En el Instituto Nacional Electoral (INE) no debía existir ninguna sombra de corrupción, y menos ante el proceso electoral de 2027, sostuvo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La primera mandataria fue consultada sobre la polémica surgida esta semana en torno a la consejera presidenta del organismo, Guadalupe Taddei, y su relación con un contratista que también es proveedor del instituto, luego de que se dieran a conocer videos en los que se revelaría un vínculo estrecho entre ambos.
Sheinbaum planteó que deben realizarse las auditorías que sean necesarias y que ninguna institución del país, incluido el INE, puede estar bajo sospecha. Precisó que su postura no equivale a la defensa que se hizo del instituto en el pasado, cuando se realizaron las marchas de “el INE no se toca”, que, en realidad, afirmó, protegían intereses propios. Aun así, agregó, la tarea de cuidar al órgano electoral corresponde a todas y todos.
Al ser consultada sobre si Taddei debería separarse temporalmente del cargo para facilitar las investigaciones, la presidenta respondió que ese paso depende de la propia funcionaria y de sus decisiones personales. Insistió en que el caso debe aclararse y transparentarse por completo, sin sesgos ni sospechas, sobre todo porque el proceso electoral, dijo, ya habría comenzado. “Todos debemos de cuidar las instituciones. Ahí y en ningún lado”.
Los señalamientos por presunta corrupción en las contrataciones del INE surgieron esta semana, luego de que se difundieran videos en los que la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, aparecía junto a uno de los principales contratistas del instituto. A ello se sumaron reportes sobre posibles vínculos de personas de su entorno con empresas que suministran material electoral al organismo.
La consejera rechazó la existencia de conflictos de interés y sostuvo que la Presidencia del INE no participa directamente en las adjudicaciones. En la sesión del Consejo General del jueves 22 de octubre, representantes del PRI y de Somos exigieron explicaciones, pero ella descartó renunciar a su cargo.
El caso surgió en la etapa preparatoria del Proceso Electoral Federal 2026-2027, que incluye la contratación de materiales y servicios para organizar los comicios.



















