Enclavado en el corazón de la Selva Negra chiapaneca, el municipio de Sitalá se ubica en el noveno lugar de pobreza en el país y en el primero en grado de marginación, según dependencias gubernamentales. La muerte por enfermedades curables es una tragedia constante que padecen los indígenas tzeltales de la región. La gente sabe que un dolor de estómago o una fiebre pueden terminar con la vida: la lejanía del hospital “más cercano” y la falta de recursos para el traslado y los medicamentos hacen que, resignados, esperen el alivio o el fallecimiento. Al tiempo, otra enfermedad los asola: el alcoholismo. Los niños, desde los 7 años, se convierten en adictos mientras trabajadores empeñan sus herramientas para conseguir el trago. Algunos beben a diario hasta por 3 meses
Sitalá, Chiapas. A lo lejos, sostenido con dos postes de acero gris, un letrero verde –recién pintado– con el nombre del municipio, en color blanco, avisa la entrada a uno de los lugares más pobres del país. La carretera es una de las pocas calles pavimentadas de la localidad.
Poco a poco, la humedad del ambiente se fusiona con el calor del mediodía. Producto del bochorno que se intensifica con el paso de los minutos, en las banquetas, jóvenes levantan sus playeras descubriendo su abdomen. Todos sudan a pesar de ser un día nublado. Es la Selva Negra chiapaneca.
A media hora de distancia del lugar se ubica la comunidad Guadalupe Jagualá. Es día de fiesta en el pueblo y la prueba de sonido comienza. El eco de los timbales empieza a resonar en la accidentada geografía del lugar y se mezcla con el cacareo de los gallos. Alonso utiliza una piedra como asiento en el patio de su casa. Tiene 25 años y trabaja para el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos: levanta encuestas. Su salario no es fijo, le pagan 300 pesos por cada sede encuestada. Hay meses en los que sólo lo llaman para trabajar en una sede.
“Aquí en la comunidad no tenemos servicios de salud, no hay clínicas ni doctores. Cuando alguien se enferma tiene que ir hasta Ocosingo para ser atendido”, explica con nerviosismo, debido a las miradas curiosas de sus familiares y vecinos que han salido de los caseríos para escucharlo.
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El trayecto a Ocosingo implica, por lo menos, dos horas, y la mayoría de habitantes de la comunidad no tiene dinero para cubrir los costos del pasaje. “La gente se enferma de calentura [como le llaman en muchas zonas del país a la fiebre], tos y diarrea, pero no tenemos recursos para comprar pastillas y la enfermedad avanza hasta que [la gente] se muere”.
—¿Esperan que la enfermedad se cure sin atención médica?
—Sí. Pero a veces no se cura –responde, mientras clava su vista en el suelo. Se traga su indignación.
Su casa tiene piso firme debido a que recibieron apoyos de un programa de gobierno; no obstante, sólo alcanzó para ponerlo en una habitación y ya se empezó a destruir. Los vecinos caminan con cuidado para no tropezar con las varillas oxidadas que emergen.
Alonso comenta que la falta de acceso a servicios de salud es el problema más grave de Guadalupe Jagualá. “La muerte por enfermedades curables es cotidiana”, señalaba el subcomandante Marcos a los pocos días del alzamiento zapatista. Hoy en algunos lugares sigue siendo una ignominiosa realidad.
De piel morena, corte de cabello tipo militar –disimulado por el gel– y ataviado con una camisa beige fajada en un pantalón de vestir humilde, pero con la línea del planchado perfectamente marcada y unos tenis maltratados pero limpios, Alonso explica que un campesino gana aproximadamente 50 pesos al día, por lo cual, las familias no tienen recursos para recibir una atención médica de calidad.
“Yo soy pobre. El gobierno tiene que vernos; esto se tiene que dar a conocer”, comenta.
Los olvidados
En 2010, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) ubicó al municipio selvático en el noveno lugar nacional en pobreza y sexto en el nivel estatal.
De acuerdo con el organismo, al menos 11 mil 839 de las 12 mil 269 personas que habitan Sitalá son pobres. Lo anterior equivale al 96.5 de su población.
El estudio del Coneval toma como base las dimensiones económicas y sociales que señala la Ley General de Desarrollo Social; es decir, ingreso, rezago educativo, acceso a los servicios de salud, a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda, acceso a la alimentación y grado de cohesión social.
