Primera parte
Los gobiernos panistas no se cansaron de ensalzar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como el modelo a seguir en el ámbito de las paraestatales, al grado de endilgarle el calificativo de “empresa de clase mundial”. Ahora, tras la aprobación de las leyes secundarias en materia energética, como la nueva Ley de la CFE, la montada escenografía del falso arquetipo se ha venido abajo, anunciándonos que seremos todos los mexicanos los que debemos rescatarla de sus multimillonarios pasivos laborales ante su incapacidad financiera de haber generado los fondos necesarios para solventar los derechos adquiridos de sus trabajadores.
Seguramente, lo moralmente correcto es que políticos como el expresidente Felipe Calderón y otros más que formaron parte de su gabinete y que, para desgracia del país, aún pululan por las catacumbas legislativas de la política nacional como Javier Lozano Alarcón, escondieran la cabeza cual avestruces, porque lo que ahora salta a la luz pública los ubica en el sitio de honor de los más selectos demagogos de la historia contemporánea.
Tras el ilegítimo e injustificado cierre de Luz y Fuerza del Centro en octubre de 2009, la CFE fue empleada por la anterior administración para engañar al país entero sobre la panacea que esperaba la zona centro del país, una vez que “la empresa de clase mundial” tomara las riendas de la prestación del servicio eléctrico a un promedio de 6 millones de usuarios. Calderón y sus secuaces vendieron la idea de que mejoraría el servicio y bajarían las tarifas, atreviéndose a hacer cuentas alegres en la generación de más empleos. Por supuesto que nada se cumplió.
En contrasentido, y como sucedió antes de la aparición del arbitrario decreto de extinción y después del mismo, el gobierno se negó sistemáticamente a explicar a detalle a la nación sobre los encubiertos propósitos de su silenciosa privatización del sistema eléctrico nacional. La quiebra inducida de Luz y Fuerza del Centro al obligarla a comprar energía a la CFE a un costo superior al que debía venderla a los consumidores nunca tuvo relación directa con los “inexistentes privilegios” del contrato colectivo de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
De hecho, y como quedó registrado desde hace muchos años atrás por organismos fiscalizadores, como la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y los propios informes de la Comisión Federal, la empresa “modelo” presentaba un escenario financiero peor al de Luz y Fuerza en buena medida porque, pese a contar con la infraestructura necesaria para la generación de su propia energía, el indiscriminado otorgamiento de concesiones a los productores independientes (772 permisos hasta 2011) la había orillado a enfrentar un escenario de franca quiebra técnica, al tener que comprar de manera obligada su electricidad a las empresas privadas, sobre todo trasnacionales, que a finales de 2012 ya generaban casi la mitad de la energía eléctrica en todo el territorio nacional.
Hace un par de años alertamos que tal situación estaba ocasionando mayores costos operativos a la infraestructura eléctrica nacional que era prácticamente subutilizada, generando un excesivo margen de reserva de un 44 por ciento alcanzado en 2009 contra el 21 por ciento observado en 2000. La política energética nos había conducido al absurdo de tener una sobreproducción eléctrica que no utilizábamos pero que representaba un alto costo a las finanzas del país.
De acuerdo con el análisis de la ASF, a diciembre de 2009 la compra de energía a las trasnacionales le había costado al país más de 268 mil millones de pesos, estimando el organismo que por los compromisos ya adquiridos en los contratos leoninos, de 2010 a 2041, los mexicanos tendríamos que pagar a las firmas extranjeras 1.6 billones de pesos. Ahora, de acuerdo con lo establecido en la Ley de CFE, estos compromisos que contribuyeron en los 2 sexenios anteriores a minar los recursos financieros de la “empresa de clase mundial”, acrecentando el monto de sus pasivos laborales, no se cancelarán por la apertura del sector eléctrico a la competencia. Lo que avizora un tétrico panorama financiero para la ahora “empresa productiva del Estado” y para las finanzas públicas.
De hecho, al primer semestre de 2012, es decir, en las postrimerías del sexenio calderonista, sólo para cumplir con 25 de sus contratos de compra de energía a empresas privadas, la CFE destinó 180 mil 548 millones de pesos. Entre las firmas beneficiadas destacaban las trasnacionales Unión Fenosa, Iberdrola y TransAlta, entre otras. Por tal razón, la “empresa de clase mundial” presentaba al cierre del segundo trimestre de ese año pasivos totales por 849 mil 467 millones de pesos; es decir que en sólo 1 año se incrementaron en 92 mil 699 millones. Un 12.24 por ciento más con respecto a 2011, cuando este rubro ascendió a los 756 mil 768 millones de pesos.
Es evidente que lejos de crear físicamente los fondos correspondientes al pago de los derechos adquiridos por sus trabajadores, los funcionarios de la CFE, como el exdirector Alfredo Elías Ayub y su incondicional Néstor Moreno Díaz –el señor de los yates y los ferraris–, se dedicaron a acrecentar sus fortunas personales y a favorecer a las multinacionales. Las consecuencias de la irresponsabilidad de estos pillos, ahora por decisión de los diputados y senadores, deberán ser pagadas por todos los mexicanos al transformarse los multimillonarios pasivos en deuda pública, con el condicionado ribete de cercenar, vía su contrato colectivo, los derechos de los trabajadores.
Lo que sigue, de acuerdo con la nueva Ley de CFE, es aún más patético si se considera que los 800 mil kilómetros de redes eléctricas nacionales pasarán a ser operados, sin que inviertan 1 solo centavo, por las empresas privadas concesionarias. Para tal efecto, la nueva disposición en su artículo 10 establece “la separación que se requiere entre sus divisiones, regiones, empresas productivas subsidiarias y filiales para salvaguardar el acceso abierto, la operación eficiente de la industria eléctrica y la competencia”.
No cabe la menor duda que una vez que se apliquen todas y cada una de las nuevas disposiciones aprobadas en el Congreso de la Unión, la CFE terminará de escribir su propio epitafio con réquiem incluido. Al entrar en operaciones el Centro Nacional de Control de Energía, cuya función será crear un ficticio mercado eléctrico, la “empresa de clase mundial” dejará de controlar el sistema eléctrico nacional, pues será incluso el nuevo organismo el que determine cuál será el área del mercado minorista que deberá atender la CFE, ya que el rentable mercado eléctrico mayorista quedará reservado a las empresas extranjeras y sus socios locales.
La creación de empresas subsidiarias y filiales permitirá a los poderosos consorcios no cumplir con las condiciones de trabajo establecidas en lo que es propiamente un contrato colectivo de trabajo, pues les estará permitido establecer convenios que encubran un auténtico outsourcing. En esta vorágine desnacionalizadora impuesta por las nuevas leyes en la materia, los organismos públicos descentralizados, que son del pueblo de México, pasarán a ser propiedad exclusiva del gobierno federal, es decir, de una elite de oro que podrá hacer y deshacer de los bienes nacionales a su libre albedrío.
En esta retahíla de calamidades, además de la expoliación a los derechos de los trabajadores, se consumará el despojo de las tierras de indígenas y campesinos a lo largo y ancho del territorio nacional. Poderosas razones que obligan a hacer un llamado al pueblo para organizar la resistencia civil y pacífica en defensa de sus derechos.
El epitafio escrito por las leyes secundarias a la CFE es claro: “aquí yace la que nunca fue una empresa de clase mundial”.
Martín Esparza Flores*/Primera parte
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas
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Contralínea 399 / 17 agosto de 2014
