El gobierno federal fortalecerá Talleres Gráficos de México para que produzca la mayor parte de la papelería electoral y reducir la dependencia de empresas privadas –identificadas como ‘coyotes’ por ser sólo intermediarias–, que han concentrado durante años los contratos en el Instituto Nacional Electoral (INE) y en los organismos públicos locales electorales (OPLES), indicó a lo largo de esta semana la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La propuesta de robustecer e incluso transformar a empresa estatal a TGM ocurre en medio de las investigaciones por presuntas irregularidades en las contrataciones del Instituto durante la gestión de Guadalupe Taddei, y de los antecedentes de proveedores que participan en este mercado desde por lo menos 1999

El gobierno federal apuesta por fortalecer y transformar Talleres Gráficos de México un organismo público descentralizado dependiente de la Secretaría de Gobernación con el objetivo de que la mayor parte de la papelería electoral que requieren el Instituto Nacional Electoral (INE) y las autoridades electorales, con precios justos y transparentes, y de este modo evitar el ‘coyotaje’ electoral de las empresas privadas.

El pasado 20 de octubre, Contralínea consultó a la jefa del Ejecutivo federal sobre la posibilidad de que la imprenta del Estado mexicano fungiera como una alternativa para garantizar la seguridad de los materiales electorales ante las investigaciones de presunta corrupción en la adjudicación de los contratos con empresas privadas, en ese momento respondió que solicitaría a la Secretaría de Gobernación realizar una revisión.

Nueve días después adelantó –durante su misma conferencia– que presentará una propuesta para que el organismo se consolide como una empresa con infraestructura suficiente para encargarse de la impresión del material electoral durante las siguientes elecciones.

“Vamos a presentar una propuesta para que Talleres Gráficos se vuelva una empresa como tal, con su consejo de administración y con observación externa porque ahí es donde tiene que producirse la mayor parte del material electoral”, dijo. La decisión del Ejecutivo federal responde a una estrategia para acabar con los coyotes electorales, es decir, empresas que se han dedicado a enriquecerse a través del erario público con contratos en el INE y en los organismos públicos locales electorales (OPLE).

“Acabamos con los mapaches electorales, ahora vamos a acabar con los coyotes electorales”, declaró Sheinbaum Pardo el 28 de octubre, al referirse a las empresas que obtienen contratos para fabricar y suministrar materiales utilizados en los procesos electorales.

La presidenta sostuvo que las controversias sobre los proveedores señalados no comenzaron con la administración de Guadalupe Taddei Zavala, sino que tienen antecedentes de más de dos décadas. Como ejemplo, mencionó a los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, propietarios de Cajas Graf y Corporativo Zeg, empresas actualmente señaladas por presuntas irregularidades en la obtención de contratos del INE.

Sheinbaum recordó que en 1999 los empresarios estuvieron relacionados con una controversia por la adjudicación de un contrato para elaborar material electoral en el Estado de México. Citó una publicación periodística del 20 de mayo de 2005, según la cual José Alfredo Hernández Casillas, entonces representante legal de Cartonera Plástica, estuvo involucrado en una adjudicación cuestionada que derivó en la renuncia del entonces presidente del Instituto Electoral del Estado de México, José María Sáinz Gómez, y en la salida del contralor Héctor Lara.

Con ello, rechazó que las controversias sobre las empresas proveedoras sean exclusivas de la actual administración del INE. “Se tiene que acabar con ese coyotaje de las empresas, porque hay muy pocas empresas, son como cuatro empresas que se dedican a la papelería electoral”.

Asimismo, pidió que la autoridad competente revise las contrataciones durante la presidencia de Taddei, pero que también incluya la de Lorenzo Córdova Vianello y de años anteriores para que determine si existen responsabilidades administrativas o penales. “Que ahora parece que es una cosa nueva, no, no es nueva y tiene que investigar la Auditoría Superior de la Federación, deslindar responsabilidades y presentar las sanciones administrativas y si es necesario penales”, sostuvo.

En noviembre de 2023, Contralínea publicó la investigación “A empresas ‘coyotes’, contratos por mil millones para material electoral”, en la que identificó a Cajas Graf, Corporativo Zeg y Formas Finas como compañías que obtenían contratos de organismos electorales sin acreditar capacidad propia suficiente para fabricar los materiales, como plantas, maquinaria y personal.