De acuerdo con la ley, el organismo tiene que medir la pobreza estatal cada 2 años y la municipal cada 5; para lo cual tiene que tomar en cuenta la información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
En Chiapas, Sitalá se ubica debajo de Aldama, con 97.3 por ciento de su población en pobreza; San Juan Cancuc, también con 97.3 por ciento; Chalchihuitán, con 96.8 por ciento. San Andrés Duraznal y Santiago el Pinar comparten, al igual que Sitalá, la decadente cifra de 96.5 por ciento.
“Contar con estimaciones de pobreza a nivel municipal contribuye a fortalecer la rendición de cuentas en el país y a mejorar la planeación de la política de desarrollo social”, señala el Coneval.
De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Sitalá no sólo es uno de los municipios más pobres de la entidad, sino también el más marginado. En diciembre de 2011, la Secretaría publicó en el Diario oficial de la federación el Decreto de la Declaratoria de Zonas de Atención Prioritaria para el año 2012. En ésta se precisa que el municipio tiene un grado de marginación “muy alto”, por lo cual ocupa el primer lugar a nivel estatal y el séptimo a nivel nacional en esa categoría. El municipio chiapaneco que le sigue es Chalchihuitán, en el lugar 16.
La cabecera municipal de Sitalá cuenta con pocas calles pavimentas, la mayoría son estrechas. Las casas están hechas con adobe y techos de teja, las ventanas con marcos de madera. No alcanza para más.
Antonia Gómez mira con cierta desconfianza a los caxtlanes (como denominan los indígenas tzeltales a los mestizos). Su rostro, además de cansancio, refleja tristeza. Tiene 40 años y seis hijos. Es regidora del municipio y originaria de Golonchán Viejo, comunidad en la cual fueron asesinados por el Ejército Mexicano 12 indígenas que reclamaban sus tierras en 1980.
La regidora explica que la falta de agua potable en la cabecera municipal es constante. El sistema para que llegue ésta a las viviendas funciona a través de una bomba que pocas veces sirve. “Cada tercer día reparten el agua en las casas. Pero para los que no tienen un tanque Rotoplas no es suficiente. Esto ha traído enfermedades a la población”.
Antonia viste una falda larga en color negro, adornada con líneas de varios colores y una blusa blanca con un cuello morado en forma semicircular. Completa su atuendo con un collar ámbar y listones azul pastel en su cabello trenzado. Actualmente vive en San Joaquín, donde al igual que en Guadalupe Jagualá, la gente se enferma mucho de tos y fiebre. “Tenemos que ir hasta Altamirano para atendernos, pero hacemos cuatro horas de camino”.
Para llegar a Altamirano, los habitantes de San Joaquín tienen que caminar una hora en subida el monte hasta Golonchán. Ahí abordan una camioneta que les cobra 700 pesos hasta Altamirano. Una vez ahí, tienen dos opciones: atenderse en el centro de salud local o en la clínica de las monjas. Ya atendidos, tienen que contar con 700 pesos más para el pasaje de regreso.
A diferencia de las que se encuentran en la cabecera municipal, las viviendas de San Joaquín son todas de barro: una mezcla de lodo y carrizo. “El gobierno no da apoyos para construir las casas”, señala Antonia.
Hasta hace unos meses, San Joaquín podría asemejarse a los pueblos del siglo XIX: utilizaban candiles para alumbrar en la oscuridad de la noche. Apenas la Comisión Federal de Electricidad está instalando el sistema que Thomas Alba Edison inventó en 1879.
Cobertura en salud, según el gobierno
En 2009, el Congreso chipaneco aprobó una reforma para garantizar el cumplimiento de los Objetivos del Milenio, impulsado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU); entre éstos destacan: erradicar la pobreza y el hambre y lograr la enseñanza primaria a nivel universal.
La Secretaría de Desarrollo y Participación Social de Chiapas, en entrevista con Contralínea, señala que dichos objetivos se han convertido en la principal estrategia para erradicar la pobreza.
“La Agenda ONU-Chiapas se basa en la promoción de la salud, la educación y el ingreso. La ejecución de dicha agenda ha provocado que se inyecten mayores recursos para sistemas de agua potable y saneamiento; también se ha logrado la ampliación de la red de infraestructura de salud, con ello se ha garantizando el abasto de medicamentos; así como la cobertura y la oferta educativa”, explica la dependencia.
