Ninguna otra nación supera a Estados Unidos en los recursos que destina a la guerra y a sus Fuerzas Armadas. Sin embargo, informes dan cuenta de que la aplicación de los recursos no está exenta de corrupción, dispendio e ineptitud. A revisión no sólo el presupuesto bélico, sino las maneras de gastarlo
Roberto García Hernández/Prensa Latina
El presupuesto militar de Estados Unidos, el cual se prevé ascienda a más de 638 mil millones de dólares para 2014, es mayor que el monto combinado de las otras 10 naciones con más gastos en ese rubro.
Empero, la crisis fiscal actual obligó este año al estamento de Defensa a reducir sus egresos de forma sensible.
Los recortes fiscales obligarán al ejército estadunidense a poner fuera de servicio más de 10 brigadas de combate terrestre, del total de 47 que posee, cada una de ellas con alrededor de 4 mil soldados, anunció el jefe de Estado Mayor de ese servicio armado, general Ray Odierno, en un informe al Congreso a finales de junio pasado.
Esto constituye una reducción significativa de su poderío combativo, lo que resulta dañino para la estrategia militar y socava la disposición combativa de las tropas.
En ese contexto existe un factor negativo adicional que afecta sus prioridades en materia de disponibilidad de fondos y es que el Pentágono posee un ineficiente sistema de adquisiciones de técnica y armamento.
Un ejemplo es el caza F-22 Raptor, que el mando castrense estadunidense pensaba suministrar a varios países asiáticos este año, pero en las últimas semanas sólo fue capaz de enviar dos de ellos a Corea del Sur, en medio de la crisis más reciente con la República Popular Democrática de Corea.
Esto fue un recordatorio de que el Departamento de Defensa cuenta con muy pocos aviones de ese tipo, porque ordenó el cese de su construcción después de gastar 67 mil 300 millones de dólares en sólo 188 aparatos; ello provocó que la Fuerza Aérea tuviera que mantener en activo aeronaves con más de 30 años de servicio.
El F-22, producido por la compañía Lockheed Martin Corp, se convirtió en un símbolo de un proceso de adquisición fracturado e ineficiente, que nunca logra la entrega de sistemas avanzados a tiempo, dentro de los costos previstos y las cantidades planificadas, señaló un artículo reciente del diario Los Angeles Times.
Esta aeronave estaba destinada a reemplazar todos los F-15 de la Fuerza Aérea que datan de la década de 1970, los cuales aún continúan en servicio con algunas modificaciones tecnológicas.
En el centro de los problemas de la adquisición de estos equipos está el hecho de que el Pentágono y el Congreso no reconocieron al principio el verdadero costo y las dificultades técnicas de construir sistemas complejos como el F-22.
Los militares conciben programas ambiciosos basados en estimados superficiales de los contratistas, y a la vez los congresistas, ávidos por estimular los centros industriales en sus respectivos territorios, aprueban fondos dedicados a la defensa incluso antes de que los proyectos pasen las pruebas correspondientes, señala el Times.
Cuando los problemas técnicos predecibles salen a la luz pública, por lo general el Congreso reacciona y trata de bloquear el dinero, la producción de los equipos se detiene y el Pentágono entonces busca nuevas propuestas de armamentos de más bajo costo, lo que se convierte en un círculo vicioso.
El Raptor experimentó casi todas esas dificultades, pues la Fuerza Aérea elaboró los planes a principios de la década de 1980; y 10 años después se percató de que el proyecto tomaría 9 años y 12 mil 600 millones de dólares, pero en realidad demoró otros cuatro lustros, además de que el precio superó los 26 mil 300 millones.
Al final del proceso, cada F-22 alcanzó un costo de 412 millones de dólares, mucho más que el proyecto original de 149 millones por unidad.
Otra aeronave de combate en una situación similar es el caza de ataque conjunto F-35, producido por la misma compañía, cuyo costo está por encima de los 400 mil millones de dólares, por lo que se convirtió en el programa más caro de la historia del Pentágono, con un sobregiro de 150 mil millones de dólares por encima de los estimados iniciales.
A esto se añade el robo reciente de información digital sobre el F-35 de las computadoras de un contratista, lo que pudiera ayudar a países adversarios de Estados Unidos a acelerar la construcción de su propia versión de este aparato, según un informe de finales de junio de la cadena televisiva ABC News.
