El rescate bancario que el priísta Ernesto Zedillo pagó con dinero del pueblo no favoreció a ahorradores, sino a millonarios: entre los beneficiarios estuvieron Claudio X González Laporte, Agustín F Legorreta, Carlos Cabal Peniche, Carlos Sánchez de la Peña, Salvador Martínez Garza, Jorge Lankenau, Ángel Isidoro Rodríguez, e incluso el Partido Revolucionario Institucional, que previo al “error de diciembre de 1994” constituyó cuatro fideicomisos en Banco Unión y Banca Cremi. Al año, el gasto actual del servicio de esa deuda –48 mil millones de pesos– equivale, aproximadamente, a dos veces el presupuesto completo del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, o casi al presupuesto íntegro de Sembrando Vida. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, se ha pagado 1 billón 600 mil millones de pesos sólo de intereses, por lo que la deuda sería impagable

El 7 de septiembre de 2026, en su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum denunció que el Fobaproa es impagable; y luego lo confirmó un estudio reciente de la Secretaría de Hacienda, pues desde hace 30 años el gobierno mexicano no paga capital –sólo una parte de los intereses, y el resto lo cubre con más deuda–. De acuerdo con el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, 552 mil millones de pesos reconocidos en 1998 se han convertido en 1.6 billones de pesos, tres veces más que el valor nominal original, pagados únicamente en intereses. El capital, mientras tanto, no ha bajado. Al contrario: ha crecido. Sólo en 2027 se destinarán 48 mil millones de pesos, un monto que bien podría orientarse a fines sociales o productivos.

Traducido a la economía de hoy, la magnitud original de ese rescate es todavía más difícil de asimilar. El costo del Fobaproa equivalía, en junio de 1999, al 19.3 por ciento del Producto Interno Bruto del país. Aplicado al tamaño actual de la economía mexicana –36 billones 125 mil 500 millones de pesos, según los Criterios Generales de Política Económica 2026–, ese mismo porcentaje representaría hoy casi 7 billones de pesos: como si el gobierno anunciara mañana que asumirá, con cargo al presupuesto público, una deuda privada equivalente a siete años de programas del bienestar.

Todo esto derivado de una característica esencial de los gobiernos neoliberales: la decisión plena y decidida de rescatar a grandes empresas y bancos que sufrieran los estragos de la competencia internacional o cualquier otra contingencia, en este caso aquella derivada de la gran crisis del 94, que provocó una caída del PIB de 6.2 por ciento, el disparo de las tasas de interés y de la inflación, y una abultada cartera vencida donde convivían, mezclados, créditos reales con ficticios. El gobierno dejó naufragar al ciudadano de a pie, a las pequeñas y medianas empresas, pero se avocó a construir un mecanismo de salvamento para los grandes consorcios financiero-empresariales, la élite mexicana, beneficiada especialmente por la privatización bancaria salinista.

No hay que olvidar que este tema significó una gran movilización popular y partidista frente al evidente atraco al presupuesto público, especialmente por el hecho que marca la ilegitimidad de esta deuda: el fideicomiso del Fobaproa operó, de facto, violando la Constitución, en específico el artículo 73, que señala que la emisión de cualquier deuda en nombre de la Nación solamente puede ser autorizada por el Congreso de la Unión. Cada pagaré, firmado por el subsecretario de Hacienda, Martín Werner, significó un acto violatorio de la carta magna desde el mismo origen. El comité técnico dedicado a recibir la cartera vencida a cambio de los pagarés del Fobaproa pudo actuar de manera totalmente discrecional. Tal como señalaba Andrés Manuel López Obrador en su libro Fobaproa: expediente abierto, de 1999, el mecanismo fue una “paraestatal tecnocrática” con súper poderes para imponer deuda a futuras generaciones sin respetar las reglas mínimas de fiscalización de lo público.

El truco específico utilizado por el gobierno de Ernesto Zedillo fue cubrirse bajo la opacidad que permite la figura del fideicomiso –cuyas partes constitutivas se analizan más adelante– y por la decisión de imponer, en los hechos, el secreto bancario por encima de la Constitución. En 1999, con la conversión institucional de esta deuda en un organismo descentralizado del gobierno federal, se creó el IPAB (Instituto para la Protección al Ahorro Bancario), que terminó de construir la arquitectura financiera que permitió convertir los viejos pagarés, no negociables, con nombre y apellido, en modernos bonos financieros cuya emisión es a mercado abierto, altamente negociables y genéricos: los Bonos de Protección al Ahorro (BPAG28, BPAG91 y BPA182). Este salto cualitativo es lo que genera que, después de tres décadas, sigamos atados a esta deuda ilegítima.

Este ensayo, además de repasar la reconstrucción histórica de los sucesos, pero busca explicar el mecanismo que permite mantener indefinidamente abierta esta deuda; así como comprender su contexto dentro del proceso de financiarización subordinada al que México fue inducido en el marco de la firma del TLCAN, cuya apertura indiscriminada afianzaba no sólo el flujo de comercio de bienes y servicios, sino especialmente el de los flujos financieros especulativos que entran y salen de la economía sin control y sin escrúpulo social sobre las consecuencias de esa alta movilidad. El objetivo, al final, es explorar propuestas específicas para extinguir esta deuda ilegítima u odiosa –como diría el académico Alexander Sack– que pesa como un fantasma en el presupuesto público.

Un fondo sin capital y la construcción del blindaje legal

Para entender por qué la deuda no se cierra hay que entender, primero, cómo se abrió. El Fobaproa se creó en 1990, bajo la Presidencia de Carlos Salinas de Gortari, apenas concluida la reprivatización de la banca. En el papel era un mecanismo prudencial: un fideicomiso alimentado por cuotas de los propios bancos, pensado para auxiliar a alguna institución con problemas de liquidez. No tenía, en los hechos, capital propio significativo. Además, no era la primera vez que los gobiernos neoliberales utilizaban un fideicomiso para correr al auxilio del sector empresarial. En 1983, durante la presidencia de Miguel de la Madrid Hurtado, se había creado el FICORCA (Fideicomiso para la Cobertura de Riesgos Cambiarios), con el que el gobierno garantizaba –también con dinero público– los pagos de las empresas mexicanas en dólares hacia el exterior. El operador de ese mecanismo fue el propio Ernesto Zedillo, a quien, derivado de esos salvamentos selectivos, se le conoció en la prensa como el Dr. Ficorca.

