Jorge Ledesma*

 

El 3 de octubre pasado, en las cercanías de Ciudad Acuña, Coahuila, fue descubierto el cuerpo de José Eduardo Moreira Rodríguez, hijo del exgobernador Humberto Moreira. El asesinato cimbró a la clase política del país, donde la criminalidad, desde la irrupción de la pareja presidencial Fox-Sahagún, ha sentado sus reales de sanguinaria manera, corrompiendo estructuras medulares de funcionarios gubernamentales, socios de los capos, quienes los consideran iguales entre los suyos.

 

La ejecución del joven Moreira es resultado –según distintos medios de información– de una venganza del líder de Los Zetas, Miguel Ángel Treviño Morales, por la muerte de su sobrino Alejandro Treviño Chávez, quien cayó en combate contra la policía estatal una semana antes en la zona, justificando el móvil con narcomantas con el lema: “familia por familia”.

 

El control absoluto de la delincuencia sobre la autoridad fue desnudado grotescamente por la participación “aleatoria” –término novedoso en la jerga, mas qué incoherente, utilizado por la Procuraduría General de Justicia de Coahuila– del subdirector operativo de la policía de Ciudad Acuña, Rodolfo Castillo, y de elementos a su mando, quienes entregaron a la víctima a sus asesinos, según los resultados de las investigaciones.

 

La villanía irreparable cometida en contra del indefenso muchacho de 25 años debe ser castigada con la máxima severidad de la ley. Sin embargo, es una deferencia que raya en burla a las familias de otras miles de víctimas inocentes, cuyas demandas de justicia no han sido atendidas. Conducta elitista que causó la repulsa popular en las redes sociales, cuando se trata además de una muestra de solidaridad a un político estigmatizado como depredador en el ejercicio de la función pública, irónicamente expuesto rudamente con fines electorales hace dos años por el mismo gobierno que ahora lo apoya públicamente en forma desmesurada.

 

Esto confirma que en México sólo los encumbrados son proclives a la distinción de recibir justicia y a la mera lambisconería política de Felipe Calderón al gobierno priísta entrante.

 

 

En otras latitudes, también en octubre pero de 2008, fue asesinado cobardemente en Zapopan, Jalisco, el abogado de 25 años de edad Jorge Ledesma Rojas (hijo de quien esto escribe), quien trabajaba como secretario relator del Consejo de la Judicatura de Jalisco.

 

La agresión, derivada de una discusión baladí al interior de una discoteca, degeneró en golpes. La peor parte se la llevó el narcotraficante Moisés Montiel Figueroa –el Moy Valencia, en Jalisco, o el Chirris, en Petatlán, Guerrero–, quien ordenó con voz altisonante y ante numerosos testigos dispararle a Jorge. Su hermano Gustavo Montiel, jefe de los sicarios, ejecutó el imperativo.

 

Perpetrado el crimen, los homicidas huyeron por la parte trasera con ayuda de los dueños del establecimiento, Édgar Moreno Prats y Hugo Ramírez Rosales, prestanombres del crimen organizado (ambos ya asesinados), quienes habían permitido entrar al establecimiento a los Montiel pese a que portaban armas de fuego. Los parroquianos los señalaban como responsables de realizar los disparos.

 

La actitud de los “narquillos prepotentes” (así dicen los declarantes en la averiguación previa 225/2008 HI de la Procuraduría General de Justicia de Jalisco) de asiduas visitas a los principales antros de la zona, hizo posible su rápida identificación tanto por clientes como por empleados del lugar.

 

Pese a los elementos de prueba, la averiguación previa permaneció estancada debido a que los Montiel Figueroa eran parte del grupo criminal dueño de la plaza, mismo que había financiado la campaña política del gobernador Emilio González, y que por tanto no serían perseguidos. El procurador del estado, Tomás Coronado, recibió 20 millones de pesos para asegurarles impunidad.

 

Personal de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) lo considera un sujeto despreciable, capaz de cualquier canallada, y quien en insólito y vergonzoso caso fue indiciado –¡en funciones!– por la propia PGJ de Jalisco (averiguaciones previas 010935/2007/039-24 y C/1737/SEX, por prostitución y pornografía infantil, además de tener otras dos acusaciones en el ámbito federal: la averiguación PGR/ FEVIMTRA/054/2008 por trata de menores y violencia contra la mujer, y la SIEDO/2010/DORN/5034, donde Tomás Coronado es señalado por policías ministeriales de dirigir una banda dedicada al robo de tráileres).

