Morena exigió la presentación y liberación de las personas detenidas por la policía estatal durante la movilización realizada este domingo en Guadalajara, Jalisco, para denunciar la crisis de agua potable que enfrenta la zona metropolitana. El partido expresó su solidaridad con los manifestantes y sostuvo que la represión no debe ser una respuesta gubernamental ante las demandas ciudadanas.

“La represión nunca debe ser la respuesta de un gobierno ante el descontento social. El diálogo y la búsqueda de soluciones deben orientar la atención de un problema que es resultado de décadas de abandono y desatención”, señaló el instituto político en un comunicado.

El partido, encabezado por Ariadna Montiel Reyes, respaldó a las miles de personas que salieron a las calles para exigir agua limpia y de calidad, así como un suministro suficiente y continuo. Señaló que las familias de la región enfrentan desde hace varios meses problemas relacionados con la calidad y el abastecimiento del agua.

Morena sostuvo que la participación de personas adultas mayores, jóvenes y familias enteras refleja la magnitud de una demanda vinculada con el derecho humano al agua, por lo que llamó a las autoridades, encabezadas por el gobernador de Jalisco, Jesús Pablo Lemus Navarro, de Movimiento Ciudadano (MC), a escuchar y atender las exigencias de la población.

“Es indispensable avanzar en soluciones de fondo que garanticen agua limpia, potable, de calidad y un abastecimiento suficiente y continuo. Asimismo, debe atenderse el rechazo expresado por la ciudadanía a que se siga avanzando en la privatización del agua”, expresó Morena.

La movilización transcurrió sin incidentes durante buena parte de su recorrido, pero a su llegada a Casa Jalisco derivó en enfrentamientos entre manifestantes y policías estatales. Imágenes y videos difundidos en medios de comunicación y redes sociales muestran el uso de chorros de agua a presión y gas lacrimógeno durante el operativo.

El Gobierno de Jalisco informó que 39 personas fueron detenidas, 31 civiles requirieron atención médica y 28 policías resultaron lesionados, dos de ellos de gravedad. La administración estatal sostuvo que un grupo ajeno a la protesta inició las agresiones contra los agentes. Por su parte, familiares, organizaciones y participantes denunciaron detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza.

Para este lunes 12 de octubre, 18 de las 39 personas detenidas habían sido liberadas, aunque continuarán sujetas a las investigaciones correspondientes. La Fiscalía estatal señaló que entre los posibles delitos investigados se encuentran ataques a las vías de comunicación, lesiones y delitos cometidos contra representantes de la autoridad.

El conflicto ocurre en medio de una crisis hídrica que se ha agravado en la zona metropolitana y de cuestionamientos sobre el modelo de gestión del agua impulsado durante las dos últimas administraciones de Movimiento Ciudadano. Durante el gobierno de Enrique Alfaro Ramírez y en la actual administración de Lemus Navarro, la participación privada en proyectos de infraestructura y servicios públicos ha sido objeto de debate.

En julio pasado, Lemus descartó que su gobierno pretenda privatizar el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), aunque confirmó que se analizan esquemas de Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Operación, mediante los cuales empresas privadas podrían invertir, construir y operar infraestructura hídrica mientras el Estado conserva su propiedad.

La cooperación hídrica entre México e Israel también tiene antecedentes. En 2013, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, suscribió un acuerdo con la empresa estatal israelí Mekorot para recibir asistencia técnica y cooperación en materia de protección y remediación de acuíferos.

En Jalisco, además, el gobierno estatal suscribió en 2016 una carta de intención con el Technion-Instituto Israelí de Tecnología, orientada a la investigación y cooperación académica en áreas que incluían soluciones para el abastecimiento de agua. Estos convenios constituyen antecedentes de cooperación técnica y académica, pero no acreditan por sí mismos una privatización del SIAPA ni la participación actual de esas instituciones en la operación del organismo