La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó operaciones financieras inusuales –es decir, que presentan indicadores de riesgo relacionado con lavado de dinero– en 25 personas físicas y 15 morales vinculadas con proveedores electorales, por lo que se les incorporó a la Lista de Personas Bloqueadas, informó el titular del organismo, Omar Reyes.
Durante la conferencia presidencial, el funcionario explicó que la medida derivó del análisis de movimientos de recursos que podrían estar relacionados con operaciones de procedencia ilícita.
Precisó que entre los indicadores identificados están la permanencia de dinero durante periodos muy cortos en una cuenta antes de ser transferido a otras, así como movimientos entre cuentas de personas que no muestran una relación comercial aparente.
Entre los casos que pueden llamar la atención de la autoridad, mencionó operaciones con cuentas de estudiantes y personas adultas mayores, lo que podría significar robo de identidad o uso de prestanombres, formas clásicas usadas para lavar dinero.
“No es una sola irregularidad, sino un conjunto de indicadores que pudimos identificar”, explicó Reyes, al referirse a los elementos que llevaron a la UIF a solicitar la inmovilización de recursos. El funcionario aclaró que el organismo todavía no cuenta con el número de cuentas bancarias involucradas ni con los montos correspondientes.
Al respecto, explicó que, después de recibir las solicitudes de bloqueo, la banca mexicana debe informar cuántas cuentas tiene cada persona física o moral incluida en la lista. Una vez que disponga de esos datos, la UIF podrá precisar el alcance financiero de la medida.
Sobre la identidad de las personas y empresas incluidas, Reyes señaló que el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito establece la confidencialidad de la Lista de Personas Bloqueadas. Por ello, la UIF únicamente puede compartirla con las instituciones financieras y no financieras encargadas de ejecutar la inmovilización de recursos. Añadió que la existencia de una carpeta de investigación también limita la información que puede hacerse pública.
La medida fue anunciada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mediante un comunicado en el que informó que los análisis financieros permitieron identificar elementos de riesgo que ameritan la revisión de las autoridades competentes. La dependencia precisó que la incorporación a la lista es una medida administrativa preventiva y precautoria, por lo que no constituye una determinación definitiva de responsabilidad.
Asimismo, informó que la UIF presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue los hechos y determine las posibles responsabilidades conforme a derecho.
Reyes explicó que el análisis se realiza a partir de reportes de operaciones inusuales o sospechosas remitidos por los sectores bancario y no bancario, así como por otros sujetos obligados. La unidad reúne esa información, la contrasta con sus bases de datos y evalúa si existen elementos para solicitar el bloqueo de cuentas.
El titular de la UIF también señaló que el organismo comparte información con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en el marco de un acuerdo de intercambio firmado en septiembre. Añadió que las investigaciones sobre la red de proveedores electorales se han desarrollado durante un periodo prolongado y recordó que Pablo Gómez, quien encabezó anteriormente la unidad, realizó los primeros bloqueos relacionados con el caso y presentó una denuncia ante la FGR.