 

Por si fuera poco, y para ejemplificar el nivel de inmoralidad y corrupción irradiado por la PGJ en tiempos de este megadelincuente oficial, en julio de 2011 se subió a You Tube un video que muestra a cinco funcionarias en las oficinas de la PGJ con desnudistas y alcohol en horario laboral, encabezadas por la titular de la Fiscalía de Delitos Sexuales, Italia Medina Flores, quien festejaba su cumpleaños.

 

El 4 de febrero de 2009, algunas llamadas telefónicas alertaron al personal de la Secretaría de Marina (Semar), en Puerto Vallarta, Jalisco, de que un peligroso narcotraficante del cártel de Los Valencia se encontraba en un hospital de la localidad (averiguación previa 328/2009), después de resultar herido en una cantina de Tomatlán. Fue detenido Moisés Montiel en compañía de su hermano Gustavo; ambos fueron entregados a la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). Esta institución cambió de nombre en septiembre pasado, para convertirse en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

 

Que estos dos sujetos hubieran sido detenidos me acercó al director de Homicidios de la Procuraduría, Carlos Alberto Rayas, quien dictó la orden de arraigo 01/2009-B en contra de los hermanos Montiel para que, en caso de ser liberados por la actual SEIDO, fueran entregados a la Procuraduría de Jalisco por el homicidio del abogado Ledesma Rojas.

 

Se realizaron una serie de cateos en contra de propiedades de los asesinos con miras a fortalecer el proceso judicial que encerraría por muchos años a Moisés Montiel, lo que no fue posible por la ejecución de Carlos Alberto Rayas –ordenada por los hermanos Valencia desde el centro de arraigo de la PGR en el Distrito Federal– un mes después en Guadalajara.

 

Los narcoasesinos de tercera generación fueron liberados por la SIEDO. No obstante, el licenciado Carlos Alberto Rayas había remitido ya tres averiguaciones previas donde los sicarios aparecen como miembros del crimen organizado. Finalmente fueron puestos a disposición de la PGJ de Jalisco y encerrados en el Centro de Readaptación Social de Puente Grande, Jalisco.

 

Al iniciar las investigaciones, la PGJ evitó dolosamente concentrar la atención sobre el autor material del homicidio y dejó libre a Gustavo Montiel a pocos días de su arraigo, para luego, merced a otros 20 millones de pesos pagados a los magistrados Gilberto Garabito y Guillermo Valdez, y ante la oposición del magistrado Félix Luna –que acusó en voto particular a sus colegas de violar el Artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos–, se revocó el auto de formal prisión a Moisés Montiel, quien abandonó sigilosamente la cárcel en octubre de 2009.

 

A la fecha no hay nadie en prisión por el homicidio de mi hijo, aun cuando existen indicios irrefutables de que los sanguinarios hermanos Montiel son protegidos por mandos corruptos del Ejército en Jalisco, por su pertenencia al cártel de los Beltrán Leyva.

 

Considero que el protector de los Montiel es el procurador Coronado, además de inductor principal en la exoneración de los asesinos de marras y el nefasto gobernador del estado, Emilio González, por proteger a ese gánster a cambio de apoyo electoral, y dejar que Coronado se hinche los bolsillos al vender impunidad. Es la complicidad la que a nivel regional permite a gobernadores, procuradores y alcaldes asociarse impunemente con el crimen organizado, lo que permite la comisión de actos delictivos. Por eso cuando cae un capo las organizaciones no paran operaciones ni ven menguado su poderío, ya que el andamiaje oficial de protección está presto para recibir al sucesor.

 

Los mandos militares, con pleno conocimiento de esta asociación delictuosa, disimulan al obedecer a rajatabla la política desplegada desde la Presidencia de la República, de no actuar contra los protectores políticos de la delincuencia organizada porque afectarían sus negocios personales.

 

Un escenario desgarrador en el que, muy orondo, Felipe Calderón dilapida miles de millones de pesos recorriendo el país a manera de despedida, “orgullosamente satisfecho de la misión cumplida”. Vaya cinismo, cuando las cortes internacionales lo esperan para ser juzgado por genocida. Justo sería que el gobierno federal entrante lo encarcelara y lo hiciera pagar por su conducta criminal y el empobrecimiento generalizado de la población.

 

Miles de mexicanos agraviados lucharán sin tregua para que Felipe Calderón esté en la cárcel, igual que Tomás Coronado, Emilio González Márquez y, por supuesto, los cobardes narcoasesinos Moisés y Gustavo Montiel Figueroa.

 

 

 

Fuente: Contralínea 310 / Noviembre de 2012