La nueva operación de rescate que impulsaría Zedillo ya como presidente tuvo otra dimensión: se trató de rescatar a todo el sistema bancario y a las empresas relacionadas. Es decir, mientras FICORCA se dedicaba a avalar los pagos de intereses en dólares con el exterior, el Fobaproa fue dedicado a sanear toda la cartera vencida acumulada de un sistema bancario recién reprivatizado. Entre 1991 y 1992, el gobierno vendió los 18 bancos que había nacionalizado en 1982, y no fueron necesariamente banqueros quienes los compraron: fueron, en buena medida, grupos industriales sin experiencia bancaria previa más que la especulativa con casas de bolsa. Así, Valores Monterrey-Visa adquirió Bancomer; el Grupo Industrial Maseca, de Roberto González Barrera, adquirió Banorte; empresarios del sureste encabezados por Carlos Cabal Peniche adquirieron BCH, que luego sería Banco Unión. El sector privado fusionó sus actividades industriales con las nuevas actividades financieras, lo que provocó una serie de créditos cruzados y fraudulentos para utilizar el sistema bancario en beneficio del apalancamiento de esas empresas.

Más interesado en maximizar el precio de venta que en la solidez del sistema, el propio gobierno permitió que muchas de estas compras se financiaran con crédito –a menudo del mismo banco que se estaba adquiriendo–, de modo que los nuevos dueños arriesgaban poco capital propio. Dueños sin oficio bancario, altamente apalancados, administrando instituciones sin supervisión efectiva: un caldo de cultivo que acrecentaría la severidad de la crisis de 1994. Recordemos que esta crisis detonó gracias al dogma neoliberal que llamó a ignorar el déficit en cuenta corriente –derivado de la liberalización de las finanzas– siempre y cuando no se presentara un déficit fiscal. En la realidad, esa liberalización mostró una tendencia clara a la fuga de capitales cuando las condiciones no son óptimas para la especulación. Para retener capital, Salinas ofreció los llamados tesobonos, instrumentos que permitieron blindar a los inversionistas del riesgo cambiario trasladándoselo al Estado. Se vendían en pesos, pero pagaban su equivalente en dólares, y estaban pactados para saldarse en el corto plazo. Para diciembre de 1994 había casi 30 mil millones de dólares en tesobonos por vencer; mientras las reservas del Banco de México apenas alcanzaban para cubrir unos 6 mil millones.

La situación no podía ser más crítica y sensible a la explosividad de un suceso. La noche del 19 de diciembre, antes de que el gobierno anunciara públicamente la devaluación a la mañana siguiente, un grupo de empresarios cercanos al nuevo gobierno tuvo información anticipada de la medida. El propio Carlos Salinas de Gortari acusaría después al secretario de Hacienda, Jaime Serra Puche, de haberla filtrado esa madrugada. En menos de 72 horas, 4 mil 633 millones de dólares de las reservas internacionales salieron del país rumbo a quienes supieron comprar dólares a tiempo, mientras el resto de la población despertaba, días después, con créditos que de pronto no podía pagar. Cuando los tenedores de tesobonos dejaron de renovarlos y el gobierno tuvo que devaluar y disparar las tasas de interés para intentar frenar la fuga, esa misma alza de tasas –diseñada para salvar la deuda pública en dólares– fue lo que quebró, en cadena, a los bancos recién privatizados y sobreapalancados.

La gran mayoría cayó en una insolvencia generalizada, no en una simple falta de liquidez. La distinción importa: la doctrina clásica de banca central, formulada desde el siglo XIX por Walter Bagehot, sostiene que un banco central solo debería actuar como prestamista de última instancia ante problemas de liquidez, jamás para tapar agujeros de solvencia, porque hacerlo es precisamente transferir pérdidas privadas al erario. El economista Charles Goodhart advirtió después que, en la práctica, esa frontera es casi imposible de trazar –y que cualquier banco que llega a pedir ese auxilio ya es, casi por definición, sospechoso de estar quebrado por dentro–. Los tecnócratas mexicanos decidieron ignorar estos principios y encontraron la forma de usar al banco central para operar el rescate de la banca: instalar un mecanismo de transferencia de la deuda privada a una deuda reconocida en el presupuesto público.

El gobierno de Zedillo, con su experiencia en rescates, resolvió utilizar el Fobaproa hospedado institucionalmente en el Banco de México. Actuando como fiduciario del fideicomiso –no como prestamista directo–, Banxico administró la compra de la cartera vencida de los bancos a cambio de pagarés respaldados por el gobierno federal. Ese doble papel es la bisagra de todo el mecanismo: como fiduciario, le daba a la operación la infraestructura y la legitimidad técnica del banco central; y precisamente por no ser el prestamista directo, le permitía sortear su propio mandato doctrinal, el que le prohíbe actuar como prestamista de última instancia ante problemas de solvencia. Fue, en los hechos, el vehículo que le permitió al banco central hacer, de lado, lo que su propia doctrina le prohibía hacer de frente.

Hay, además, un mecanismo jurídico más contundente de lo que suele contarse, y no depende de ninguna identidad disfrazada: es una exención escrita, sin rodeos, en la propia ley. El fideicomiso se constituyó en 1990 con el Banco de México como fiduciario y la Secretaría de Hacienda –una dependencia del gobierno federal– como fideicomitente: desde el origen quedó claro, en el papel, que el fondo era del gobierno. El truco consistió en utilizar el artículo 122 de la Ley de Instituciones de Crédito para establecer que la creación del fondo por parte del gobierno federal “no le dará la autoridad de una entidad dentro de la administración pública federal” y, en consecuencia, “no estará sujeto a las disposiciones aplicables” a esas entidades. La ley reconoció sin ambigüedad que el fondo era gubernamental, y en la misma frase lo eximió de contar como gobierno para efectos de control. Esa exención estatutaria, escrita desde 1990, es lo que mantuvo a la operación fuera del radar del artículo 73 constitucional. Primera violación de la ley, y la más difícil de ver precisamente porque nunca se ocultó: estaba redactada abiertamente en el propio texto legal. Esta argucia permitió la instalación de un comité en el que se encontraban representantes de las autoridades económicas del país y en cuyas sesiones, sin ningún tipo de fiscalización, operaron la compra de la cartera vencida a cambio de los pagarés ilegales.

