictada el 29 de enero de 2026, y otra de 150 años por secuestro exprés con fines de robo y extorsión, emitida el 22 de abril del mismo año.
Por su parte, Luis Ángel Nicolás Santos, exdirector de Seguridad Pública de Tlatlaya, fue sentenciado a 50 años de prisión por secuestro exprés con fines de robo.
En el caso de Eulises González Hernández, excomisario de Seguridad Pública de Acambay, las autoridades judiciales dictaron dos condenas: una de 68 años y seis meses por desaparición forzada de personas y otra de 47 años y seis meses por extorsión.
Asimismo, Juan Cruz Solano, excomisario de Coatepec Harinas, recibió una sentencia de 40 años por extorsión, mientras que Omar Leyva Montalvo, exsubdirector de Seguridad Ciudadana y Movilidad de Naucalpan, fue condenado a 40 años por el mismo delito.
Ellery Guadalupe Figueroa Macedo, expresidente honorífico del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Tonatico, recibió una pena de 50 años por secuestro exprés con fines de extorsión.
Policías sentenciados por homicidio y secuestro
Las investigaciones también derivaron en condenas contra integrantes de corporaciones policiales. Erick Adrián Hernández Mejía, expolicía municipal de Nicolás Romero, fue sentenciado a 47 años y seis meses por homicidio, mientras que Bernabé Rodolfo Rodríguez Pérez, alias el Matón, también expolicía municipal de esa localidad, recibió una condena de 62 años y seis meses por secuestro exprés.
Además, siete exelementos de la Policía Municipal de Nicolás Romero, Jesús Fernando Vega Mondragón, Diego Eduardo Rodríguez Rangel, Alejandro Jacinto Herrera, Daniel Herrera Cortés, David Aguayo García, Anallely García Torres y María Isabel Alanís Rodríguez, fueron sentenciados a 47 años y seis meses de prisión cada uno por homicidio calificado.
En Ecatepec, los expolicías municipales Rafael Goribar Martínez y Vianey Analleli Palafox Acuña fueron condenados a 47 años de prisión cada uno por homicidio.
En Santo Tomás, Agustín Gildardo Bringas Álvarez, expolicía municipal, recibió una pena de 60 años por secuestro, mientras que Edgar Jiménez Ramos, exservidor público del ayuntamiento, fue condenado a un año de prisión por evasión.
Condenas por evasión y abuso de autoridad
La FGJEM informó que el 30 de septiembre fueron dictadas otras sentencias relacionadas con hechos investigados dentro de la operación. Ángel Díaz Zarco recibió una pena de 14 años por evasión, abuso de autoridad y robo con violencia, mientras que Martín Santana Martínez fue condenado a 12 años y ocho meses por evasión y robo con violencia.
Por su parte, Litzy Mariana Domínguez Vilchis recibió ocho años y ocho meses de prisión por evasión y daño en bienes; María Raquel Rubio Rodríguez, seis años por evasión y abuso de autoridad, y Nélida Ávila Chamorro, Araceli Domínguez Vilchis y Violeta Hernández Paniagua, cuatro años y ocho meses cada una por evasión.
Estas siete condenas corresponden a la intervención de los sentenciados para facilitar la evasión del entonces alcalde electo de Santo Tomás, durante un intento de captura el 17 de diciembre de 2024. De acuerdo con las autoridades, Araceli Domínguez Vilchis, Litzy Mariana Domínguez Vilchis y Violeta Hernández Paniagua eran civiles; las otras cuatro personas desempeñaban cargos municipales.
La FGJEM afirmó que la Operación Enjambre mantiene acciones permanentes y que continúa integrando carpetas de investigación contra servidores públicos de administraciones actuales y anteriores.