Voceros del Pentágono reconocieron que el robo de estos documentos constituye un problema de grandes proporciones, y aseguraron que se tomarán las medidas adecuadas contra los infractores.
El Departamento de Defensa planifica comprar unos 2 mil 450 F-35 en diferentes versiones para la Fuerza Aérea, la Armada y la Infantería de Marina, a un costo de casi 137 millones de dólares cada uno.
Cuando la compañía Lockheed Martin obtuvo el contrato en 2001 para producirlos, prometió que estarían listos entre 2010 y 2012, pero problemas adicionales en el diseño y fallas en las pruebas de vuelo los demoraron aún más, y al parecer entrarán en servicio entre 2015 y 2019, según datos recientes del Departamento de Defensa.
En la Marina de Guerra estadunidense existe otro ejemplo evidente de la ineficiencia del sistema de adquisiciones del Pentágono: se trata del buque de combate LCS-1 Freedom, uno de los más nuevos en el inventario naval pero que tiene graves desperfectos en sus principales sistemas de comunicaciones y combate.
Además, la Armada reconoció a finales de abril pasado que la embarcación enfrenta serias vulnerabilidades en cuanto a ciberseguridad, según el diario The Wall Street Journal.
El buque costó más de 440 millones de dólares y es el primero de una serie que se prevé adquirir en los próximos años por un total de 37 mil millones de dólares, con el fin de combatir en áreas cercanas al litoral.
El mando militar estadunidense informó que las computadoras a bordo de la unidad naval no resistieron pruebas realizadas por equipos que simularon un ataque cibernético, lo cual se une a problemas anteriores enfrentadas por el Freedom.
Un informe revelado por la cadena noticiosa Bloomberg News el 7 de mayo pasado confirmó que la Marina de Guerra estadunidense hizo caso omiso a un informe confidencial sobre las deficiencias del programa del LCS.
El documento de 36 páginas señala que los principales jefes de la Marina de Guerra de Estados Unidos fueron alertados en 2012 de que dicho proyecto incluye muy pocos tripulantes y sistemas de armamentos.
Según la investigación, el fracaso en el cumplimiento de los requerimientos y capacidades del LCS resultará en la construcción de un número mayor de buques que no podrán satisfacer las necesidades de los jefes en los teatros de operaciones militares a nivel global.
El informe contradice las declaraciones de líderes de la Armada, quienes señalan que el proyecto del LCS sigue en curso para desarrollar una embarcación de guerra rápida, pequeña y adaptable, destinada para el patrullaje efectivo de aguas cercanas al litoral.
Aunque el reporte no aconseja cancelar el programa, señala que la Marina debe resolver los problemas descritos tan pronto como sea posible.
Un informe similar de mayo de 2012 señaló que el buque falló en 14 de las 28 pruebas que se le realizaron hasta esa fecha, incluidas evaluaciones de sus sistemas de comunicaciones, eléctricos, de propulsión y contra incendios, y 12 meses después la nave continúa con dificultades similares.
El Director de Pruebas y Evaluaciones Operacionales del Pentágono, Michael Gilmore, considera que la embarcación no puede salir ilesa de un combate naval, entre otras cosas porque sus cañones de calibres 30 y 57 milímetros presentan problemas de fiabilidad y son imprecisos cuando el buque avanza a alta velocidad.
Otro posible recorte que puede realizar el Pentágono, según los especialistas, estaría en la disminución del número de aeronaves teledirigidas (drones) que están en servicio en las Fuerzas Armadas.
En ese sentido ya el Departamento de Defensa sacó algunas cuentas preliminares, pues el gasto en este tipo de aeronaves saltó de 284 millones en 2000 a cerca de 4 mil millones en 2012, mientras el número de esos artefactos creció de unos 200 en 2002 a por lo menos 7 mil 500 en la actualidad.
Éstos y otros ejemplos evidencian las irregularidades que existen en el manejo de los fondos que el gobierno de Estados Unidos destina a las Fuerzas Armadas, a pesar de la crisis fiscal bajo cuyo pretexto la Casa Blanca redujo este año una cantidad significativa de fondos para los ya maltrechos beneficios sociales.
Fuente: Contralínea 345 / julio 2013