En materia de salud, “se ha hecho un esfuerzo extraordinario en los 28 municipios con menor Índice de Desarrollo Humano (IDH), entre los que se encuentra Sitalá, para ampliar la infraestructura física de los servicios”, agrega.
Según la dependencia, “se crearon tres hospitales básicos comunitarios de 12 camas en las cabeceras municipales de Chamula, Larráinzar y Chalchihuitán; y tres más están en proceso de construcción en las cabeceras municipales de Salto de Agua, Oxchuc y Chalchihuitán”.
También informa que se crearon centros de salud con servicios ampliados en cuatro municipios, uno de ellos en Sitalá.
En 2005, explica la Secretaría, sólo nueve de cada 100 personas eran atendidas por alguna institución pública o privada en los 28 municipios; ahora son 60 de cada 100.
Alcoholismo, la enfermedad silenciosa
El alcoholismo está acabando con la comunidad, explica Santiago, esposo de Antonia. “En Sitalá, mucha gente está muriendo por la cirrosis a causa del alcohol. Tan sólo en la cabecera [municipal] hay por lo menos 40 lugares donde se comercializa el alcohol; donde quiera hay: aquí, allá, por mi casa, en la bodega”, comenta, mientras señala con el dedo índice distintas direcciones.
En el municipio, el aguardiente no se vende por litro, sino por costales. Los habitantes compran por mayoreo. Pacientemente, juntan los 800 pesos para poder comprar 50 litros. Los vendedores no tienen descanso. La demanda por el trago hace que nunca cierren sus locales: funcionan las 24 horas del día. En contraste, el hospital sólo tiene servicio de lunes a viernes. En tono sarcástico, Santiago comenta que tratan de no enfermarse los fines de semana.
Recientemente un grupo de pobladores –Santiago y su esposa entre ellos– propusieron una medida que autorizara el consumo y venta del aguardiente sólo de las 09:00 a las18:00 horas. Sin embargo fracasaron: la comunidad rechazó la propuesta y todo siguió como antes.
“Hay muchos conflictos por el alcohol, mucha violencia. La gente roba para poder comprar el vicio; después, con los efectos, la gente hace daño; hace 3 años violaron a dos estudiantes del Colegio de Bachilleres y a una de la secundaria”, comenta Santiago, mientras su esposa lo observa atenta.
Los bolos, como se les nombra a los borrachos, ingieren aguardiente sin descansar un sólo día hasta por tres meses. Uno de ellos es el suegro de Santiago. El señor de 59 años bebió durante dos meses completos. “Mi suegro ahora está inflado de la panza, en Altamirano nos dicen que tiene agua en varios lados del estómago, y la tiene que ir desechando con la orina”.
—¿Por qué bebió tanto durante todos esos días??–se le inquiere en espera de una razón. Pero la respuesta es tajante.
—Pues así… Nada más por el puro gusto –Santiago reflexiona un momento–. Esto ya es un vicio, acá [en Sitalá] hasta las mujeres y los estudiantes se embriagan. Antier vi a un chamaquito de 7 años perdido por el alcohol: iba por las calles perdido, sin saber por dónde caminar, iba en dirección contraria a su casa, estaba bañado de lodo. Por suerte no se le perdió la vida.
El alcohol es traído de San Cristóbal de las Casas. En cada viaje, los vehículos transportan 1 mil 500 litros de aguardiente para vender entre la población del municipio más pobre del estado.
Manuel Cruz, colaborador del Centro de Derechos Indígenas, AC, considera que el alcoholismo en Sitalá es un problema cultural. Explica que en el siglo pasado la gente del municipio vivía en situación de esclavitud en los ranchos: los rancheros pagaban con alcohol y no con dinero.
Además, “no toda la gente lo bebe, también sirve para uso medicinal. Se mezcla con plantas y es muy bueno para el espanto. Los abuelos lo utilizan mucho para el dolor de hueso o de cabeza. Los bebés son bañados con aguardiente cuando salen a otro lugar fuera de su comunidad, de lo contrario se cree que su alma se quedará allá. En las fiestas de los pueblos el licor se vacía en los manantiales. Y cuando un novio va a pedir la mano de su novia, lleva un poco de alcohol”, señala Manuel.
