Idigna impunidad en asesinato de Marisela Escobedo

El 16 de diciembre de 2015 se cumplen 5 años del indignante asesinato de Marisela Escobedo, defensora de derechos humanos que había decidido hacer un plantón al lado de la enigmática Cruz de Clavos frente al Palacio de Gobierno del estado de Chihuahua, por la impunidad en que se encontraba el asesinato de su hija Rubí Marisol Frayre Escobedo.

El 16 de diciembre de 2010, alrededor de las 20:00 horas y ante a los ojos del mundo, un hombre intentó dispararle. Marisela corrió hacia el Palacio de Gobierno y los guardias no abrieron las puertas, lo cual se volvería una práctica común desde que asumió el gobierno local César Duarte. A los pocos segundos, una bala mortal la encontró y la privó de la vida.

Ante la presión nacional e internacional, las autoridades de Chihuahua presentaron a José Enrique Jiménez Zavala (alias el Wicked) como el autor material del homicidio. No obstante, la familia y principalmente el hermano de Marisela –quien le vio el rostro al asesino–, desmintió la participación de éste en el crimen. Cabe recordar que 4 años después, de manera por demás sospechosa, el Wicked fue asesinado en la cárcel, cerrándose así el caso y la posibilidad de conocer la verdad sobre el mismo.

Marisela había caminado por un interminable viacrucis en la exigencia de justicia para su hija Rubí, que con sólo 16 años había sido asesinada por su compañero sentimental, Sergio Rafael Barraza Bocanegra. Al igual que miles de madres que exigen justicia en el caso de sus hijos e hijas, se convirtió en investigadora y, a diferencia de la negligencia de las autoridades, detectó en varias ocasiones el paradero del asesino de Rubí para que lo detuvieran. Inicialmente, ella llevó el caso de Rubí sola, caminando diariamente desde la Fiscalía hasta la Ciudad Judicial. Luego de haberse emitido la injusta sentencia, solicitó al Centro de Derechos Humanos de las Mujeres que fuera su representante legal y asumiera el juicio de casación correspondiente.

Marisela marchó a la Ciudad de México exigiendo justicia y pidió una reunión con el entonces presidente Felipe Calderón, la cual nunca fue concedida. También marchó a otras ciudades como Zacatecas, en donde de nueva cuenta ella pudo encontrar al asesino de su hija, cosa que no había podido lograr la Fiscalía General de Chihuahua.

El 8 de diciembre Marisela hizo dos declaraciones, una ante el fiscal general y otra ante el comisario de la Policía Federal, en las que dio suficiente información de sus indagatorias, lo cual la puso en alto riesgo. Sorpresivamente, tal información fue suprimida del expediente penal.

A 5 años de su asesinato es imposible borrar los gritos de auxilio cuando corría por su vida. También es imposible borrar los llantos desesperados cuando, en abril de 2010, el tribunal de juicio oral exoneraba a Sergio Barraza, mismos que renunciaron ante la gran indignación desatada en todos los sectores y el asombro de la sociedad. Igualmente es inolvidable recordar que su muerte vino seguida del secuestro y posterior asesinato de su cuñado, la quema del negocio de éste, y de la solicitud de asilo político de sus hijos y nieta, quienes desde Estados Unidos siguen exigiendo justicia para su hermana y su madre, y anhelan volver a su tierra.

Aun cuando se cuenta desde hace 6 años con la histórica sentencia de “Campo Algodonero” y con cientos de recomendaciones de instancias internacionales sobre la atención, prevención, sanción y erradicación de la violencia hacia niñas y mujeres, Chihuahua sigue teniendo impostergables retos: es el segundo estado con mayor número de violaciones sexuales denunciadas, el primero con mayor número de embarazos de adolescentes y el cuarto lugar del país en violencia doméstica. Es el estado cuyas cinco principales ciudades se encuentran entre las 15 peores para ser mujer en México, lo cual se demuestra en el hecho que de los 2 mil 361 feminicidios cometidos desde 1993 a la fecha, el 59 por ciento se haya cometido en los últimos 6 años.

Asimismo, Chihuahua es uno de los estados más autoritarios, corruptos y endeudados de la República Mexicana. El estado se encuentra en el antepenúltimo lugar del índice democrático y carece de división real de poderes. Chihuahua es uno de los estados más riesgosos para las personas defensoras de derechos humanos en México.