De acuerdo con esa investigación, entre 2018 y 2023 las tres empresas obtuvieron al menos 43 contratos por más de 1 mil 197 millones de pesos. El mecanismo descrito consistía en que las compañías ganadoras de las licitaciones subcontrataban a fabricantes que, a su vez, podían recurrir a otros proveedores, multiplicando los intermediarios entre la institución contratante y quienes realizaban la producción.

La investigación de esta casa editorial advirtió que este esquema podía elevar los costos y generar riesgos en los tiempos de entrega, la calidad y los controles de seguridad de los materiales electorales. También señaló la falta de supervisión suficiente sobre la producción, el número de boletas elaboradas y la destrucción de excedentes, aspectos fundamentales para proteger la documentación utilizada en las votaciones.

En ese contexto, la presidenta pidió que se revisen las adjudicaciones correspondientes a la administración de Taddei, pero también las de periodos anteriores, para establecer cómo se mantuvo la participación de los mismos grupos empresariales en las contrataciones electorales.

Fortalecer una imprenta que ya produce boletas

Como alternativa al esquema de contratación que cuestiona, la titular del Ejecutivo federal propuso fortalecer Talleres Gráficos de México, organismo público descentralizado que ya cuenta con experiencia en la impresión de documentación electoral.

El 28 de octubre, la presidenta planteó que Talleres Gráficos sea la instancia encargada de producir la papelería electoral. “Que es una empresa del Estado Mexicano para producir la papelería electoral toda”, dijo al explicar la alternativa frente a la concentración de contratos privados.

También dejó abierta la posibilidad de que continúen participando empresas particulares, pero bajo condiciones de competencia más amplias. “En todo caso si va a haber más empresas, pues que se compita y que sean muchísimas, no un grupo de empresarios que han estado ganando contratos y contratos y contratos desde hace tiempo en los institutos electorales estatales y en el Instituto Nacional Electoral también desde hace tiempo”.

La propuesta incluye mecanismos de vigilancia sobre la producción pública. Al respecto, Sheinbaum Pardo planteó que Talleres Gráficos cuente con un comité que supervise sus operaciones y garantice la transparencia. “Con sus imprentas y la transparencia de talleres, un comité que pueda revisar toda la transparencia, pero el fortalecimiento de los talleres gráficos del Estado mexicano y que ahí se produzca la papelería electoral”.

El fortalecimiento de la imprenta estatal busca reducir la intermediación privada y contar con mayores controles sobre la elaboración de la documentación electoral, por ello, se analizará la capacidad productiva, el equipamiento y los mecanismos de supervisión necesarios para que Talleres Gráficos pueda responder a las necesidades de los comicios.

Además, Sheinbaum Pardo cuestionó que la contratación se ha concentrado durante años en un número reducido de proveedores. Su planteamiento es que, además de fortalecer la capacidad pública de Talleres Gráficos, se amplíe la participación de empresas que puedan competir en la elaboración de los materiales electorales. “Que se abra todo eso”, planteó al referirse a la posibilidad de ampliar la competencia y sostuvo que en México existe capacidad empresarial para producir los distintos insumos que requieren los procesos electorales, desde papelería hasta otros materiales utilizados durante las jornadas.

Talleres Gráficos de México es un organismo público descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Gobernación, con personalidad jurídica y patrimonio propios. Su antecedente histórico se remonta a 1883, aunque quedó establecido como entidad descentralizada en 1999. Actualmente, sus actividades se concentran en la impresión de documentos oficiales, publicaciones y materiales que requieren condiciones especiales de seguridad y autenticidad.

Sin embargo, su actividad no se limita a la impresión editorial, sino que cuenta con experiencia en la elaboración de documentación electoral, cuya producción requiere controles para garantizar la seguridad, evitar falsificaciones y asegurar que los insumos lleguen en tiempo y forma a las autoridades encargadas de organizar los comicios. De hecho, TGM ya ha participado en procesos electorales federales, para las elecciones de 2020-2021, el Instituto Nacional Electoral aprobó que el organismo público imprimiera boletas y documentación electoral.

El reto para el gobierno federal es revisar sus capacidades técnicas y productivas, su equipamiento y sus mecanismos de administración y supervisión.