Cuando Zedillo finalmente envió al Congreso, en 1998, la conversión de esa deuda a pasivo público reconocido, el monto ya había crecido de 180 mil a 552 mil 300 millones de pesos en apenas dos años, sin ninguna supervisión legislativa. El Congreso no decidió si autorizar la operación: decidió si regularizar un hecho ya consumado. De hecho, existe ya el antecedente en la Suprema Corte: en la controversia constitucional 26/99 se argumentó que esa deuda pública era “nula de pleno derecho”, por haberse contraído sin la autorización previa que exige la fracción VIII del artículo 73. El litigio no prosperó en el sentido de anular la deuda, pero el argumento quedó documentado como referencia. El blindaje legal continuó fortaleciéndose con el tiempo. El 3 de mayo de 1996, el entonces gobernador del Banco de México, Miguel Mancera Aguayo, y el secretario de Hacienda, Guillermo Ortiz Martínez, firmaron un instrumento adicional –el “Acuerdo de Partes”– que amplió, otra vez en secreto, las facultades del Comité Técnico del Fobaproa. Una investigación de la revista Proceso, que reveló el documento hasta 2005 y lo calificó de “inconstitucional”, encontró que ese acuerdo facultó al fondo para actuar “por encima de la Constitución”, y sentó las bases para que, en julio de 1997, el propio Comité “flexibilizara” los criterios de evaluación de la cartera que los bancos vendían al gobierno y aceptara lo que se denominan “créditos chatarra”, muchos de ellos sin garantías, solamente con una firma (quirografarios). La cláusula cuarta del propio acuerdo estableció ese Comité Técnico con nueve integrantes, presidido por Ortiz con voto de calidad. Entre quienes lo conformaron, documentados en más de una fuente, están Martín Werner, subsecretario de Hacienda; Eduardo Fernández, presidente de la CNBV; Francisco Gil Díaz, después secretario de Hacienda con Vicente Fox; y Javier Arrigunaga, primer director general del propio Fobaproa –a quien años más tarde se demandó, junto con otro funcionario, por autorizar indebidamente al fondo a suscribir títulos de deuda pública, invadiendo una facultad exclusiva del Congreso–.

De las 64 actas de las sesiones de ese Comité entre 1994 y 1998, ninguna se ha hecho pública por la vía oficial; sólo se conocen fragmentos –las actas 42, 54, 31, 32 y 36– porque Proceso las obtuvo por su cuenta y las publicó, revelando que los propios integrantes del Comité reconocían, en privado, lo costoso que resultaba el fondo. Un reporte de la Auditoría Superior de la Federación, exhibido por Sheinbaum en mayo de 2025, confirmó después que el Comité “actuó sin reglas ni políticas generales” y que los reportes bancarios en que se basó ni siquiera cumplían con las normas de auditoría del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Aun así, se le dio salida a esos créditos fraudulentos.

Aquí conviene recordar el funcionamiento específico de un fideicomiso para dimensionar la estrategia tecnocrática para eludir la ley. El fideicomiso es una figura importada de la tradición angloamericana, que en México se adoptó específicamente para operaciones financieras y bancarias desde la década de 1920. Su mecanismo consiste en tres piezas: un fideicomitente, quien aporta el patrimonio y define para qué se usará; un fiduciario, quien recibe ese patrimonio y lo administra –solo pueden serlo instituciones autorizadas, como bancos o casas de bolsa–; y un fideicomisario o beneficiario, quien recibe el provecho de la operación. Lo distintivo de la figura es que, al aportarse los bienes, estos dejan de pertenecer al fideicomitente pero tampoco se vuelven propiedad del fiduciario: se forma un patrimonio autónomo, que jurídicamente no es de nadie en el sentido ordinario de propiedad; existe solo para el fin pactado en el contrato, en una dimensión indeterminada que permitió justificar el rescate.

En el caso del Fobaproa, esa tríada operó así: el fideicomitente fue la propia Secretaría de Hacienda –no los bancos, como suele suponerse–; el fiduciario fue el Banco de México; y los fideicomisarios, las instituciones de banca múltiple que recibieron el apoyo. El punto crítico descansa en que la sustancia del fideicomiso no debió haberse considerado de carácter privado en el momento en el cual los recursos públicos inundaron su operación a través de pagarés con cargo al presupuesto. No se trató solamente de problemas operacionales privados, sino de la quiebra sistémica del sistema bancario mexicano. Un asunto público.

Los beneficiarios: bancos y empresarios

El error más común al hablar del Fobaproa es reducirlo al “rescate de los bancos”. Fue eso, pero fue más: el padrón completo de beneficiarios –personas y empresas cuyas deudas privadas terminaron disueltas en la cartera que compró el fondo– asciende a alrededor de 745 personas físicas y morales, no todas ellas instituciones bancarias. El columnista Roberto Fuentes Vivar ha documentado nombres como Claudio X González Laporte y Agustín F Legorreta dentro de “una lista enorme”, según sus propias palabras, imposible de agotar en un solo texto. Entre los casos más documentados de fraude bancario abierto están Jorge Lankenau, de Banca Confía, y Ángel Isidoro Rodríguez, el Divino, de BanPaís.

De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, otros casos son los de Arrendadora Atlas, SA; Aseguradora Hidalgo, SA; y Grupo Del Monte; Además, enlista como empresas responsables de algunos de los quebrantos a: Adcoef, SA de CV. Alfil y Asociados, SA de CV; Cofinter Operación y Sistemas, SA de CV; Comercializadora Cerfa, SA de CV; Consorcio Mexicano de Comercio e Industria, SA de CV; Corporación de Comercio Exterior, SA de CV; Formadora de Equipos, SA de CV; Grupo Comercial Alvi, SA de CV; Grupo Corporativo en Comercio Exterior, SA de CV; Imes Mexicana, SA de CV; Oasis Nautics, SA de CV; Operadora Coba, SA de CV; Operadora Enlace, SA de CV; Operadora Virsa, SA de CV; Organización de Ingeniería Empresarial, SA de CV; Pico de México, SA de CV; Proinverfin, SA de CV.

Pero no sólo fueron empresas: el caso más ilustrativo de este abuso lo documenta de primera mano el informe Mackey, y es el de Carlos Cabal Peniche, dueño de Banca Cremi y Banco Unión. Mackey escribió que estaba al tanto de declaraciones atribuidas al propio Cabal Peniche en la prensa, según las cuales 25 millones de dólares se pusieron a disposición del Partido Revolucionario Institucional entre 1992 y 1994 a través de cuentas fiduciarias en Banco Unión, y que el banco habría financiado indirectamente esas cantidades mediante créditos que después fueron cancelados. Cuando el equipo de Mackey solicitó acceso a los registros del fideicomiso relacionado con esos pagos, se le negó, con el argumento de que las transacciones ya estaban bajo investigación penal.

Al respecto, la ASF detalla que ese partido político se involucró con empresarios y banqueros en los fideicomisos F/2739-9, F/2929-4, F/2939-1, F/3110-8 y  F/1718-0, operados por Banco Unión y Banca Cremi.

De éstos, destaca el F/1718-0, creado en Banca Cremi directamente por el PRI Nacional –entonces dirigido por el político Fernando Ortiz Arana–, el 26 de julio de 1993. Éste recibió aportaciones directas de Carlos Cabal Peniche, y de empresarios como Carlos Sánchez de la Peña, Salvador Martínez Garza _ya fallecido y expropietario de las Chivas– y Juan A Covarrubias; así como de las empresas Servind, SA de CV; Polydom, SA de CV; y Banamex (Banco Nacional de México, SA). Entre los objetivos del fideicomiso estaba apoyar al Comité Ejecutivo Nacional del PRI, y apoyar con recursos económicos las funciones y programas propios del PRI.

