Con represión, asesinato, y violencia intentan apagar el normalismo rural, así como con una campaña de desprestigio y un raquítico presupuesto, que apenas llega a los 400 millones para las 15 instituciones. Estudiantes y profesores cargan con la defensa de un modelo educativo histórico pero vigente
De acuerdo con Elizabeth Jelin vivimos una era de exacerbación de la memoria, en la que acumulamos todo lo que podemos. Como individuos en el plano familiar, la mayoría de las veces con recuerdos materiales sobre etapas de nuestra vida; y como sociedad, en el espacio público, con placas conmemorativas, monumentos y archivos. Pero asimismo, grupos o comunidades generan e incrementan su memoria, narrando sus pasados para sí mismos y para otros. Dentro de lo que se ha denominado “cultura de la memoria”, como respuesta a un estilo de vida acelerado, mismo que evita a las personas tener anclajes o raíces con sus orígenes. Por lo que Jelin considera que la memoria es fundamental como mecanismo cultural para el fortalecimiento del sentido de pertenencia a comunidades o grupos, principalmente los oprimidos, silenciados y discriminados (1). Lo que, entiendo, incluyen organizaciones disidentes de los regímenes políticos, ya sean silenciados mediante el acoso, la amenaza, el empleo de la “justicia y la ley” tergiversadas e interpretadas a conveniencia por las autoridades, y en casos extremos mediante la tortura y el asesinato. Este último en una de sus más temibles versiones, la desaparición forzada, método que así mismo funciona para silenciar y oprimir a los miembros del grupo sobrevivientes, para imponerles el olvido.
Independientemente de la época y del tamaño de los grupos afectados “la memoria y el olvido, la conmemoración y el recuerdo se tornan cruciales cuando se vinculan a acontecimientos traumáticos y a situaciones de represión y aniquilación o cuando se trata de profundas catástrofes sociales y situaciones de sufrimiento colectivo” (2). En este análisis hablaré, por lo tanto, de la memoria colectiva (3) de un grupo, aunque entendiendo que ésta se ha nutrido por experiencias individuales dentro del marco social mayor al que pertenecen sus miembros, pues siempre está implicada “…la presencia de lo social, aun en los momentos más ‘individuales’. ‘Nunca estamos solos –uno no recuerda solo sino con la ayuda de los recuerdos de otros y con los códigos culturales compartidos, aun cuando las memorias personales son únicas e individuales–.’” (4) Me refiero a la memoria colectiva del grupo social integrado por estudiantes y maestros, sus familiares y amigos, ellos los que desde hace décadas, casi un siglo, han constituido las normales rurales en nuestro país.
La memoria, en el sentido que la analizo de transmisión de ideología, sentimiento de pertenencia y postura política, no funciona como la historia en el sentido académico; y se basa en la experiencia vivida, en el testimonio de transmisión oral, en narrativas colectivas y en recordar con actos conmemorativos, entre otras acciones del grupo implicado en los hechos. Aunque los sucesos afecten a un grupo mayor no directamente, como a una nación. “La memoria entonces se produce en tanto hay sujetos que comparten una cultura, en tanto hay agentes sociales que intentan ‘materializar’ estos sentidos del pasado en diversos productos culturales que son concebidos como, o que se convierten en, vehículos de la memoria, tales como libros, museos, monumentos, películas…” (5).
La memoria es colectiva por los marcos que la contienen, como el espacio, el tiempo, la afectividad y el lenguaje, y sobre estos mismos se construye. En éstos cobran sentido los acontecimientos que han de mantenerse para despue?s comunicarse. Los marcos sociales dan estabilidad y permiten que el contenido se pueda modificar. Los marcos son relevantes debido a que se acuerdan de forma colectiva y para la colectividad. De éstos, el espacio es el significado de las dimensiones en que se vive, dimensiones que así mismo condicionan la forma de vida en su interior. Así, al espacio como terreno le corresponde una expresión simbólica dependiente de las relaciones y el lenguaje que se dan en él. Las colectividades hacen suyos los espacios que habitan, sobre todo cuando poseen una memoria cultural con la que transforman el emplazamiento a su imagen y se encierran dentro del marco que han elaborado (6). De esta manera las normales rurales pueden ser consideradas vehículos de la memoria, como marcos espaciales en los que el grupo social referido, en especial alumnos y profesores, conviven intensamente en las aulas, pues operan bajo el sistema de internado. Además, las escuelas siempre han estado fuertemente relacionadas con las comunidades que las rodean. Y principalmente debido al papel de los estudiantes avanzados y los profesores como transmisores de la memoria colectiva entre generaciones, precisamente ahí, en las aulas de las normales rurales.
