Unos 150 comunicadores exigen el cese a la impunidad en el caso de los asesinatos y agresiones cometidos contra periodistas. Mediante un documento dirigido al presidente de la República, Enrique Peña Nieto; al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a gobernadores, así como a los titulares de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y de las comisiones estatales, los trabajadores de medios de comunicación recriminan a las autoridades competentes la omisión frente a la ola de violencia que afecta el ejercicio periodístico.
Datos de la CNDH indican que de 2000 a junio de 2013 han sido asesinados 84 periodistas y el índice de impunidad es superior al 90 por ciento, en el marco de respuestas insuficientes por parte de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República y del Mecanismo de Protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob) y de los gobiernos de los estados.
Tan sólo en los 10 meses de este año los agravios registrados son más de 250 y han sido asesinados cinco periodistas: Jaime Guadalupe González Domínguez en Chihuahua, Alonso de la Colina Noriega en Puebla, Daniel Alejandro Martínez Bazaldúa en Coahuila, Mario Ricardo Chávez Jorge en Tamaulipas y Alberto López Bello en Oaxaca. Mientras se redactaban estos resolutivos se registró el asesinato del periodista sinaloense Alberto Angulo Gerardo. En Veracruz, Chihuahua y Coahuila desaparecieron trabajadores de medios en el mismo periodo.
Lo anterior, se observó en el Segundo Encuentro Nacional de Periodistas, convocado por la Casa de los Derechos de Periodistas (CDP) por y la organización internacional Freedom House, capítulo México, al que asistieron más de 150 comunicadores de 26 estados de la República.
Los participantes al encuentro resolvieron, entre otros asuntos, exigir a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión que cumpla con su obligación de investigar y procurar justicia para abatir la impunidad respecto de los asesinatos y demás agresiones.
La CDP —presidida Martha Olivia López— dará seguimiento para que se realicen las investigaciones de cada uno de los casos de agresiones a periodistas y medios presentados por víctimas, familiares y compañeros durante este encuentro, así como otros registrados en el país.
Además, los periodistas reunidos resolvieron reclamar el cumplimiento oportuno y eficaz (sin burocratismos) al Mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas de la Segob, “que a un año de su creación ha mostrado resultados mínimos y deficientes; entre otras cosas por la falta de apoyo institucional, el incumplimiento de convenios de colaboración de los gobernadores, la escasez y el bajo rendimiento profesional de su personal”.
La CDP informó, a través de un comunicado, que dará seguimiento a todos los casos que promueva en el Mecanismo y otros, en particular demandará la atención urgente de dos periodistas desplazados a la Ciudad de México de Tamaulipas, Veracruz y Guerrero para que se cumplan las medidas de protección cautelar y de protección social hasta que recuperen las fortalezas que les permitan tener autonomía de vida.
Otro de los resolutivos consiste en requerir a los gobernadores, presidentes municipales y Congresos locales que cumplan con sus obligaciones de proporcionar seguridad, procurar justicia y garantizar los derechos a la libertad de expresión, de la información y ejercer el gasto publicitario sin discriminación.
Asimismo, acordaron dirigir una carta a la Conferencia Nacional de Gobernadores para exigir medidas y acciones efectivas que frenen las agresiones a periodistas y medios y brinden la protección necesaria. También, insistir a los Congresos estatales que prosigan en la creación de leyes de protección integral, con derechos de periodistas, protección cautelar y fomento, así como garantías para las audiencias.
Entre las tareas que acordaron llevar a cabo los comunicadores se encuentra la de promover la unidad de medios y periodistas en defensa de la integridad, los derechos de informar y de expresión, el desarrollo profesional y la obtención de derechos laborales y profesionales. En ese marco, fortalecerán las redes de Alerta Temprana y Reacción Rápida, impulsadas por la Casa de los Derechos de Periodistas hasta crear una Red Nacional.
Se resolvió llamar a las empresas de comunicación para que instrumenten un código de ética, se impulse la figura del defensor de la audiencia y se respeten los derechos laborales de sus trabajadores; así como brinden garantías de seguridad en el desempeño de la labor periodística y asumir el compromiso de capacitación continua.
Los asistentes al Segundo Encuentro Nacional de Periodistas, que también recibió el apoyo del Gobierno de la Ciudad de México, de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, hicieron un llamado a las universidades y centros de educación superior para realizar un diagnóstico sobre qué tipo de periodismo se necesita en México, cómo vincular sus programas de estudio a la práctica y las necesidades de capacitación continua.