En este día conmemoramos la vida de una mujer valiente, comprometida y con inmensurable amor hacia su hija y su familia. Pero también denunciamos la responsabilidad de las autoridades en prevenir y sancionar su cobarde asesinato. Por ello, el 16 de diciembre se llevaron a cabo actos de exigencia de justicia del caso y de cumplimiento de la recomendación 44/2013 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), tanto a las 10:00 horas afuera del Consulado de México en El Paso, Texas, así como a las 18:00 horas en la placa colocada en el lugar donde fuera asesinada en la ciudad de Chihuahua. El primer evento fue organizado por Mexicanos y Mexicanas en el Exilio, mientras que en el segundo participaron activistas sociales de Chihuahua.

Atentamente:

Anali Acosta Navarrete, Arsène van Nierop, Begoña Lecumberri Ustaran, Diana Villalobos Díaz, Édgar Cortez, Eufrosina Rodríguez Trejo, Gabino Gómez Escárcega, Hilda Ruíz Estrada, Humberto Robles de León, Jaime García Chávez, Javier Tovarich, Judith Vázquez Arreola, Lilian Fabiola de la Rosa, Lol Kin Castañeda Badillo, María Luisa Toledo, María Teresa Guerrero Olivares, Mario Antonio Mandujano Sánchez, Ofelia Medina, Rocío Culebro, Silvia Núñez Esquer (Sonora), Teresa Zacarías, Víctor Quintana Silveyra; Acciona, AC; Asociadas por lo Justo, Oficina Regional para México-Mesoamérica; Casa del Migrante de Saltillo; Casa Iskra; Centro de Apoyo al Trabajador, AC; Centro de Atención a la Mujer Trabajadora de Chihuahua, AC; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, AC; Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, AC; Círculo de Estudios de Género, AC; Colectivo La Gota; Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, AC; El Barzón Chihuahua; El Barzón Nacional; Fátima, IBP; Frente de Consumidores; Fundación Hester; Grupo Feminista 8 de Marzo; Grupo Promotor de los Derechos Políticos de las Ciudadanas; Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, AC; Justicia para Nuestras Hijas, AC; Mexicanos en el Exilio; Movimiento Insurgencia Magisterial de la Ciudad de Chihuahua; Movimiento ResISSSTE-CNTE del estado de Chihuahua; Mujeres Artesanas; Mujeres Barzonistas; Mujeres por México en Chihuahua, AC; Observa Ciudadan@; Observatorio para el Acceso a la Información Pública; Organización para la Defensa del Patrimonio Familiar y los Derechos Humanos, AC; Red por los Derechos de la Infancia en México, AC; Red por la Participación Ciudadana, AC; Sociedad Unida, AC; Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (conformada por 73 organizaciones en 21 estados de la República Mexicana).

Solicita más investigaciones

Muy interesante es el reportaje “Corrupción en la UNAM, solapada por Narro y Graue”. Sería bueno que revisaran más áreas del deporte en la Universidad. Las integrantes del equipo de softbol que representa a la Universidad Nacional Autónoma de México no estudian en ninguna escuela de la UNAM, es un equipo de la liga olmeca que patrocina la UNAM. Como siempre, todo en la opacidad.

Fernando Rivermar

Otra defraudada por Fernández Editores

Felicito por el reportaje “Fernández Editores, con más de 30 conflictos por fraude”. Ya era necesario que alguien se ocupara de este asunto. Hay muchos casos. Yo me encuentro entre ellos. Nosotros demandamos y no hemos podido hacer que nos paguen. Nos deben la autoría de seis libros de español para primaria desde hace más de 5 años. Es una práctica habitual de la editorial. Ojalá podamos sumar esfuerzos todos los afectados y detenerlos. Año con año continúan contratando y defraudando autores, editores y demás personas honestas que vivimos de nuestro trabajo. Me he abocado a evidenciarlos para prevenir a la mayor cantidad de gente posible. Es terrible la situación.

