Centro de Colaboraciones Solidarias

Sostiene el economista chileno Max Neef que la economía neoliberal mata a más gente que todos los ejércitos del mundo juntos. Pero, además de violar el fundamental derecho a la vida, se perpetran de modo sistemático más violaciones de otros derechos. Derecho al trabajo, a salario digno, a vida digna, a vivienda adecuada, a educación, a asistencia médica, a seguro de desempleo… Violaciones que son delitos. Pero un hipócrita doble rasero considera mayor crimen robar a una persona con una navaja que condenar a la pobreza, al hambre y a la enfermedad a cientos o miles.

En 2011, Lourdes Beneria y Carmen Sarasúa definieron el crimen económico como una acción inhumana de carácter económico que causa graves sufrimientos a una población civil. Y lo asociaron al crimen contra la humanidad, que la Corte Penal Internacional define como “cualquier acto inhumano que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien los sufre, cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil”. Fue entonces cuando se conoció la criminalidad de grandes empresas como Goldman Sachs Group, Lehman Brothers y bancos y aseguradoras en la gravísima crisis financiera que estalló en 2008 con terribles consecuencias para el mundo.

Cinco años después la situación es peor. La pretendida respuesta a la crisis financiera se ha transformado en una auténtica ofensiva de la elite económica contra el resto de la humanidad. En ese terrible escenario, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha aprobado elaborar un tratado vinculante para vigilar el respeto de los derechos humanos por las multinacionales.

El acuerdo ha sido aprobado en el Consejo de Derechos Humanos por 20 votos a favor, 14 en contra y 13 abstenciones. De los 14 votos opuestos, seis son de Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Reino Unido y Estados Unidos. Países que presumen de defensores de los derechos humanos, pero que ahora ya sabemos que defienden los intereses de las multinacionales.

En ese panorama, documentos revelados por WikiLeaks muestran las intenciones de las grandes potencias con el Acuerdo sobre Comercio de Servicios (Tisa, por su acrónimo en inglés) que se negocia en secreto entre Estados Unidos y 50 países. Acuerdo que, de firmarse, decapitaría la capacidad de los Estados para regular, vigilar y controlar la inversión extranjera. Facilitaría el saqueo de los bienes comunes y servicios públicos por las multinacionales. Ese Tisa se negocia al mismo tiempo que el Tratado de Libre Comercio e Inversión entre Estados Unidos y la Unión Europea y el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica entre Estados Unidos y 11 países costeros del Océano Pacífico. También en esos tratados se busca impedir que el Estado regule y controle la actuación de las multinacionales y así asegurarles el saqueo.

La Internacional de Servicios Públicos, organización que agrupa a 650 sindicatos de 148 países, ha advertido que, si se firma el Tisa, “se pondrá en peligro la salud, la educación, el suministro de agua y otros muchos servicios públicos, al dar vía libre a las multinacionales en cualquiera de los países firmantes”. Y si se acuerda el Tratado entre Estados Unidos y la Unión Europea será el acta de defunción de la democracia, porque el mecanismo regulador de conflictos entre inversores y Estados que propone ese Tratado es una patente de corso para que las multinacionales impidan gobernar a los gobiernos en defensa de sus ciudadanías.

Las multinacionales nos amenazan con violaciones masivas de derechos con la infame complicidad de muchos gobiernos. Si el derecho a la vida, a no ser torturado, a no ser detenido arbitrariamente, a la libertad de pensamiento y de religión, a la libertad de opinión y expresión son sagrados y su violación provoca rechazo y genera respuesta penal, ¿por qué no ocurre lo mismo cuando se violan derechos económicos y sociales? Más aún cuando los tratados indicados amenazan con provocar una avalancha de sufrimiento colectivo.

Gobiernos y voceros al servicio de las elites arguyen que ellos son la legalidad. Y aquí cabe citar a Martin Luther King cuando recordaba que lo que hizo Adolfo Hitler en Alemania era legal. Porque no es cuestión de legalidad, sino de justicia y legitimidad. Y la mayoría de los actuales gobiernos han perdido toda legitimidad. Y como la democracia se ha convertido en un decorado, en una farsa las más de las veces, la ciudadanía no sólo tiene el derecho, sino el deber de desobedecer, de rebelarse. O no lo contamos…

*Periodista y escritor

 Contralínea 394 / 13 de Julio al 20 de Julio

 Xavier Caño Tamayo*/