Respecto del fideicomiso F/2739-9, la ASF apunta que se constituyó el 31 de julio de 1992 en el Banco Unión por el PRI de Chiapas, con apoyo financiero del PRI Nacional. En ese mismo banco se crearon los fideicomisos F/2939-1, el 5 de agosto de 1993, por el PRI de Tabasco; y el F/2929-4, el 22 de julio de 1993, por el PRI Nacional. En este último, el dinero provino del propio banco y no del partido.

Toda esa cartera de Banco Unión terminó, sin distinción, en el Fobaproa. La propia Auditoría Superior de la Federación reconoció que Banca Cremi y Banco Unión fueron las primeras instituciones intervenidas, en 1994, “a consecuencia de los malos manejos de sus administradores”. Alrededor del 55 por ciento de la deuda que absorbió el fondo se destinó, según estimaciones periodísticas, a empresarios y banqueros prominentes que salieron de la crisis con sus fortunas intactas o incluso acrecentadas. Un vehículo menos conocido, la Unidad Coordinadora para el Acuerdo Bancario Empresarial, creada en 1996 con recursos fiscales, sirvió de aval para reestructurar la deuda de 54 empresas –no bancos, empresas de sectores productivos– por 9 mil 700 millones de dólares.

Leído en conjunto, este padrón no describe una lista abstracta de nombres aislados: describe a una fracción dominante del capital privado mexicano –la fusión entre el capital industrial y el capital financiero– actuando como bloque frente al Estado en el momento de la crisis. No fueron solo algunos casos aislados, sino la alta burguesía mexicana como un grupo privilegiado dentro de la economía, frente a miles de pequeños y medianos empresarios que, sin ese acceso político ni ese lugar en la mesa donde se diseñó el rescate, quebraron en esos mismos años por las mismas tasas de interés que a los grandes les fueron, en los hechos, condonadas. Baste señalar que, de acuerdo con una investigación de Juan Auping Birch, para octubre de 1996 el 82 por ciento de los créditos irregulares estaba concentrado en un grupo reducido del 9.1 por ciento de los deudores, con créditos gigantes de más de 50 millones de pesos. No fue un rescate de ahorradores comunes y corrientes, sino de millonarios.

La pregunta obligada es: ¿por qué los propios banqueros aceleraron el fraude justo cuando el gobierno ya había decidido, de facto, respaldar la solvencia de todo el sistema? La economía tiene, desde hace más de tres décadas, una respuesta formal. En 1993, los economistas George Akerlof –premio Nobel– y Paul Romer publicaron el artículo “Looting: The Economic Underworld of Bankruptcy for Profit”, donde demostraron que cuando los gestores de un banco saben que el gobierno absorberá las pérdidas si la institución quiebra, la estrategia racional deja de ser administrarla con solidez: se vuelve extraer de ella el máximo valor posible antes del colapso. La quiebra, en ese esquema, no es un accidente que el fraude aprovecha después: es el medio mismo de la extracción. El propio artículo usa, como uno de sus casos fundacionales, un episodio latinoamericano casi calcado: “en Chile, el sector financiero colapsó, dejando al gobierno la responsabilidad de deudas externas masivas”. Es decir, no podía haber sorpresa o error: existía la teoría y los antecedentes históricos del comportamiento fraudulento de una banca privatizada con actividades especulativas. Se trató de una operación premeditada.

La auditoría trunca de Michael Mackey

En 1998 –después de que la crisis hiciera perder al PRI el control legislativo–, el Congreso contrató al auditor canadiense Michael Mackey para revisar a fondo las operaciones del Fobaproa. Su informe contiene una frase que la historia oficial mexicana ha preferido no repetir: los procedimientos realizados, escribió Mackey, “no son suficientes para considerarlos una auditoría financiera del Fobaproa”, por lo que su despacho no podía “expresar opinión alguna sobre los estados financieros”. Es una precisión relevante, especialmente porque en mayo de 2025 el propio Ernesto Zedillo afirmó públicamente que el rescate sí había sido objeto de “una auditoría por parte de un auditor internacional independiente” –una afirmación que el texto original del informe contradice de forma directa.

Pese a sus limitaciones –obstáculos deliberados, acceso restringido, retrasos de meses invocando el secreto bancario–, Mackey sí encontró créditos otorgados a accionistas de los propios bancos rescatados, y transacciones que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ya había calificado como ilegales antes de que él llegara. De esas irregularidades nunca salió una sola consecuencia penal. La CNBV emitió, con los años, 62 opiniones de delito que dieron pie a 65 averiguaciones previas. Hasta la fecha, no existe un solo señalamiento contra funcionarios federales por conductas delictivas vinculadas al Fobaproa. Hay, además, una discrepancia de cifras que rara vez se menciona. El pasivo total del Fobaproa, según su propia estimación al 28 de febrero de 1998, era de 552 mil 300 millones de pesos –la misma cifra que el Congreso reconocería como deuda pública en diciembre de ese año–. Pero para el 30 de junio de 1998 esa cifra ya había subido: el propio Fobaproa la actualizó a 576 mil 600 millones, y el equipo de Mackey, de forma independiente, calculó 633 mil 300 millones –56 mil 700 millones más que la cifra del propio fondo, y con pasivos que Mackey encontró subvaluados en 70 mil 200 millones de pesos, sobre todo en Serfín, Bancrecer, Atlántico y Promex–. Dicho de otro modo: mientras se llevaba a cabo la discusión para aprobar la legalización de la deuda, el monto seguía subiendo aceleradamente.

Los resultados de la investigación de Mackey tuvieron un final funesto. El episodio más revelador de esta historia salió a la luz apenas el año pasado, y por boca de un funcionario del propio gobierno actual. El primero de mayo de 2025, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, contó en la mañanera cómo Zedillo entregó al Congreso, junto con el informe Mackey, un disco encriptado con cinco contraseñas distintas –una para cada partido con representación en la Cámara–, diseñado de tal manera que se necesitaban las cinco simultáneamente para poder abrirlo. El propio documento, según Gómez, incluía una advertencia de que divulgar su contenido causaría “daños irreparables”. El disco se descifró años después: reveló 73 mil 775 millones de pesos en operaciones irregulares. Cuando esa cifra se hizo pública, alguien volvió a ocultarla: una nueva presidenta de la Cámara ordenó borrarla del sitio oficial.