Elsa Fabián

Demanda “poner alto” a los casineros

Es indignante lo que ha ocurrido con la instalación de casinos en México. Ha sido muy aleccionador leer el reportaje “Casinos, negocios multimillonarios bajo la sombra y la sospecha”. En este negocio están involucrados con la mafia tanto los gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN) como los del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Los del PAN a través de Santiago Creel, que fue secretario de Gobernación con Felipe Calderón, presidente de las manos limpias pero las uñas largas; y los del PRI con Osorio Chong, también secretario de Gobernación pero en el gobierno actual de Peña Nieto, quien se ha visto involucrado de primera mano en corruptos conflictos de intereses.

Es la Secretaría de Gobernación la que otorga los permisos para que operen las casas de juego, así como la encargada de su vigilancia. Y qué raro ¿verdad?, que Televisa, que fue la principal ayuda de Peña Nieto para imponerse en la Presidencia, sea una de las empresas más beneficiadas económicamente con la operación de dichas casas de juego. ¿Será que la mafia es la que realmente está gobernando en México? Porque sencillamente no hay quien le ponga un alto.

Jorge Eduardo de la Huerta Cortés

Exhorta a recuperar México

México fue vendido por Salinas, Calderón y Peña Nieto. Lo vendieron a espaldas de todos los mexicanos. Este medio informativo explica claramente el atraco a la nación: http://contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2010/02/21/proyecto-mexico-2030-la-venta-de-un-pais/, “Proyecto México 2030: la venta de un país”. Hay que releerlo y sacar valentía para participar en foros públicos, mítines, consultas públicas, opiniones públicas y en todo lugar donde se exponga la denuncia pública de la venta de este país.

Mexicano: date la oportunidad y coméntalo también por redes sociales a todos tus hermanos mexicanos.

Se necesita hacer valer ante la Organización de las Naciones Unidas el pacto internacional en contra de la impunidad del gobierno federal. Debemos todos los mexicanos solicitar el auxilio jurídico internacional a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Hermanos mexicanos: hay que copiar la valentía de Guatemala. Hace falta sacar el coraje mexicano para que esta nación sea una verdadera nación y no una empresa como la quiere tratar de hacer el gobierno federal. Es un atropello autoritario que el gobierno haga acuerdos internacionales con empresarios extranjeros para imponer intereses ajenos al pueblo, como buscar y explotar minas con gente extranjera, así como también despojarlos de reservas forestales para privatizarlas; y para este fin va a despojarle las tierras a gente nativa de Chiapas, Oaxaca, Michoacán, etcétera. Vivimos con un presidente que no cree en nadie más que en los tratos que él hace a espaldas de todos los mexicanos.

No existe la transparencia constitucional efectiva. Esto recientemente se acaba de ver con toda la contradicción y falsedad del sistema de elección de los supuestos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Desde la década de 1980 se han realizado actos constitucionales dolosos en perjuicio de toda la sociedad mexicana, robos a la nación disfrazados de crisis económicas autoritarias y manipulaciones a todas las leyes, principalmente a las de carácter constitucional.

Es hora de defender a México. Hay que unirnos en la demanda de justicia.

La privatización de Petróleos Mexicanos (Pemex) es ilegal, dolosa y autoritaria. Para que se recuperara lo que se robaba dentro de las supuestas crisis económicas, el PRI exprimía a Pemex todas sus ganancias para cubrir lo que le robaban a la nación unos cuantos. Analiza lo que ha pasado de 1980 a diciembre de 2015 y pregúntate si aún así votarías por el PRI en 2018.

Es una vergüenza nacional que un mexicano caiga en el mismo error de perpetuar al PRI como gobierno. El mismo pueblo puede autogobernarse solo sin la ayuda del PRI. Quítate la venda de los ojos y libera a tu pueblo, tú mismo, mexicano. Sí se pude, mexicano. Y con la misma ley en la mano haz el cambio nacional de una buena libertad constitucional. Lo podemos hacer medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales de derechos de la sociedad civil, activistas, intelectuales y académicos, estudiantes universitarios y sociedad en general.

Martin Lope

Universidades indígenas, con los mismos problemas

Muy buen artículo el titulado “La universidad indígena y la reconstitución de los pueblos”. Desafortunadamente la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán no es la única que requiere refundación. En ciertos apartados parece que se está hablando de la actual Universidad Autónoma Indígena de México. Es un artículo interesante y de gran interés para la comunidad.

