La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, que informara los motivos de las detenciones realizadas durante la protesta por el acceso al agua limpia del domingo 11 de octubre, en Guadalajara, y que diera a conocer los nombres de las personas arrestadas. La mandataria expresó su rechazo a la represión.

Durante la conferencia matutina del 12 de octubre, Sheinbaum cuestionó el uso de chorros de agua para disolver la manifestación y sostuvo que las autoridades estatales deben explicar las decisiones tomadas durante la movilización.

“Nosotros no estamos de acuerdo con la represión”, sostuvo la titular del Ejecutivo federal, quien defendió las manifestaciones pacíficas y rechazó tanto la represión como los actos violentos durante las movilizaciones.

La presidenta defendió la colocación de vallas en Palacio Nacional como una medida para prevenir enfrentamientos entre policías y grupos que utilizan herramientas u otros objetos para dañar edificios patrimoniales o agredir a personas.

Como ejemplo, recordó que, durante su gestión como jefa de gobierno de la Ciudad de México, hubo policías que sufrieron quemaduras graves después de que manifestantes les arrojaran fuego. Por ello, defendió las medidas preventivas para evitar confrontaciones directas.

Insistió en que las autoridades deben privilegiar el diálogo y garantizar el derecho a la manifestación, sin recurrir a la represión. Sobre Jalisco, pidió al gobierno estatal que explicara el uso de agua y gases lacrimógenos contra la movilización, con la salvedad de que debía aclararse si se habían utilizado.

Las declaraciones de la presidenta se produjeron después de la marcha ciudadana por el acceso al agua limpia, realizada en Guadalajara y que derivó en enfrentamientos frente a Casa Jalisco.

Pablo Lemus Navarro informó en un mensaje difundido en sus redes sociales el 12 de octubre que ordenó revisar todos los videos de la movilización para investigar la actuación de los elementos policiales y sancionar posibles excesos en el uso de la fuerza.

También señaló que la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco abrió una investigación de oficio. El gobernador afirmó que su administración colaboraría con la información que solicitara el organismo y atendería sus recomendaciones.

Sostuvo que la movilización transcurrió de manera pacífica hasta que, según su versión, un grupo de aproximadamente 400 personas, muchas de ellas encapuchadas, llegó a Casa Jalisco y agredió a policías con piedras, tubos, martillos, petardos con clavos y bombas de gas.

De acuerdo con el gobernador, los enfrentamientos se prolongaron alrededor de tres horas y pusieron en riesgo a manifestantes, familias, niñas, niños y adultos mayores. También aseguró que la destrucción de una barda perimetral permitió utilizar fragmentos de piedra como proyectiles contra los uniformados.

Lemus reportó 39 personas detenidas y 28 policías lesionados, dos de ellos de gravedad. Asimismo, informó que solicitó a la Fiscalía del Estado de Jalisco revisar cada detención y que, hasta el momento de su declaración, 12 personas habían sido liberadas. La dependencia informaría posteriormente sobre nuevas liberaciones.

El gobernador aseguró que las agresiones y los posibles abusos de autoridad deben investigarse sin excepciones, aunque defendió la actuación de los policías que, según dijo, fueron agredidos durante la protesta.

Presidenta rechaza privatización del agua

En otro momento de su intervención, la presidenta abordó el problema de contaminación del agua en Jalisco y las propuestas del gobierno estatal para atenderlo. Explicó que el gobernador Lemus le presentó algunas alternativas durante un encuentro previo y que ella planteó revisarlas con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Indicó que representantes del gobierno jalisciense tenían prevista una reunión ese 12 de octubre con la dependencia federal para analizar las soluciones. Aseguró que el gobierno de México está dispuesto a colaborar técnica y financieramente para atender la contaminación, sin apoyar esquemas que impliquen la privatización del servicio de agua.

La presidenta señaló que el objetivo es establecer acciones inmediatas y desarrollar las obras de infraestructura necesarias para resolver el problema de fondo, particularmente en la zona metropolitana de Guadalajara.

Como antecedente, mencionó la presa El Zapotillo, cuyo proyecto fue retomado y concluido durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador. También se refirió a un ducto pendiente en el que, según explicó, se había previsto la participación financiera del gobierno de Jalisco.

Sheinbaum sostuvo que esa obra debe resolverse y que la propuesta adicional del gobernador tiene que analizarse para determinar su viabilidad, sin aceptar esquemas que representen la privatización de los servicios.

Por su parte, Lemus afirmó que el servicio de agua no se entregará a empresas privadas y que no aumentarán las tarifas. También defendió la decisión de cerrar el abasto de la presa de Las Pintas, al asegurar que la medida ha mejorado la calidad del agua que llega a los hogares.

El gobernador agregó en su mensaje de redes sociales que su administración avanza en la ampliación y modernización de la planta potabilizadora número 1, en Miravalle, y espera que el Congreso de Jalisco apruebe su iniciativa para construir un nuevo acueducto sustituto Chapala-Guadalajara, proyecto que, afirmó, cuenta con validación técnica de Conagua.