En su libro sobre el tema, López Obrador calificó al Fobaproa como una “paraestatal tecnocrática”: una entidad que operaba con la discrecionalidad del poder público pero sin ninguno de sus controles. Hay, detrás de esa frase, un armazón teórico más antiguo que le da soporte: lo que la denuncia política describe como el uso patrimonial del poder público coincide con lo que la sociología clásica llama patrimonialismo. Max Weber usó ese término, hace más de un siglo, para describir el ejercicio de la autoridad cuando quien la detenta la administra como extensión de su patrimonio personal, no bajo las reglas impersonales de una autoridad racional-legal.

Leído con esa lente, el Fobaproa no fue la falla puntual de un funcionario corrupto: fue, durante los años en que operó fuera del control del Congreso, una institución pública ejercida con lógica patrimonial, al servicio de quienes tenían acceso a ella, no de la población a la que en teoría debía proteger. Se trató de la captura del Estado mismo por los intereses privados. En mayo de 2025, ante la confrontación pública entre Sheinbaum y Zedillo, hubo un intento de reabrir el expediente: la senadora morenista Guadalupe Chavira propuso una comisión en el Senado para investigar “operaciones ocultas” del rescate; en la Cámara de Diputados, Morena y el PT plantearon crear una “comisión de la verdad” para publicar los nombres de los beneficiarios y, si no había prescrito, fincar responsabilidades penales. El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, exfuncionario del propio IPAB, lo resumió directamente: “el rasgo fundamental fue la opacidad y la impunidad, porque no hubo ningún castigo”. Año y medio después, no hay evidencia de que esa comisión se haya constituido formalmente. Nadie, hasta hoy, ha vuelto a exigirla.

De pagaré a bono: cómo se fabricó la eternidad de la deuda

El Fobaproa operaba con pagarés: instrumentos bilaterales, entregados a cada banco de forma directa, con un tenedor fijo y conocido. En 1999, la Ley de Protección al Ahorro Bancario sustituyó al Fobaproa por el IPAB y dio un paso técnico que resultaría decisivo: cambió los pagarés por bonos negociables en mercado abierto –los Bonos de Protección al Ahorro: BPAG28, BPAG91 y BPA182–, subastados semanalmente a través del Banco de México. La diferencia parece administrativa, pero es la pieza que produce la perpetuidad. Un pagaré vence y exige una decisión explícita: pagar o renegociar con esa contraparte específica. Un bono de mercado se resuelve en automático: cuando vence, el IPAB sí paga el capital –hay que ser precisos aquí, no es que nunca circule dinero–, pero lo paga con el dinero que recauda al colocar, esa misma semana, bonos nuevos por un monto equivalente.

El resultado neto es idéntico a no haber pagado nada: el IPAB sigue debiendo exactamente lo mismo, solo que ahora a otro conjunto de acreedores, con un vencimiento nuevo. La primera subasta se realizó el 1 de marzo de 2000, todavía con Zedillo en la presidencia; pero fue ya con Vicente Fox, a partir de diciembre de 2000, cuando el Congreso ratificó la facultad del IPAB de emitir estos títulos “con el único propósito de refinanciar sus obligaciones”: la primera vez que el refinanciamiento indefinido quedó escrito como el fin mismo del instrumento. Este es el origen de la perpetuidad de la deuda.

El propio IPAB certifica hoy la magnitud de esa transición. En su Plan Anual de Financiamiento 2026, el Instituto reconoce que a diciembre de 1999 el 100 por ciento de sus obligaciones se concentraba en créditos bilaterales con instituciones de crédito, mientras que a octubre de 2025 la totalidad de sus pasivos corresponde a los bonos que él mismo emite. La metamorfosis fue total: de la deuda con nombre y apellido a la deuda anónima de mercado, en poco más de dos décadas. Visto con cuidado, ese salto –de pagarés no negociables a bonos rotativos en mercado abierto– no fue solo una solución técnica a un problema de rigidez administrativa. Fue el diseño de un mecanismo de transferencia permanente. La pregunta relevante no es únicamente si la deuda “algún día se va a pagar”: es que el modelo mismo, tal como fue construido a partir de 2001, constituye un flujo constante y estructural de recursos públicos hacia la banca privada, financiado con cargo al presupuesto federal y, en última instancia, a costa del bienestar social que ese mismo presupuesto podría financiar en su lugar.

Ese diseño no nació en el vacío: coincidió con la década de mayor “creatividad financiera” del capitalismo reciente, la misma que, del lado privado, produjo la titulización de hipotecas que desembocaría en la crisis subprime de 2008. Como resumiría posteriormente una columna de La Jornada en 2020 el instituto terminó asumiendo “la totalidad de la cartera vencida que los bancos no podían cobrar, sin distinguir entre créditos legítimos o ilegítimos, garantizados o no, auténticos o falsos”. Es, en esencia, la misma operación que colapsaría a la banca global 13 años después. El caso mexicano es, si acaso, más crudo: en 2008 hubo al menos la ficción de una calificadora evaluando el riesgo antes de que el producto saliera al mercado; en México, fue el propio Estado quien hizo el empaquetado –bueno o malo, sin distinciones– y lo colocó a la venta.

Quién cobra hoy

Al volverse instrumento de mercado, el tenedor del bono IPAB dejó de ser fijo: hoy puede comprarlo cualquiera en la subasta semanal –bancos, aseguradoras, administradoras de fondos para el retiro, y desde 2022 también pequeños ahorradores a través de Cetesdirecto–. Según una investigación de La Jornada del 8 de mayo de 2025, uno de cada cinco pesos que los bancos de importancia sistémica en México –BBVA, Santander, Banorte, Banamex, Scotiabank, HSBC– recibieron el año pasado por intereses de sus inversiones en deuda gubernamental provino, específicamente, de los bonos de su propio rescate bancario de hace tres décadas. Dicho de otro modo: los mismos bancos que fueron salvados en 1995 son, hoy, en su papel ordinario de inversionistas, cobradores del servicio de esa misma deuda. Es un mecanismo que podríamos llamar rentismo reflexivo: el agente rescatado por el Estado se reposiciona, a través del propio instrumento creado para su rescate, como acreedor perpetuo de ese mismo rescate. No es un privilegio especial ni una componenda oculta: es lo que ocurre cuando un instrumento de deuda soberana de bajo riesgo circula libremente en un mercado donde esos mismos bancos son actores dominantes.

