Hoy vivimos un periodo de transición. Nuestra tarea es empoderar al pueblo y crear una nueva sociedad libre de explotación y opresión.

Frente a la fuerza de los pueblos, que desarrollan la conciencia social y buscan alternativas, surge la contrarrevolución para oponerse a la defensa de los intereses nacionales y sociales e impedir el triunfo de lo nuevo. Su objetivo es mantener a la clase trabajadora fuera del poder o expulsarla de él cuando logra conquistarlo.

En el siglo XX, el fascismo surgió frente al triunfo de la Revolución rusa de 1917 y al ascenso revolucionario en Europa; su tarea fue frustrar la toma del poder político por obreros, campesinos e intelectuales.

El capitalismo se ha desarrollado con base en la explotación de la clase obrera, de los campesinos y del pueblo. Para mantener el poder político, ha recurrido a la democracia liberal, supeditada al capital e incapaz de resolver los problemas de la gente.

Cuando sus crisis provocan inflación, desempleo y escasez, la población se organiza en movilizaciones, huelgas y luchas populares. Si la burguesía no puede imponer su dictadura mediante métodos legales, recurre al fascismo y se desenmascara mediante la violencia y la fuerza bruta abiertamente dictatorial.

En la Italia de la década de 1920, los fascistas aprovecharon las contradicciones del gobierno liberal burgués y organizaron grupos de choque –camisas negras y escuadrones de asalto– para atacar a sindicalistas, socialistas, comunistas y militantes sociales, y luego asaltar el poder del Estado.

En Alemania, las contradicciones políticas, económicas y constitucionales de la República de Weimar, sumadas al temor a la agitación social y las huelgas masivas, llevaron a la burguesía a apoyar a Adolf Hitler y a imponer su dictadura sanguinaria. Ya en el poder, los nazifascistas invadieron 30 países con el objetivo principal de destruir la nueva sociedad socialista de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).

Los pueblos se organizaron y el frente antifascista mundial logró la victoria total. El factor determinante fue la URSS, a un costo de más de 20 millones de muertos y una destrucción inconcebible; sin embargo, gracias a su economía socialista, el país se reconstruyó en ocho años.

La lucha de los pueblos permitió crear el campo socialista en Europa del Este. En Asia, China triunfó contra los fascistas japoneses y Vietnam derrotó a franceses y estadunidenses; en América Latina, la Revolución Cubana venció en 1959. A lo largo del proceso de descolonización, 50 países de África se liberaron del dominio colonial. En México, el cardenismo había culminado los logros de la Revolución Mexicana.

La victoria contra el fascismo impulsó grandes avances en el reconocimiento de los derechos humanos y la condena de los crímenes contra la humanidad y la paz. El 11 de diciembre de 1946, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró el genocidio como crimen de derecho internacional mediante la Resolución 96 (I).

El 9 de diciembre de 1948 aprobó la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, mediante la Resolución 260 A (III), y al día siguiente proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Hoy, la contrarrevolución busca borrar estos avances. La complicidad de múltiples gobiernos con Benjamín Netanyahu es evidente: se presenta en la ONU sin ser encarcelado, mientras Washington niega la visa al presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abás, e impide la participación presencial de su delegación. Las conquistas formales se vuelven letra muerta: la humanidad vive un grave retroceso y el genocidio abierto en Palestina lleva tres años a la vista de todos.

A pesar del alto el fuego de octubre de 2025, los ataques contra el pueblo palestino continúan sin tregua. Hasta el 24 de agosto de 2026, se registraban mil 288 muertos desde el inicio de la tregua. Confinada en un sector reducido de la Franja de Gaza, la población sufre bloqueos de ayuda y un control militar israelí que abarca el 70 por ciento del territorio, con la expansión de las restricciones en torno a la llamada Línea Amarilla.

Simultáneamente, en Cisjordania ocurren más de seis ataques diarios de colonos que, junto con las restricciones de acceso, han desplazado a miles de personas en 2026. Ante esto, los pueblos del mundo se movilizan. Es necesario que el gobierno mexicano y los del resto del mundo rompan relaciones con Israel, lo aíslen internacionalmente y castiguen los crímenes de guerra.

El desarrollo social se da entre avances y retrocesos. En la década de 1970, el golpe de Estado de Augusto Pinochet contra Salvador Allende abrió paso al neoliberalismo en Chile, modelo impulsado después por Margaret Thatcher y Ronald Reagan. La perestroika de Mijaíl Gorbachov condujo a la caída de la Unión Soviética en 1991.

Este periodo de retroceso revolucionario se caracteriza por la reestructuración del Estado para ponerlo al servicio de las corporaciones, incluso mediante la destrucción de sus instituciones. En México, el neoliberalismo se profundizó con Carlos Salinas de Gortari.

En el siglo XXI, América Latina desarrolló movimientos para contener el neoliberalismo y el dominio imperialista en Venezuela, Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, El Salvador, Paraguay, Honduras y Colombia. Ante sus avances, Washington utilizó golpes de Estado “blandos”, fraudes electorales y ciberguerra.

En Venezuela recurrió al secuestro del presidente Nicolás Maduro y de la parlamentaria Cilia Flores; contra Cuba aplica una asfixia económica que constituye un genocidio lento.

En la actualidad, la contrarrevolución avanza en el continente. En Ecuador gobierna el empresario Daniel Noboa, cuya firma Noboa Trading ha sido señalada por transportar droga; en Argentina, Javier Milei aparece vinculado a esquemas de lavado de dinero y a figuras del narcotráfico, como en el caso de Fred Machado; en Perú gobierna Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori, criminal de lesa humanidad.