La desaparición forzada de los 43 estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, los días 26 y 27 de septiembre de 2014, ocurrió dentro del contexto de la guerra contra el narcotráfico iniciada en el sexenio de Felipe Calderón y que, sin ser nombrada así, sigue en la administración de Enrique Peña Nieto. Es cierto que México se encuentra en una espiral de violencia exacerbada desde hace 10 años. Pero particularizar su desaparición al contexto de la batalla contra el crimen organizado es desvirtuar, banalizar y desdibujar a los normalistas rurales, pues su desaparición es parte de un devenir temporal más amplio, en el que están involucrados aspectos ideológicos y políticos, que desde hace mucho han confrontado a los normalistas rurales con diferentes administraciones gubernamentales.
La desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa se dio en un contexto más amplio y complejo de lo que las autoridades nos han querido hacer creer mediante sus discursos y el empleo de la mayoría de los medios de comunicación, principalmente televisoras, estaciones de radio y periódicos, por supuesto oficialistas. Pero el 7 de marzo pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), perteneciente a la Organización de los Estados Americanos (OEA), presentó un informe que examina la crisis de derechos humanos que atraviesa México en medio de una agravada violencia desde 2006 y que parece no tener fin. Su análisis examina las miles de desapariciones y desapariciones forzadas, los mecanismos de tortura institucionalizados, las ejecuciones extrajudiciales, entre otros asuntos como: la inseguridad en la que sobrevive la ciudadanía, la dificultad de acceder a la justicia y, la generalizada impunidad en el territorio nacional. El texto también señala la crítica situación de algunos sectores poblacionales, que se relacionan directamente con esta crisis al denunciarla ante las autoridades y hacerla del conocimiento público como son: los defensores de derechos humanos y los periodistas. Personas que por ejercer sus derechos como ciudadanos al denunciar y por ejercer su libertad de expresión como entes obligados a hacerlo en el medio periodístico, han sido convertidas también en victimas. Actualmente México es considerado uno de los países con mayor riesgo para aquellos que ejercen el periodismo, su situación ha sido comparada con la de países que se encuentran en guerra.
[blockquote pull=”right” align=”left” attributed_to=”” attributed_to_url=”{{attributed_to_url}}”]Según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, las personas “no localizadas” en México hasta septiembre de 2015 eran 26 mil 798″[/blockquote]
Las cifras del informe demuestran que la desaparición de personas en el país ha alcanzado niveles alarmantes para una nación que no se encuentra bajo una dictadura, al menos en el sentido clásico de la palabra, como se entiende fueron las de algunos países de América del Sur durante la segunda mitad del siglo pasado o en un conflicto armado como una revolución o una guerra. De acuerdo al Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), las personas “no localizadas” en México hasta septiembre de 2015 eran 26 mil 798. La cuestión se torna más grave cuando el reporte de la CIDH menciona “la información amplia y consistente” que ha recibido sobre la práctica de desaparición forzada por parte de elementos o agentes del Estado (7).
El informe de la CIDH se presenta 1 año después de haberse iniciado los trabajos de su integración durante la visita de la comisión a nuestro país del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2015 y, poco más de 2 años después del terrible suceso de Ayotzinapa. Los 43 estudiantes se sumaron entonces a la ya abultada cifra de desaparecidos en México y que sigue incrementándose. Sin duda la desaparición de los 43 estudiantes se ha convertido en el caso más notorio de los últimos años en cuanto a desapariciones forzadas y ha sido objeto de grandes protestas a nivel nacional e internacional; y no es para menos, pues ha quedado claro que nuestras autoridades no pueden o no les interesa resolver los casos de desaparición. Y por supuesto no es el único de los últimos años, ya en 2013 Human Rigth Watch documentó 149 casos de desaparición forzada con la participación de agentes del Estado (8). Pero que en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa se haya evidenciado la participación de representantes populares del gobierno, cuerpos policiacos y el Ejército, además del crimen organizado, vuelve la desaparición de los muchachos un crimen de Estado con implicaciones muy profundas.
Que sea un crimen de Estado complica lo sucedido, pues hablar de los muchachos desaparecidos dentro de la práctica que involucra a ciertos agentes del Estado, obliga a dirigir este análisis hacia el origen de los estudiantes en la normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, una de las 15 que aún existen. Y aunque el número de éstas desde que se originaron en 1922 ha variado, así como su denominación y nivel académico, hoy se encuentran reducidas a su mínima expresión. En la década de 1930 se llamaron Escuelas Regionales Campesinas y para 1939 sumaban 36 planteles. En 1941 se transformaron las escuelas regionales, unas se destinaron solamente a la agricultura y 18 se definieron como normales rurales. Durante la década de 1950 algunas de las escuelas regionales campesinas se redefinieron nuevamente como normales rurales y con la creación de otras se alcanzó la cifra de 29 unidades. A finales de esa década sus estudios se homologaron a los de bachillerato, con lo que se abrió la posibilidad de que sus egresados continuaran estudios universitarios. Además, la formación de la identidad entre los internos se reforzó, ya que su convivencia podía alcanzar 7 siete años, pues se impartía uno de complementación de educación primaria, tres de secundaria y los tres de normal (9).