Hoy, cerca del 70 por ciento de los activos del sistema bancario mexicano está en manos de las entidades extranjeras a las que se les fue entregada la banca mexicana. La reprivatización iniciada en 1990 vendió los bancos, en su mayoría, a grupos mexicanos, con la propiedad extranjera limitada por ley a una fracción menor del capital. Pero el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firmado apenas un año después, ya traía negociado un calendario de apertura gradual del sector financiero a capital estadounidense y canadiense: la extranjerización no fue una consecuencia espontánea de la crisis, sino un camino ya pactado que la crisis simplemente aceleró. En febrero de 1995, el gobierno amplió, antes de lo previsto, esos límites –lo que permitió la entrada inmediata de capital extranjero a Bancomer, Serfín y Bancrecer–, y para 1998 la Ley de Protección al Ahorro Bancario eliminó cualquier restricción para los tres grupos bancarios más grandes del país; el costo del propio rescate que ese modelo hizo necesario fue tan oneroso que, en la década siguiente, forzó la venta masiva a capital internacional. El mecanismo que privatizó las ganancias y nacionalizó las pérdidas en 1995 terminó, por esa misma vía, entregando el control del sistema bancario nacional al capital financiero extranjero.

El hilo se puede seguir banco por banco. Bancomer, comprado en 1991 por el grupo regiomontano Valores Monterrey-Visa, es hoy BBVA México, propiedad del grupo español BBVA, y el banco con más utilidades de todo el sistema. Banorte, adquirido entonces por Roberto González Barrera, dueño de Grupo Maseca/Gruma, sigue siendo mexicano hasta hoy: uno de los pocos casos de continuidad de propiedad nacional desde el origen. Y Banamex, el banco del rescate más grande de 1995, terminó su propio recorrido apenas este año: tras dos décadas en manos de Citigroup, en diciembre de 2025 vendió una cuarta parte a un empresario mexicano, Fernando Chico Pardo, y acordó vender otro 24 por ciento a un grupo de fondos internacionales que incluye al fondo soberano de Catar. Tres décadas después del rescate, el banco que más costó sigue cambiando de dueño –entre un multimillonario nacional y capital extranjero– sin que nadie cuestione el origen de esa riqueza.

La confesión que estaba en el presupuesto todo el tiempo

La Ley de Protección al Ahorro Bancario le asigna al IPAB tres fuentes de ingreso para atender su deuda: las cuotas de la banca múltiple, las transferencias del Ramo 34 del presupuesto federal, y los ingresos por la venta de los activos que heredó del rescate original –esta última, cada vez más agotada 30 años después–. Con esas tres fuentes, el IPAB calcula cuánto necesita cada año, y punto: lo que no le alcanza a cubrir se refinancia con más bonos. Lo revelador no es la fórmula. Es el objetivo que el propio gobierno mexicano ha declarado, por escrito, en la Estrategia Programática del Ramo 34 de sus presupuestos federales. En 2014: “la estrategia adoptada por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario para el manejo de su deuda tiene como objetivo central mantener el saldo de sus pasivos constante en términos reales”. No reducirlo. Mantenerlo constante. Para 2018, el objetivo se reformuló otra vez, ahora bajo la estrategia que logre que “sus pasivos como proporción del PIB vayan disminuyendo”: es decir, ya ni siquiera se aspira a que el saldo baje; basta con que la economía crezca más rápido que la deuda para que esta, aritméticamente, pese cada vez menos. Esa es la estrategia no revelada: planear la extinción de la deuda en el plazo más largo posible, acumulando en el camino una carga que pasa de una generación a la siguiente sin que ninguna de las dos la haya decidido democráticamente. En términos de proporción del PIB, la deuda originaria pasó de representar el 19.3 por ciento a representar actualmente cerca del 2.7 por ciento.

El propio IPAB lo confirma, con sus propias palabras, en su Plan Anual de Financiamiento 2026: su estrategia consiste en “evitar el crecimiento de la deuda del Instituto en términos reales” –no en reducirla–, destinando cada año los recursos presupuestarios necesarios para cubrir únicamente el componente real del costo financiero. No es Hacienda hablando por el Instituto: es el Instituto mismo confesando, en su documento constitutivo anual, que amortizar nunca ha sido el objetivo. Ninguna de las dos frases está escondida. Están impresas, en lenguaje presupuestal aséptico, en documentos que la Secretaría de Hacienda publica cada año y que el Congreso aprueba al votar el Presupuesto de Egresos.

Y aquí está la diferencia que este ensayo quiere subrayar frente a la lectura regular –la de llamar a todo esto, sin más, “corrupción sistémica”–. La corrupción de origen, la de 1995-1998, sí necesitó esconderse: pagarés emitidos sin ley que los respaldara, información restringida al Congreso, un disco cifrado con cinco llaves. Pero lo que sostiene la deuda hoy, 30 años después, ya no necesita ocultarse en absoluto. Se volvió tan normal que dejó de tener que esconderse: es, literalmente, la estrategia programática de un ramo presupuestal, aprobada año con año, sin que casi nadie repare en lo que esas dos frases –“mantener constante”, “disminuir como proporción del PIB”– realmente significan. No estamos ante un caso de corrupción sistémica excepcional. Estamos ante algo más perturbador: una corrupción de origen que logró institucionalizarse como política pública ordinaria. Administrar, de la manera más extendida posible en el tiempo, aceptando la absorción de la deuda ilegítima.

Lo que cuesta seguir pagando

El sistema bancario mexicano cerró 2025 con utilidades históricas de 304 mil 400 millones de pesos, la cifra más alta jamás registrada, con un crecimiento real de 1.10 por ciento –superior al 0.7 por ciento que creció la economía mexicana en el mismo periodo–. Solo BBVA México concentró 98 mil 946 millones de pesos de esa utilidad: casi el doble de lo que el erario destina cada año al servicio de la deuda del rescate bancario que hizo posible, entre otras cosas, la consolidación de ese mismo banco. Frente a esto, el gasto anual del Estado en el servicio de esa deuda –48 mil millones de pesos asignados al IPAB para 2027, la cifra más reciente– equivale, aproximadamente, a dos veces el presupuesto completo del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, o casi al presupuesto íntegro de Sembrando Vida. Y los 546 mil millones acumulados entre 1999 y 2022 representan más de medio año de todo el presupuesto de los Programas para el Bienestar de 2026, el paquete social más ambicioso del gobierno actual. Son, año con año, recursos que pudieron haber sido escuelas, clínicas o becas, y que en cambio se destinaron a sostener una deuda que nadie, 30 años después, puede explicar del todo.

En septiembre pasado, el secretario de Hacienda anunció una medida correctiva: a partir de 2027, las cuotas que los bancos pagan al IPAB dejarán de ser deducibles de impuestos. La recaudación estimada por el SAT: unos 10 mil millones de pesos anuales. Es, en el mejor de los casos, un inicio en la recuperación de recursos para la Nación: una fracción de lo que el país paga cada año, y todavía más pequeña frente al billón de pesos en pasivos que sigue en pie. No toca el objetivo de “mantener constante”. Ni siquiera lo roza.

