Una iniciativa presentada en la Cámara de Diputados propone penas de 10 a 20 años de prisión y de 5 mil a 50 mil días de multa por la explotación reproductiva mediante gestación subrogada. Cuando existan agravantes, las sanciones serían de 15 a 25 años de cárcel y de 10 mil a 75 mil días de multa.

La propuesta busca adicionar disposiciones a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos para tipificar la explotación reproductiva mediante gestación subrogada, con o sin pago, y sancionar los acuerdos celebrados dentro o fuera del país.

El promovente de la iniciativa, el diputado Reginaldo Sandoval Flores, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT), plantea sancionar a quienes celebren, promuevan, ofrezcan, faciliten, gestionen, publiciten, financien o intermedien en estos acuerdos.

Entre las agravantes previstas se encuentran la participación de redes o grupos de delincuencia organizada, la privación de la libertad de tránsito de la mujer gestante durante cualquier etapa del proceso y la intervención de servidores públicos.

En este último caso, el documento prevé también la destitución e inhabilitación de quienes resulten responsables para desempeñar empleos, cargos o comisiones públicos. Las mismas penas agravadas se aplicarían cuando la práctica se realice con fines de tráfico de órganos, tejidos o componentes del recién nacido.

La iniciativa propone, además, penas de cinco a 15 años de prisión y de 2 mil a 30 mil días de multa para quienes –con conocimiento de que participan en un acuerdo de gestación subrogada– proporcionen servicios médicos de reproducción asistida, realicen transferencias embrionarias, certifiquen contratos o den fe pública de estos acuerdos.

Las sanciones también alcanzarían a quienes registren al recién nacido en términos distintos a los correspondientes a la filiación derivada del parto, así como a quienes proporcionen asesoría, gestión o representación jurídica para celebrar, formalizar o ejecutar dichos acuerdos. No obstante, el proyecto excluye de esta última conducta la asesoría legal destinada a proteger los derechos de la mujer gestante o del recién nacido, así como la defensa de cualquiera de las partes en procedimientos judiciales o administrativos.

Contratos nulos y reconocimiento de las mujeres gestantes como víctimas

El proyecto define la gestación subrogada como cualquier acuerdo, contrato o arreglo, oneroso o gratuito, mediante el cual una mujer se compromete a gestar un embrión para entregar al recién nacido a una o varias personas, denominadas comitentes o padres de intención, independientemente de que exista un vínculo genético entre la mujer gestante y el bebé.

Asimismo, considera intermediaria a toda persona física o jurídica que ponga en contacto a una mujer con los comitentes o medie entre ambas partes para concretar la gestación y la entrega del recién nacido. La propuesta plantea que todo contrato, convenio, acuerdo o acto jurídico cuyo fin sea la gestación subrogada sería nulo de pleno derecho y no podría convalidarse. Sin embargo, precisa que esa nulidad no afectaría los derechos del recién nacido, quien sería reconocido como víctima para efectos de la asistencia prevista en la ley.

El proyecto también prevé que las mujeres gestantes no sean sujetas a responsabilidad penal por participar en estos acuerdos y sean reconocidas como víctimas, con derecho a protección, atención médica y psicológica, así como a la reparación integral prevista en la legislación aplicable.

Una industria transnacional, señala la iniciativa

En la exposición de motivos, Sandoval Flores sostiene que la gestación por sustitución, también denominada maternidad subrogada o alquiler de vientres,  se ha consolidado a escala global como una industria transnacional que, desde su perspectiva, mercantiliza los procesos biológicos de la gestación y la filiación humana.

Para México, el documento estima que el costo integral de un procedimiento de gestación subrogada asciende, en promedio, a 90 mil dólares. De esa cantidad, según la iniciativa, las mujeres gestantes reciben entre 9 mil y 10 mil dólares, mientras que agencias, despachos, intermediarios y clínicas privadas concentran más del 85 por ciento de los recursos generados por el proceso.

La propuesta fue turnada a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y plantea adicionar las fracciones XVIII, XIX y XX al artículo 4; la fracción XII al artículo 10; así como los artículos 30 Bis, 30 Ter, 30 Quáter, 30 Quintus y 30 Sextus de la ley en materia de trata de personas.