“No sé si pueda haber una solución a este problema. El gobierno estatal dice que no se puede prohibir el alcohol porque su venta genera ingresos; y el gobierno municipal es sobornado por los vendedores para que no tengan dificultades”, indica Santiago.
Otra propuesta para inhibir el alcoholismo y que resultó un fracaso fue tratar de cobrar un impuesto a los vendedores. Sin embrago, algunos indígenas no cejan en sus esfuerzos por erradicar el mal que llega de San Cristóbal. Ahora planean cobrar una indemnización a los expendedores para las familias de quienes mueren a consecuencia de ese vicio.
“No sé si exista un mecanismo para erradicar el alcohol, me da mucha tristeza por Sitalá; hay mucha gente que ya no trabaja, los albañiles ya no tienen ni herramientas ni casa. Nada. Todo lo han perdido por la bebida”, expresa el esposo de la regidora.
Educación marginal
Víctor Hugo López, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casa, AC (Frayba), explica a Contralínea que en la agudización de la pobreza se encuentra el origen a otros problemas en los que se violan los derechos humanos: la disputa por el territorio, la migración, la ocupación ilegal de tierras, la creación de proyectos sin el consenso de las comunidades…
El director del Frayba señala que la pobreza es, ante todo, una violación flagrante a los derechos humanos. Los más pobres, indica, no sólo en el estado sino en todo el país, son desde hace siglos los pueblos indígenas.
“Mucha gente está migrando por la pobreza en el campo y en la productividad. La gente no tiene acceso a la salud, al agua potable, a la luz eléctrica, ni a la educación. Hay una pérdida de esperanza entre la población para que el Estado les brinde lo necesario.
“En materia de justicia, muchos indígenas, por ser pobres, están en la cárcel: algunos piden 500 pesos en una caja de ahorros o a Elektra y al no poder pagar los intereses terminan ahí. Además, no tienen dinero para agilizar los trámites ni para un abogado, y el juicio no es traducido a su lengua”, explica el defensor de derechos humanos.
Víctor Hugo López comenta que Chiapas es un estado rico en recursos naturales: se tienen represas, lagos, ríos; pero, contradictoriamente, no se cuentan con los servicios básicos.
Además, explica que la Sedesol ha impulsado fines contrainsurgentes. Los programas, como Oportunidades, dividen a las comunidades, pues se les entregan a unos cuantos. Así planean tener un control social para que los pueblos no se organicen y no resuelvan con sus propios recursos su situación de pobreza.
José Santíz Gómez ha sido maestro de primaria por más de 27 años. Tiene 53 años de edad. Hace 1 año que da clases en Guadalupe Jagualá a 46 niños. Es el único maestro en una escuela que consta de tres aulas pequeñas, de tabique con techos de lámina de aluminio. Uno es usado como cuarto para que viva el maestro, los otros dos fueron acondicionados como salones. Ahí, casi a diario, son amontonados los niños de entre 6 y 13 años de edad.
“En la década de 1980 los maestros tenían que atender, en promedio, a 25 o 30 alumnos; ahora son 60 alumnos para un solo maestro. Esto implica un problema: el alumno de primer grado necesita más atención y los demás se van abandonando por la política del gobierno”, explica el profesor.
Santíz Gómez es originario de Oxchuc, municipio que se encuentra a 2 horas de distancia de la escuela. Al mes gana 4 mil 100 pesos, insuficientes debido a los traslados que hace a su hogar cada semana.
Más que su economía, al profesor le preocupan sus alumnos. “No tenemos salones adecuados, ni préstamos del gobierno para servicios educativos de la comunidad. Queremos gestionar apoyos para un mejoramiento de la escuela, pero desgraciadamente no sueltan el dinero. Fuimos a pedir un botiquín de emergencias a Sitalá porque los niños llegan con temperatura alta y dolor de cabeza y estómago, pero la licenciada dijo que no había.”
Lodoso, el patio de la escuela acumula montones de arena no utilizada. Ahí mismo se observa un trazo rectangular que supuestamente servirá algún día para instalar una cancha de basquetbol.
Santíz Gómez no guarda esperanza de cambio con los nuevos gobiernos estatal y federal. “La corrupción en los dos [niveles] no ha terminado. Dicen que quieren a los indígenas y que entregan viviendas, ¿dónde están las viviendas? No hay recursos”.