Ernesto Guerra García

Impunidad en agresiones contra normalistas garantizaron mayores ataques

Las familias de los normalistas rurales de Ayotzinapa, Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, asesinados durante un operativo policial implementado por agentes estatales y federales en diciembre de 2011 en Chilpancingo, Guerrero, junto a Gerardo Torres Pérez, normalista víctima de tortura, denunciaron al Estado mexicano frente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos por la violación de sus obligaciones internacionales bajo la Convención Americana y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

El 12 de diciembre de 2011, oficiales de la Fuerza Pública mexicana desalojaron de manera violenta la manifestación de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa. Dos estudiantes normalistas fueron ejecutados extrajudicialmente: Jorge Alexis y Gabriel, tres más fueron heridos por impactos de proyectil de arma de fuego; al menos 24 personas fueron privadas arbitrariamente de la libertad; y un estudiante, Gerardo, fue torturado.

A pesar de la existencia de pruebas que dan cuenta de las violaciones ocurridas, al día de hoy las violaciones denunciadas permanecen en impunidad. El Estado mexicano tampoco ha adoptado medidas necesarias y adecuadas para prevenir y garantizar que hechos similares no vuelvan a repetirse.

Es por esto que las víctimas de estas violaciones graves de derechos humanos, junto con el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón –ambas integrantes de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos– y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), hemos presentado una petición individual contra el Estado mexicano ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Los peticionarios solicitamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que declare la admisibilidad de esta petición y responsabilice al Estado mexicano por la violación del derecho a la vida, a la integridad y libertad personal, al derecho a no ser sometido a torturas, ni a tratos crueles, inhumanos y degradantes y al derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial.

Las violaciones graves de derechos humanos cometidas contra los estudiantes de Ayotzinapa en 2011 es un caso ilustrativo de cómo la impunidad alienta a que las violaciones se multipliquen. Si estos hechos hubieran sido diligentemente investigados, sancionados y medidas de no repetición implantadas, sin duda las Fuerzas de seguridad se habrían detenido antes de disparar contra estudiantes de la misma escuela el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, y quizá no se hubiera detonado la tragedia de esa noche con la desaparición de 43 estudiantes normalistas y el asesinato de Julio Cesar Ramírez, Julio Cesar Mondragón y Daniel Solís.

Para los peticionarios, la admisión y evaluación de esta denuncia ante el Sistema Interamericano puede ayudar a contribuir con los cambios estructurales que el Estado mexicano necesita en cuanto a la labor de sus Fuerzas del orden y el respeto por los derechos humanos en el país.

Atentamente:

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

Demandan libertad de comandante de la Guardia Comunal de Ostula

Queremos expresar nuestra preocupación por el Auto de Formal Prisión en contra del comandante de la Policía Comunitaria de Ostula Cemeí Verdía Zepeda, detenido el pasado 19 de julio de 2015. Apoyamos el recurso interpuesto por sus abogados para apelar ese acuerdo por parte del Juzgado, cuya audiencia constitucional se realizó el pasado 14 de diciembre de 2015 en la Quinta Sala de lo penal del Tribunal Superior de Justicia del estado de Michoacán. Recordamos también que en el operativo para detenerlo fue asesinado el niño Hidelberto Reyes con 12 años de edad.

También expresamos nuestro apoyo a la comunidad indígena nahua de Santa María Ostula, que ha emprendido una serie de movilizaciones para exigir la libertad de Cemeí Verdía Zepeda.

Igualmente urgimos al Tribunal Superior de Justicia del estado de Michoacán para considerar de manera apropiada las pruebas ofrecidas a favor de Cemeí Verdía Zepeda, apegándose a los tratados, convenciones y criterios internacionales en materia de derechos humanos, los cuales protegen los derechos colectivos de los pueblos originarios y evitar así que se comenta una vez más la privación de su libertad por motivos políticos.

Finalmente exhortamos al gobierno del estado de Michoacán, así como a la Procuraduría General de Justicia de Michoacán para tomar las medidas necesarias para desistirse de cualquier acción penal en contra de Cemeí Verdía. Ello en virtud de que para cada uno de los delitos que se le ha pretendido imputar ha resultado absuelto por las instancias judiciales competentes.

Estamos convencidos que la libertad de Cemeí Verdía contribuirá a lograr un clima de paz en el territorio indígena de Michoacán.

Zazil Valadez Betancourt Y 97 firmas más.

[NUESTROS LECTORES]

Contralínea 468 / del 21 al 27 de Diciembre 2015