La iniciativa Carbono Biodiverso, en la Reserva de la Biósfera Sierra Gorda, Querétaro, vincula pagos de empresas por captura de carbono con la conservación de los bosques. En 2025, reportó más de 40 mil hectáreas conservadas, 400 beneficiarios y 52 millones de pesos generados anualmente. La secretaria Alicia Bárcena propuso documentar este modelo comunitario para replicarlo en otras regiones del país.

En la Sierra Gorda de Querétaro, empresas destinan recursos a la conservación de los bosques mediante un esquema que busca compensar parte de sus emisiones de carbono. El dinero llega a ejidos y propietarios que mantienen sus terrenos forestales y permiten que la vegetación se regenere a través del programa Carbono Biodiverso, impulsado por el Grupo Ecológico Sierra Gorda (GESG), organización que registra las áreas incorporadas y da seguimiento a las labores de protección.

En 2025, la iniciativa reportó 400 beneficiarios forestales, más de 40 mil hectáreas conservadas y 52 millones de pesos generados anualmente, de acuerdo con el secretario de Desarrollo Sustentable de Querétaro, Marco Antonio del Prete Tercero.

Esta experiencia llamó la atención de la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena Ibarra, quien visitó la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda los días 6 y 7 de noviembre. Durante el recorrido, propuso documentar el modelo para explorar su aplicación en otras regiones del país y planteó que las propias comunidades compartan sus conocimientos sobre la recuperación y el cuidado de los bosques.

La iniciativa parte de un esquema en el que la conservación se acompaña de beneficios para quienes realizan las labores en el territorio. Además de mantener la vegetación, los recursos permiten financiar actividades como vigilancia, mantenimiento de caminos y contratación de trabajadores para cuidar los predios.

Durante la primera jornada de la visita el 6 de noviembre, en Centro Tierra, en Jalpan de Serra, las familias participantes compartieron los cambios que han observado desde su incorporación al programa. En el ejido Escanelilla, la vegetación comenzó a recuperarse después de que la comunidad retiró el ganado, relató su representante Guadalupe Orduña. Con la incorporación de 317 hectáreas, el ejido obtuvo recursos para sostener las labores de conservación. “Aquí vivimos y aquí debemos de cuidar”, afirmó Orduña.

Los pagos también cubren tareas concretas. Esteban Ayala Silis los destina a pagar a quienes mantienen los caminos y accesos de su predio, mientras que Eugenio Arroyo Rodríguez explicó que ayudan a financiar la vigilancia para prevenir la tala ilegal. En El Pocito, Braulio Monroy pudo contratar personal para mantener sus terrenos y, con la recuperación de la vegetación, comenzó a encontrar de nuevo fauna que antes no veía.

Para Guadalupe Acuña Torres, cuyos padres trabajaron la tierra durante décadas, el programa representa una oportunidad para continuar cuidándola. “Este programa llega como un aire fresco para poder seguir cuidando nuestra tierra”, dijo.

De acuerdo con el GESG, los propietarios que participan aceptan retirar el ganado de las áreas incorporadas para permitir que el bosque se recupere de manera natural. Los recursos que reciben contribuyen a compensar ese cambio y a financiar el trabajo que requiere mantener la vegetación.

Bárcena destacó la participación de los habitantes en el origen de la reserva y la importancia de conocer los componentes de esta experiencia para identificar cuáles pueden aplicarse en otros territorios. “Fue una reserva creada por la gente, para la gente”, expresó.

El segundo día, el 7 de noviembre, la secretaria recorrió distintos espacios para conocer otras actividades relacionadas con la conservación y el aprovechamiento de los recursos locales.

En el ejido La Yerbabuena visitó un bosque de encino que se recupera desde que se retiró el ganado. También acudió al Centro de Acopio de Materiales Reciclables Los Montes y, en La Colgada, municipio de Pinal de Amoles, conoció el taller de una cooperativa de mujeres que elabora bordados inspirados en la biodiversidad de la sierra.

A partir de esta experiencia, la titular de la Semarnat propuso que ejidatarios y propietarios capaciten a comunidades de otras regiones. También planteó documentar, mediante los testimonios de sus habitantes, las acciones que permitieron recuperar los predios y la manera en que el programa contribuye a generar ingresos y empleos locales.

