La investigación contra Inés Gómez Mont y su esposo el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga apunta a una presunta red de empresas fantasma y factureras utilizada para triangular recursos públicos, lavar dinero y evadir impuestos. El caso involucra contratos por cerca de 2 mil 450 millones de pesos con el sistema penitenciario federal durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, tres órdenes de aprehensión contra la exconductora y un procedimiento de extradición desde Estados Unidos que permanece pendiente para ambos.

Contratos con empresas fantasma por cerca de 2 mil 450 millones de pesos otorgados por el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, configuran el esquema de desvío de recursos públicos y el presunto lavado de dinero en el que habría participado la exconductora de televisión Inés Gómez Mont, informó la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos.

De acuerdo con la información dada a conocer por la titular de la Fiscalía General de la República (FGR) el pasado 2 de noviembre, Gómez Mont habría recibido en sus cuentas bancarias personales recursos de procedencia ilícita, provenientes del desvío de dinero público mediante empresas que facturan operaciones simuladas (EFOS).

Los contratos investigados fueron asignados entre 2016 y 2017, sexenio del priista Enrique Peña Nieto, con el organismo encargado de la administración de los centros penitenciarios federales y su objetivo era atender necesidades de seguridad del sistema penitenciario del país,

Godoy Ramos señaló que Gómez Mont cuenta con tres órdenes de aprehensión vigentes, todas emitidas por jueces federales: una solicitada por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita; las otras dos corresponden a investigaciones por defraudación fiscal equiparada.

En estos últimos casos, la FGR señaló que la exconductora televisiva habría declarado ingresos inferiores a los realmente obtenidos durante los ejercicios fiscales de 2014 y 2016, con lo que presuntamente omitió el pago de más de 13 millones de pesos en impuestos.

La fiscal informó que Gómez Mont fue detenida el pasado viernes 30 de octubre en Florida, Estados Unidos, por autoridades migratorias, debido a su situación irregular en ese país.

Aclaró que su detención no deriva de la ejecución de las órdenes de aprehensión vigentes en México, sino de su estatus migratorio que corresponde a las autoridades estadunidenses determinar.

Explicó que desde septiembre de 2025, la FGR solicitó a Estados Unidos la detención provisional de la exconductora con fines de extradición. Posteriormente, en coordinación con el Departamento de Justicia estadunidense, integró la petición formal y entregó las órdenes de aprehensión vigentes.

La abogada de la nación indicó que en las últimas semanas ambas autoridades intercambiaron información para avanzar en el procedimiento. Si se aprueba su deportación a México, la FGR ejecutará de inmediato la detención en cuanto entre al país.

Detalló que las empresas fantasma utilizadas para simular operaciones permitieron desviar dinero público y ocultar su destino, mientras que las operaciones de lavado de dinero buscan convertir esos recursos en ganancias privadas ilícitas, “cada peso desviado o no contribuido es un peso que deja de llegar a los programas y acciones que benefician a millones de personas”, afirmó.

Finalmente, la titular de la FGR precisó que Gómez Mont conserva la presunción de inocencia y que corresponderá a los tribunales mexicanos determinar su responsabilidad, con respeto al debido proceso.

Pendiente la extradición de Álvarez Puga

Los señalamientos por el presunto desvío de recursos públicos mediante contratos con el sistema penitenciario federal no sólo involucran a Gómez Mont, sino también a su pareja el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, identificado como presunto operador de una red de empresas factureras utilizadas para triangular recursos públicos y lavar dinero.

Ambos forman parte de las investigaciones que la FGR inició desde 2019, en las que también están señaladas cinco personas físicas y siete morales.

El empresario fue detenido por autoridades migratorias también en Florida en septiembre de 2025, por lo que el gobierno mexicano solicitó su detención provisional con fines de extradición. Sin embargo, la petición fue rechazada bajo el argumento de que el delito de delincuencia organizada que se le imputa no constituye un delito violento.

El pasado 19 de mayo de 2026, el gobierno de México informó que de las 269 solicitudes de extradición y detención provisional presentadas a Estados Unidos entre 2018 y el 13 de mayo de 2026 –entre ellas la de Álvarez Puga–, ninguna había derivado en la entrega de una persona: 36 fueron rechazadas y 233 permanecen pendientes.

El caso tuvo otro antecedente en marzo de 2025, cuando la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que, por resoluciones del Poder Judicial, tuvo que desbloquear las cuentas bancarias de Gómez Mont y Álvarez Puga, pese a las investigaciones que enfrentaban por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La resolución derivó de un amparo concedido en noviembre de 2023 y confirmado posteriormente por un tribunal colegiado. En cumplimiento de la sentencia, la UIF instruyó a las instituciones financieras reanudar los servicios bancarios de ambos. El entonces titular de la dependencia, Pablo Gómez Álvarez, cuestionó el fallo y atribuyó el desbloqueo a la corrupción en el Poder Judicial.