Una renta que nunca deja de fluir

Hay, en la economía, un nombre para las estructuras financieras que solo se dedican a cubrir intereses –nunca capital neto– y que dependen, para sobrevivir, de refinanciarse indefinidamente. El economista Hyman Minsky las llamó financiamiento “especulativo”, a un paso de la categoría más grave, el financiamiento “tipo Ponzi”. El IPAB encaja con precisión en esa descripción. Y sin embargo, el economista Olivier Blanchard –execonomista jefe del Fondo Monetario Internacional– ha construido, desde el escenario opuesto de la tecnocracia, el argumento contrario: cuando la tasa de interés es menor que la tasa de crecimiento de la economía, refinanciar deuda indefinidamente “puede no tener costo fiscal”. Es un principio que, dicho sea de paso, la economía mexicana no cumple ni de lejos: las tasas reales de interés que ha pagado el país en gran parte de estas tres décadas han superado al crecimiento económico. Minsky advirtió, además, que la estabilidad prolongada de una estructura financiera especulativa no es prueba de solidez: es, precisamente, lo que la vuelve invisible como riesgo, hasta que deja de serlo.

Pero mientras tanto la realidad marca un hecho contundente. Con datos de Manuel Aguilera Gómez en su libro La banca en México, orígen, evolución y perspectivas, se distingue entre las políticas económicas del periodo del desarrollo estabilizador y las de la liberalización financiera neoliberal: mientras que durante el periodo 1934-1982 México aumentó su dimensión 18 veces, durante 30 años de neoliberalismo el país apenas ha aumentado dos veces. Un periodo que podemos denominar “estancamiento estabilizador”. Ese estancamiento no es casualidad: es, en buena medida, el precio de sostener 30 años una estructura financiera que nunca dejó de extraer renta del país que la rescató.

¿Deuda odiosa? Hacia la salida

Existe, en el derecho internacional, una categoría precisa para una deuda como esta: la doctrina de la “deuda odiosa”, formulada en 1927 por el jurista Alexander Sack, que se aplica cuando una deuda se contrae sin beneficio para la población y el acreedor sabe, o puede saber, ese carácter ilegítimo. No es una etiqueta improvisada para este texto: el Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas la aplicó explícitamente al caso mexicano en mayo de 2025, y una iniciativa presentada por el Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, en noviembre de 2024, invoca la misma doctrina como fundamento para dejar de pagar la deuda del Fobaproa.

El impacto no es un costo de un solo momento: es permanente, y corre en detrimento del mismo presupuesto que podría estar financiando el desarrollo. El origen encaja. El título de 2026, no del todo. Un pagaré de 1996 tenía nombre, banco y Comité. Un BPA subastado esta semana lo puede tener una Afore, un fondo o un particular en Cetesdirecto, que pagó precio de mercado y no otorgó el crédito chatarra. La doctrina de Sack mira al acreedor que sabía. El mercado abierto diluyó a ese acreedor. Repudiar el bono circulante como si fuera el pagaré original es, en los hechos, un default doméstico: pega a tenedores actuales, encarece el resto de la deuda interna y vuelve a socializar el costo por otra vía. Por eso la salida no es un laudo a la Tinoco –el arbitraje de 1923 en que Costa Rica se liberó de una deuda que el propio banco acreedor sabía que financiaba la fuga de un dictador depuesto, no al país–. Es una decisión sobre un instrumento que el propio Estado ha estado vendiendo como bueno.

Una auditoría tendría que separar, aunque sea por tramos, el capital de origen, los intereses capitalizados, los refinanciamientos posteriores y la tenencia de hoy. Sin esa foto, cualquier corte se puede leer como arbitrario. Lo segundo es dejar de escribir “saldo constante en términos reales” como objetivo de un ramo: amortizar principal, con más cuota bancaria –la no deducibilidad de 2027 es apenas el piso–, con lo que quede de activos y, si hace falta, con transferencia explícita y finita, no con roll over eterno. Lo tercero, si el precio de mercado se deprime, es recomprar o canjear con quita. Lo cuarto, cortar por ley la facultad de refinanciar sin límite: eso sí es un default selectivo del IPAB, y hay que decir su costo en litigios, en pensiones y en el seguro de depósitos que vive en el mismo instituto. El repudio unilateral del saldo histórico queda como la vía más nítida y la más cara. Los precedentes que funcionaron tenían un acreedor vencido, una ruptura de régimen o un árbitro mirando al prestamista original. México no está en ese punto.

Ese salto de pagarés a bonos no fue un accidente técnico aislado: coincidió con la misma década en que México ancló su modernización financiera a la lógica del sistema financiero internacional emergente –la misma que, del lado privado, produciría la crisis subprime 13 años después–. La extranjerización que documentamos (70 por ciento del sistema bancario en manos foráneas) no es un desenlace posterior a esa decisión: es su continuación lógica.

Frente a esto, la justicia no puede medirse solo en la auditoría del pasado. Tiene que medirse también en el crédito del presente. Los mismos bancos –BBVA, Banorte, y ahora también los nuevos dueños de Banamex– que hoy cobran, como inversionistas, los intereses de su propio rescate, son los mismos que en marzo de 2026 se comprometieron con el gobierno a elevar el crédito bancario del 38 por ciento al 45 por ciento del PIB, en el marco del Plan México, y a canalizarlo especialmente hacia las pequeñas y medianas empresas –el otro grupo, junto a los ahorradores comunes, que la crisis de 1994 dejó fuera del rescate–. El resultado, un año después, ha sido modesto: apenas 5.8 por ciento más pymes con acceso a crédito. Como advirtió la Cámara de Comercio de Cancún en mayo de 2026, “mientras no haya algún tipo de presión sobre la banca… no lo van a hacer”.

Ahí está, con toda claridad, el camino de la justicia restaurativa que este texto propone: no basta con auditar por tramos el origen de la deuda –separar el capital legítimo del fraudulento, los refinanciamientos, la tenencia actual– para decidir qué parte del pasivo puede razonablemente seguir pagándose y cuál debe renegociarse o cancelarse. Junto a esa auditoría, hace falta una bandera política explícita: que el crédito a las pymes deje de ser una meta voluntaria de convención bancaria y se convierta en la contraparte exigible de 30 años de renta perpetua –con metas verificables, no solo compromisos de cúpula–, y que la excesiva cobranza de comisiones, que hoy sigue golpeando al mismo sector que nunca fue rescatado, se reduzca de inmediato. Un sistema financiero que extrajo del país durante tres décadas no puede seguir tratando como generosidad lo que, en realidad, es apenas el primer abono de una deuda mucho más vieja.