Una reserva con amplia biodiversidad

La Reserva de la Biosfera Sierra Gorda abarca 383 mil 567 hectáreas, equivalentes al 32.02 por ciento del territorio de Querétaro. Fue decretada área natural protegida el 19 de mayo de 1997 y, en 2001, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) la reconoció como Reserva de la Biosfera.

De acuerdo con el GESG, en la región hay 15 tipos y subtipos de vegetación, desde matorrales áridos hasta bosques de niebla, y alrededor de 2 mil 300 especies de plantas vasculares. Por su parte, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) ha documentado 131 especies de mamíferos en el polígono. Entre las especies en riesgo que habitan la zona figuran el jaguar y la guacamaya verde.

La diversidad de estos ecosistemas hace necesario mantener las acciones de protección, restauración y vigilancia, además de prevenir la tala ilegal y los cambios de uso de suelo que fragmentan los hábitats. En estas tareas, la participación de las comunidades permite dar continuidad al cuidado de los terrenos.

La organización comunitaria en la Sierra Gorda tiene una trayectoria de décadas. El GESG surgió de un movimiento ciudadano encabezado por Martha Isabel Pati Ruiz Corzo, quien impulsa la protección de la región desde hace unos 40 años, según lo documentó el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Desde 2014, la organización también colabora con el gobierno de Querétaro en un programa de huella de carbono financiado con recursos estatales.

Esta trayectoria permitió consolidar una iniciativa que vincula la conservación con la participación de empresas. Su funcionamiento también se relaciona con instrumentos fiscales que buscan incentivar la compensación de emisiones y canalizar recursos hacia proyectos ambientales.

Empresas financian la conservación

Desde el 1 de enero de 2022, la Ley de Hacienda de Querétaro incluye el impuesto por la emisión de gases a la atmósfera, que grava a las empresas con fuentes fijas de emisiones. Ese mismo año, el estado estableció el Sello Estatal de Bajas Emisiones de Carbono, cuyos lineamientos se publicaron el 7 de diciembre de 2022.

Las empresas podían obtener el sello con Unidades de Compensación de Emisiones (UCE), generadas por proyectos inscritos en el registro estatal, entre ellos Carbono Biodiverso.

Para el ejercicio fiscal de 2022, las compañías que obtuvieron el distintivo pudieron reducir la base gravable del impuesto; es decir, las toneladas de emisiones sobre las que se calcula el pago.

En mayo de 2023, las secretarías estatales de Finanzas y de Desarrollo Sustentable identificaron alrededor de 270 empresas con fuentes fijas de emisiones; de ellas, 113 habían cumplido con su obligación al 28 de abril. Ese mismo año, el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio del Prete Tercero, informó que 10 empresas se habían amparado contra el cobro.

La participación empresarial se ha mantenido. El GESG reportó que 47 empresas compensaron su huella de carbono mediante el sello durante 2025.

Durante la visita de Bárcena, el subsecretario de Medio Ambiente de Querétaro, Ricardo Javier Torres Hernández, explicó que las empresas pagan a través del GESG y que los recursos remuneran actividades de vigilancia, registro y verificación en campo.

El mecanismo vincula así a las empresas que buscan compensar sus emisiones con los propietarios de los terrenos incorporados al programa. Para dar seguimiento a los proyectos, el GESG desarrolló un protocolo propio de registro y mapeo, apoyado en un software de OpenForests que, de acuerdo con el sitio de la iniciativa, permite rastrear y verificar los datos.

Con ese protocolo, la organización contabilizó entre 2020 y 2024 un total de 357 mil 43 toneladas de dióxido de carbono equivalente, 32 mil 847 hectáreas dentro del proyecto y 228 certificados emitidos.

Los recursos también se reflejan en pagos directos a los propietarios. El 14 de agosto, el titular de la Sedesu informó que se entregaron pagos del Sello Querétaro a 35 ejidatarios y propietarios de Jalpan de Serra, Pinal de Amoles y Landa de Matamoros, por la conservación de 6 mil 932 hectáreas, asociadas con 27 mil 144 toneladas de dióxido de carbono equivalente.