Hacinados
La Secretaría de Desarrollo y Participación Social de Chiapas señala que, a partir de 2005, más de 500 mil chiapanecos que no tenían acceso a agua potable, en sus 28 municipios pobres, cuentan con el servicio. En ese sentido, el agua entubada llega al 71.6 por ciento de las viviendas particulares.
Asimismo, explica que el incremento en la cobertura de drenaje entre 2005 y 2010 en esos municipios fue de 13.6 por ciento, lo que significó que 350 mil personas obtuvieran el beneficio. Esto significa el 50.4 por ciento del total de las viviendas.
De acuerdo con cifras del Coneval, en 2008 el 36.6 por ciento de la población chiapaneca se encontraba en pobreza extrema;?y, para 2010, el porcentaje bajó a 32.8; es decir, al 2.8 por ciento de la población del estado se le dejó de incluir en ese rubro.
“El avance en desarrollo humano ha sido más acentuado en los municipios más pobres de Chiapas; el progreso se ha logrado en un periodo corto, debido al esfuerzo sin precedentes del gobierno federal y estatal. Con la estrategia de focalización del gasto, la inversión estatal en los 28 municipios con menor IDH tuvo un importante cambio, al pasar de 391 millones de pesos en 2006 a 3 mil 55 millones de pesos en 2010; es decir, casi nueve veces lo que se invertía en el pasado”, explica la Secretaría.
En 2011, el gasto de inversión que se destinó a los 28 municipios con menor IDH ascendió a 1 mil 256 millones de pesos, cifra que incluye recursos de los gobiernos federal y estatal, además de subsidios, fideicomisos y otros. “Un hecho que refleja una vez más la lealtad de colaboración y suma de voluntades”, señala la dependencia.
Víctor Hugo López explica que, en cuestión de vivienda, los techos de lámina en muchas comunidades son un lujo: “hay gente que vive bajo techos de nailon; la mayoría de casas se edifican con lodo y no hay interés del estado para que la gente tenga una vivienda digna. No sólo [se trata de] poner el piso, sino por lo menos poner las cuatro paredes y el techo.
“Cada que se cambia de gobierno se cambian de color las paredes: hace 6 años se pintaron de verde, este gobierno las pintó de anaranjado, el próximo veremos de qué color las pinta; es literalmente un maquillaje. Es peligroso que [el gobierno] no garantice una vida digna: la delincuencia, al menos, garantiza la sobrevivencia”, indica el director del Frayba.
Escondida entre la vegetación selvática se encuentra la casa de Abelardo Pérez Martínez, campesino que gana 50 pesos al día por trabajar milpas ajenas. No siempre puede hacerlo. También tiene que cultivar la suya, pero esos días no recibe pago.
Tiene 36 años de edad y siete hijos. El mayor tiene 14 y va en la secundaria. Todos los días invierte 20 pesos para el pasaje de su primogénito.
Abelardo no dispone de suficiente terreno para sembrar. En su localidad, cada familia tiene una hectárea y media, que sólo es utilizada para el autoconsumo. Hasta ahora, el hombre no ha recibido apoyos para comprar materiales de construcción o para reparar su casa, afectada por las fuertes lluvias.
Su vivienda, construida con madera, sólo tiene un cuarto de 2 por 4 metros, con piso firme (único apoyo que le ha dado el gobierno). Ahí cada noche, hacinados, duermen los nueve integrantes de la familia en un catre improvisado con maderas y telas que fungen como colchón.
Ropa roída cuelga de unos frágiles tendederos; botes de plástico y una pala son todo su patrimonio. Sus hijos no conocen otra forma de vida: alegres, juegan entre la madera y los botes.
No obstante, si uno de ellos se enferma, Abelardo gasta por lo menos 200 pesos entre medicamentos y pasajes.
Su esposa recibe cuatro becas de 800 pesos cada dos meses. Se trata del programa federal Oportunidades a favor de igual número de hijos de la pareja que estudian primaria y secundaria.
“Ha habido algunos apoyos del gobierno estatal en alimentación. Nos dan a veces leche. Pero los niños no están acostumbrados a consumirla. Sólo comen arroz o avena”, dice la esposa de Abelardo.
Además, la despensa que reciben es incompleta; por ejemplo, no incluye azúcar. A veces, aunque los niños quieren consumir lo que reciben, no pueden: sus padres no tienen idea de cómo prepararlo.
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Fuente: Contralínea 313 / Diciembre de 2012