La misma lógica debería extenderse a los grupos empresariales que se beneficiaron del rescate por la vía de la fusión entre capital industrial y financiero que ya documentamos –desde Grupo Maseca hasta los sobrevivientes de la cartera absorbida por la UCABE–. Si el argumento sostiene que los bancos deben retribuir con crédito a las pymes que nunca fueron rescatadas, el mismo argumento exige que los conglomerados industriales beneficiados en 1995 –muchos de ellos hoy actores centrales de las cadenas de suministro que el propio Plan México busca fortalecer– asuman compromisos verificables de inversión productiva nacional y generación de empleo formal, en lugar de limitarse a las convocatorias de “coordinación con el sector privado” que hasta ahora han caracterizado esa estrategia. No se trata de una expropiación retroactiva: se trata de que quienes recibieron, de facto, un salvamento sin condiciones hace tres décadas, acepten hoy condiciones concretas a cambio de participar en la reindustrialización que el país necesita.

Lo que el Fobaproa cerró, en realidad

He argumentado en otro momento que la crisis de 1994 no fue un accidente de pericia técnica, sino el resultado de la modernización salinista que sometió a México a una financiarización subordinada: la apertura prematura de la cuenta de capital, la liberalización financiera sin controles, un tipo de cambio insostenible defendido hasta el último dólar de reservas. El Fobaproa fue el cierre lógico, casi geométrico, de ese círculo: el mismo Estado al que se le impidió planificar y dirigir el crédito en nombre del “mercado eficiente” fue obligado, después, a convertirse en garante absoluto de las pérdidas que ese mercado generó. Puesto en perspectiva comparada, el caso mexicano resulta más extremo de lo que la indignación doméstica suele reconocer. En 2008, Lehman Brothers colapsó por la misma lógica que ya describimos en este texto –empaquetar activos hipotecarios heterogéneos, con componentes tóxicos, en instrumentos que el mercado trataba como limpios–, con ejecutivos que cobraron bonos millonarios semanas antes del derrumbe. Pero a Lehman no lo rescataron: el gobierno estadounidense lo dejó caer en bancarrota ordinaria, mientras sí auxiliaba a otras instituciones bajo la doctrina de “demasiado grande para caer”.

En 2021, el gigante inmobiliario chino Evergrande acumuló más de 300 mil millones de dólares en deuda mediante una expansión apalancada que también recuerda a los grupos industriales que compraron bancos mexicanos en los noventa; cuando la firma colapsó, el gobierno chino se negó a rescatarla, declaró que “se respetarían los derechos e intereses de los acreedores y accionistas de acuerdo con su antigüedad legal”, y priorizó únicamente a los compradores de vivienda y a los trabajadores. Evergrande terminó en liquidación en Hong Kong. Y el principal artífice, Xu Jiayin, una vez en la lista de los hombres más ricos de China, fue condenado a cadena perpetua. Ni el capitalismo financiero estadounidense en su peor momento, ni el Estado chino con toda su capacidad de intervención, llegaron a socializar una pérdida privada con la generosidad indiscriminada con que México lo hizo en 1995.

Salir de ese círculo no es solo un ejercicio de contabilidad ni una negociación técnica con los tenedores de bonos: es una decisión sobre qué tipo de sistema financiero quiere tener este país. En otro espacio he propuesto pensar esa salida como un Modelo de Reindustrialización con Soberanía Social: un sistema financiero orientado a producir, no a especular, con banca de desarrollo, cooperativas de crédito y soberanía financiera como ejes, en lugar de la lógica que el Fobaproa personifica mejor que ningún otro caso: la que subordina el crédito público al rescate perpetuo del capital privado. Mientras esa alternativa no se construya, el país seguirá administrando, año tras año, la herencia de un modelo que decidió, hace 30 años, saltarse la constitución para preservar la especulación financiera.

Lo que las revelaciones de esta semana muestran, y lo que este texto ha intentado señalar, es que esa historia no terminó en 1998, ni en 1999, ni con ninguna de las veces en las que se ha vuelto a enunciar públicamente este pendiente. El fideicomiso que eludió al Congreso sin cambiar una sola palabra de su contrato, el saqueo que la garantía implícita volvió racional, el bono de mercado que convirtió todo eso en una renta sin fecha de cierre, y finalmente la propia estrategia presupuestal que renunció, por escrito, a la idea de amortizar: no son episodios sueltos de una historia vieja. Son los eslabones, todavía en funcionamiento, de la misma operación mediante la cual una corrupción que en 1995 tuvo que esconderse terminó, 30 años después, convertida en la forma más aburrida y menos cuestionada de toda la administración pública: una línea más en la Estrategia Programática de un ramo presupuestal, votada sin discusión, cada mes de septiembre, por un Congreso que hace mucho dejó de preguntarse por qué. El país sigue pagando, cada año, la renta de ese régimen. No como una deuda que algún día se saldará. Como el costo recurrente de una corrupción que ya no necesita ocultarse, porque aprendió a presentarse como lo más normal del mundo –y como el recordatorio de que, hasta que México no decida construir un nuevo sistema financiero, seguirá pagando, cada vez con menos escándalo, la renta de aquel que nunca terminó de rescatar.

 

Referencias:

Ley de Protección al Ahorro Bancario, Diario Oficial de la Federación, 19 de enero de 1999.

Controversia Constitucional 26/99, Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, Plan Anual de Financiamiento 2026, gob.mx.

Michael W. Mackey, Informe de Michael W. Mackey en la Evaluación Integral de las Operaciones y Funciones del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, Fobaproa, y la Calidad de Supervisión de los Programas del Fobaproa de 1995 a 1998 (julio de 1999), encargado por el Comité de Contrataciones de las Subcomisiones para el Estudio del Fobaproa del Congreso de la Unión; publicado íntegro en Gaceta Parlamentaria, año II, núm. 352-I, 23 de septiembre de 1999: gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/57/1999/sep/19990923-I.html.

Presupuesto de Egresos de la Federación, Ramo 34, Estrategia Programática, ejercicios fiscales 2014 y 2018, Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Unidad de Inteligencia Financiera, comunicado y declaraciones de Pablo Gómez, gob.mx, 1 de mayo de 2025.

La Jornada, cobertura de la mañanera especial sobre el Fobaproa, 7 y 10 de septiembre de 2026.

La Jornada, investigación sobre tenencia bancaria de Bonos de Protección al Ahorro, 8 de mayo de 2025.

George A. Akerlof y Paul M. Romer, “Looting: The Economic Underworld of Bankruptcy for Profit”, Brookings Papers on Economic Activity, 1993.

Olivier Blanchard, “Public Debt and Low Interest Rates”, American Economic Review, 2019.

Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas (CADTM), “La Deuda del Fobaproa debe cancelarse”, 17 de mayo de 2025.

Iniciativa del Partido del Trabajo ante la Cámara de Diputados sobre la deuda del Fobaproa, noviembre de 2024.

Andrés Manuel López Obrador, Fobaproa: expediente abierto, Grijalbo, 1999.

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