En Honduras, Juan Orlando Hernández fue liberado pese a su condena por tráfico de cocaína para favorecer el fraude electoral de Nasry Asfura y convertir al país en un laboratorio del eje Israel-Estados Unidos mediante armas, vigilancia digital y control mediático.

En Chile, el gobierno de Gabriel Boric abrió la puerta a José Antonio Kast, hijo de un nazi y abiertamente pinochetista, respaldado por Washington, que sabe que las fuerzas armadas chilenas protegen al narcotráfico desde la dictadura. En Colombia, tras las calumnias de Donald Trump, quien acusó a Gustavo Petro de narcotraficante, ganó fraudulentamente Abelardo de la Espriella, abogado sionista de criminales.

En El Salvador, Nayib Bukele consolida una dictadura carcelaria aliada a la ultraderecha internacional. En Brasil, la moneda está en el aire para la segunda vuelta electoral del domingo 25 de octubre, entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro.

Mientras tanto, crece la movilización popular en Estados Unidos. Trump amenaza con utilizar a la Guardia Nacional y al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) en los centros de votación durante las elecciones al Congreso de noviembre.

Pretende invocar la Ley de Insurrección de 1807 para legalizar la represión y efectuar arrestos militares. Incluso podría suspender las elecciones invocando la “seguridad nacional” y calificar de “terroristas de izquierdas” a quienes se resistan para justificar la intervención federal.

Pese a todo, el imperio estadunidense acumula derrotas en Afganistán e Irak; no pudo vencer a Rusia en Ucrania utilizando toda la fuerza de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN); China le gana la guerra económica; no puede contra Irán y pierde terreno frente a los BRICS.

Intenta frenar el agotamiento de su hegemonía mediante la violencia indiscriminada, las sanciones económicas, la desestabilización geopolítica y el saqueo de recursos.

Las políticas bélicas e intervencionistas de Washington dañan la soberanía de los pueblos y a su propia sociedad. Su modelo corporativo y belicista margina a las mayorías estadunidenses en favor del complejo militar-industrial. La “democracia liberal” funciona como fachada para defender a las corporaciones que controlan las decisiones del Poder Ejecutivo, que gobierna por decreto, mientras el país vive una guerra civil soterrada, con contradicciones internas a punto de estallar.

Trump no es una aberración aislada, sino un síntoma de la degradación política y de la lucha abierta entre las facciones de la clase dominante en Estados Unidos, que ya no pueden gobernar mediante los métodos constitucionales o diplomáticos tradicionales. El fascismo tampoco se reduce a un movimiento de extremistas como él: es la respuesta de la oligarquía financiera y del capital monopolista ante las crisis estructurales e insuperables del capitalismo.

Esa respuesta se manifiesta en el uso del aparato estatal para desmantelar derechos laborales, reprimir el descontento social y centralizar el Poder Ejecutivo en beneficio de los trusts corporativos. En el exterior, la OTAN y las potencias occidentales promueven a elementos neofascistas, por ejemplo, en Ucrania y Europa del Este.

Esta potencia en decadencia agrede a sus vecinos de América para apoderarse de sus recursos, como demostró en Venezuela. Trump declaró descaradamente en la ONU que “el vencedor se queda con el botín”. Las brutales presiones contra Groenlandia y Canadá también mantienen vigente la Doctrina Monroe.

En México, Estados Unidos intenta afianzar su injerencia mediante maniobras militares en nuestro territorio, presiones comerciales –como las revisiones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)– y narrativas contra el crimen organizado. Con esos pretextos pretende someter la soberanía nacional, imponer un gobierno afín y apropiarse de recursos clave, mientras oculta que la raíz del narcotráfico está en Estados Unidos.

Esta decadencia es resultado del agotamiento de su modelo capitalista e imperialista y de su sistema político-electoral. Desde 2008, la crisis del mundo capitalista ha deteriorado gravemente las condiciones de vida de los pueblos.

La deuda pública, la falta de empleo formal, la crisis del agua, el encarecimiento de los alimentos, la inflación, el extractivismo minero rapaz y el crimen organizado son productos del sistema neoliberal y neocolonial. Gobiernos progresistas, como los que encabezaron Argentina y Chile, se sujetaron al marco macroeconómico de este sistema y propiciaron que el descontento de la población y de la juventud se canalizara hacia la ultraderecha.

Estas experiencias muestran cómo la gestión de gobiernos liberal-burgueses y socialdemócratas a favor del gran capital fortalece la reacción: sus políticas conciliatorias con el imperio y las corporaciones impiden una transformación profunda y conducen al retroceso.

México debe tomar en cuenta estas experiencias, romper con el neoliberalismo salinista, revertir sus reformas –que son contrarreformas anticonstitucionales– y profundizar la transformación.

Es urgente suspender los pagos de la deuda y auditarla, aumentar los impuestos a las corporaciones y gravar las grandes fortunas. Los fondos deben destinarse al empleo, los cuidados, la salud, la educación, la vivienda, el medio ambiente y la garantía de todos los derechos fundamentales.

Para asegurar el avance revolucionario, es indispensable tomar con audacia medidas que consoliden la soberanía, la independencia nacional y los derechos de la población mediante el combate frontal contra el imperio y las oligarquías.

La clase trabajadora tiene el papel histórico de liderar la transición hacia la eliminación de todas las clases y el establecimiento de una sociedad justa, libre de explotación y en armonía con la naturaleza. Para vencer a la contrarrevolución, el pueblo organizado, dueño de sus propias alternativas y soluciones, debe construir amplias alianzas y mantener su perspectiva histórica.

Pablo Moctezuma Barragán*

*Doctor en estudios urbanos, politólogo, historiador y militante