El funcionario precisó que el dinero provino de la industria de Querétaro, El Marqués y San Juan del Río. En este esquema, las empresas financian las compensaciones, mientras que el gobierno estatal participa mediante el impuesto y el sello.

La conservación comunitaria en la agenda federal

La experiencia queretana se vincula con los esfuerzos federales para fortalecer la protección de los ecosistemas y ampliar los mecanismos de conservación. El 15 de septiembre de 2026, el Diario Oficial de la Federación publicó el Acuerdo Nacional por los Bosques, Selvas y Manglares, emitido por la Semarnat y la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

Entre sus prioridades están frenar la deforestación, impulsar la producción libre de deforestación, combatir la tala ilegal y fortalecer el pago por servicios ambientales con participación del sector privado.

En este ámbito, la Semarnat informó el 1 de octubre de 2025 que había incorporado 250 mil 287 hectáreas al esquema federal de pago por servicios ambientales. De esa superficie, el 22 por ciento se encontraba en áreas naturales protegidas y el 67 por ciento, en territorios indígenas.

Un mes antes, en septiembre de 2025, Bárcena había presentado ante la Organización de las Naciones Unidas la meta de reducir alrededor de 175 millones de toneladas de carbono equivalente en diez años y reforestar 220 mil hectáreas.

A la par de estos esquemas, el gobierno federal trabaja en instrumentos para asignar un precio a las emisiones. El subsecretario de Desarrollo Sostenible y Economía Circular, José Luis Samaniego Leyva, ha señalado que el país atraviesa una etapa inicial de consolidación en esta materia.

Por su parte, la funcionaria de la Semarnat Norma Munguía adelantó que el Sistema de Comercio de Emisiones, cuya fase piloto comenzó en 2020, entraría en operación a más tardar a principios de 2027. El mecanismo permitiría a las empresas reguladas comprar créditos nacionales para cubrir parte de sus obligaciones.

En los estados también existen instrumentos para relacionar las emisiones con proyectos de compensación. Según el GESG, Querétaro y Colima aceptan certificados de compensación de emisiones, mientras que otras 12 entidades cobran impuestos relacionados con el carbono.

La diversidad de mecanismos muestra que la conservación puede financiarse mediante distintas vías, de acuerdo con las condiciones y los instrumentos disponibles en cada entidad. La experiencia de Querétaro aporta un ejemplo de cómo combinar la participación de las comunidades con recursos privados y herramientas de seguimiento.

Documentar la experiencia para llevarla a otras regiones

La propuesta de Bárcena consiste en conocer a fondo cómo se organizó Carbono Biodiverso, cuáles han sido sus resultados y qué elementos podrían aprovecharse en otras partes del país. La trayectoria del GESG, la participación de los propietarios, la colaboración con el gobierno estatal y los instrumentos que permiten canalizar recursos forman parte de esa experiencia.

Llevarla a otras regiones requerirá considerar las condiciones de cada territorio. Las necesidades de ingresos de los ejidos, las actividades económicas que realizan, el estado de la vegetación y las amenazas que enfrentan sus terrenos varían de una zona a otra. Por ello, la incorporación de nuevas comunidades tendría que construirse mediante acuerdos con sus habitantes y con una definición de las labores de conservación que pueden sostenerse.

También será importante documentar los resultados ambientales: las superficies incorporadas, las acciones realizadas en cada predio y los mecanismos para verificar la captura de carbono y la continuidad de las labores de protección. Estos registros permiten conocer el alcance de los proyectos y dar seguimiento a los compromisos asumidos.

En la Sierra Gorda, los testimonios de los propietarios muestran cómo los recursos destinados a la conservación se traducen en vigilancia, mantenimiento de caminos, contratación de trabajadores y recuperación de la vegetación. Son tareas que contribuyen al cuidado de los bosques y que, al mismo tiempo, permiten a las comunidades mantener sus actividades en el territorio.

Por ello, la Semarnat busca que esa experiencia pueda servir de referencia para otras regiones. Como planteó Alicia Bárcena durante su visita, el primer paso es documentar el modelo con la participación de quienes lo han construido, para identificar las condiciones que permitan fortalecer la conservación comunitaria en otros puntos del país.