Culminó la huelga de hambre de Omar Esparza Zárate, viudo de Alberta Cariño Trujillo –directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus) –, tras 16 días de ayuno; así como de los activistas Jorge Albino, Reyna Hernández, Rigoberto Benítez y Gabriel Ángel Pérez.

 

Lo anterior, tras la firma de un compromiso con autoridades federales – representadas por la Secretaría de Gobernación–, y de Oaxaca. El acuerdo se lleva a cabo en el proceso de acceso a la justicia por el asesinato de Bety Cariño y Jiry Jaakkola, observador de derechos humanos de origen finlandés, cometidos el 27 de abril de 2010.

 

Karla Michel Salas, presidenta de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, explicó en conferencia de prensa que durante 4 años han escuchado que las autoridades se han comprometido a resolver el caso y manifestado que van a hacer justicia a las víctimas; sin embargo, “una de las razones que motivaron a iniciar esta huelga de hambre es que esa buena voluntad y esas palabras eran promesas vacías. No teníamos acciones que nos permitieran verificar que esa buena voluntad se iba a traducir en dos cosas fundamentales: en la protección a testigos y en la detención de los responsables.

 

“Hemos insistido en la protección a testigos porque en este país no tenemos un mecanismo que brinde seguridad a las personas que van a testificar en un juicio. En este caso el testimonio de los sobrevivientes del ataque a la caravana es fundamental”, dijo la presidenta de la ANAD.

 

4 años de impunidad

 

Los defensores de derechos humanos fueron asesinados por un grupo paramilitar cuando pretendían llegar al municipio de San Juan Copala, Oaxaca. Habían entrado en caravana vehicular a la comunidad de La Sabana, zona triqui dominada por la organización Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort). Fueron emboscados en suelo priísta.

 

En el marco de la conferencia de prensa, la abogada comentó que se espera que en el primer semestre de este año se inicie el juicio a Rufino Juárez, líder de la Ubisort. De las 12 órdenes de aprehensión pendientes, informó, se instrumentó una coordinación que permitirá establecer los mecanismos, desde los ámbitos local y federal, para detenerlas y sean llevabas a juicio.

 

Con el inicio de la huelga de hambre, los luchadores sociales exhibieron en una manta colgada a las afueras de la Procuraduría General de la República los nombres de quienes aparecen en el expediente penal 152/2012 y donde señala: “Se libra orden de aprehensión en contra de Rufino Juárez Hernández, Anastacio Juárez Hernández, Antonio Solano Vásquez, Juan Macario Bautista Martínez, Antonio Cruz García, Julio César Martínez Morales, Mauro Vásquez Ramírez, Daniel Martínez López, Elías Cruz Merino, Antonio Cruz Merino, Bernabé Santiago Cruz, Ramiro Domínguez García, Cirino Ramírez López o Cirino López Ramírez y Faustino Vásquez Martínez, como probables participantes del hecho que la ley califica como homicidio calificado con ventaja, alevosía, y premeditación cometido en prejuicio de las personas que en vida respondieron a los nombres de Alberta Cariño Trujillo y  Jyri Antero Jaakola”.

 

Anastacio Juárez fue asesinado en San Juan Copala, Oaxaca, al interior de su domicilio, en julio de 2010. Su hermano, Rufino Juárez fue detenido en 2011 por agentes de la Agencia Estatal de Investigación en cumplimiento a una orden de aprehensión del fuero común por el delito de homicidio calificado de más de dos pobladores de San Juan Copala.

 

Miguel Álvarez, presidente de Servicios y Asesoría para la Paz, comentó que la instrumentación del mecanismo de protección a testigos es un paso cualitativamente necesario, si bien no es la culminación del proceso, era necesario y estaba trabado.

 

Omar Esparza Zárate, también integrante del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), comentó que costó bastante tiempo llegar a estas condiciones. Ahora, también existe el vínculo entre procuradurías (General de la República y la de Justicia del Estado) que nos permite exigir a ambas autoridades que el caso de Bety y Jiry no quede sólo en palabras o promesas, como ha sido durante 4 años.

 

Anne Lammila, embajadora de Finlandia en México, puntualizó que desde el asesinato de los defensores de derechos humanos se había destacado la importancia de una coordinación entre autoridades de diferentes niveles de gobierno. Y éste ha sido un paso importante para que el caso pueda avanzar.

 

Y es que el martes pasado se reunieron a firmar el compromiso David Garay, titular de la Unidad de Gobernación de la Secretaría de Gobernación; Héctor Joaquín Carrillo Ruiz, procurador Justicia del Estado, de Oaxaca; Anu Vuori-Kiikeri, ministra Consejera de la Embajada de Finlandia; Omar Esparza Zárate, integrante de MAIZ; Karla Michel Salas, presidenta de la ANAD y Miguel Álvarez, presidente de Serapaz.