En las décadas de 1950 y 1960 el pensamiento crítico y socialista se afianzó en los planteles rurales entre maestros y estudiantes. Lo que debemos considerar aquí es que la introducción de ese pensamiento se dio mucho antes, con la propuesta de educación del presidente Lázaro Cárdenas durante su mandato 1934-1940, justamente en la etapa de mayor auge de las normales rurales. Ese pensamiento analítico, crítico y socialista llevó a los normalistas a participar en diversas luchas, entre las que destacan la lucha magisterial de 1958 y el movimiento estudiantil de 1968, que culminó con el asesinato masivo de estudiantes en la Ciudad de México en octubre del mismo año. Masacre perpetrada por agentes del Estado, militares y policías, bajo las órdenes del presidente Gustavo Díaz Ordaz y el secretario de Gobernación Luis Echeverría Álvarez. La activa participación de los normalistas en el movimiento estudiantil tuvo como represalia gubernamental el cierre de 15 normales (10). Además de que se separó la educación secundaria de su esquema educativo (11), acotando la intensa convivencia de sus integrantes.
En 1984 se elevó por acuerdo presidencial el esquema educativo de las normales rurales a licenciatura. Además, se decretó el establecimiento de “centros de bachillerato, conforme a planes y programas especi?ficos, en las zonas de influencia de las escuelas normales rurales y experimentales que no cuenten con ese servicio educativo.” (12) Con lo que se daba otro duro golpe a la educación normalista que se venía desarrollando, pues se quería aumentar la edad de los que ingresaran a sus aulas formándolos previamente en otro sistema de bachillerato. En 1993 con la descentralización de la educación básica y normal estas escuelas pasaron a las administraciones estatales, con lo que se disminuyó su número de estudiantes y se redujo el otorgamiento de plazas en determinadas regiones (13). Pero más allá de las cifras, esta estrategia se dirigió también a entorpecer las negociaciones de los normalistas en diferentes conflictos, pues ya no lo harían directamente con la administración federal, pues primero debían pasar por las autoridades estatales. Con lo que sus luchas por mejorar y mantenerse en el sistema educativo del país se volvieron más burocráticas y de larga duración, una política gubernamental para desgastar las luchas y huelgas en las que los normalistas se vieran envueltos.
La política gubernamental hacia las normales rurales durante la primer década del presente siglo continuó con la de reducción de la matricula estudiantil y la planta docente, además de la cancelación de becas a los estudiantes. Y prosiguió el gobierno con el cierre de escuelas, como la normal de Mactumatzá en Chiapas –en violento proceso de cierre desde 2003– y en 2008 de la normal rural de El Mexe, en Hidalgo. Caso que recibió gran atención de los medios de comunicación pues el conflicto que se generó a su alrededor recibió el apoyo de las poblaciones circundantes. Claro que la mayor parte de la cobertura mediática criminalizaba a los normalistas por la toma de autobuses, marchas y bloqueos. Sin abundar en la política de estrangulamiento contra las normales implementada por el gobierno federal desde años atrás, principal causante del conflicto de El Mexe. Ese mismo año la administración estatal de Enrique Peña Nieto intentó cerrar la normar rural de Tenería en el Estado de México (14).
En las normales rurales durante las décadas de los sesenta y setenta era común encontrar círculos de lectura que debatían textos de Marx, Engels y Lennin, entre otros autores con compromiso social. Lo que llevó a sus integrantes a reforzar su sentido de pertenencia e identidad hacia sus comunidades, y hacia el pueblo en el aspecto generalizado de la masa sin recursos y oprimida por la oligarquía y las autoridades (15). La Federación de Estudiantes Campesinos y Socialistas de México (FECSM) es una agrupación que históricamente ha representado al sector estudiantil más pobre y crítico del país, con un gran compromiso social y una larga tradición de lucha, desde que se originó en las escuelas regionales campesinas en 1935 (16). Lucha que derivó en varias vertientes desde los años sesenta, incluida la guerrilla. En las filas de la FECSM estuvieron Lucio Cabañas Barrientos, quien fue secretario de la organización en 1962, cinco años antes de volverse guerrillero y, Genaro Vázquez –ambos estudiantes en la normal de Ayotzinapa–. También fueron normalistas rurales algunos de los atacantes al Cuartel de Madera en 1965, que dirigieran los profesores Arturo Gámiz y Pablo Gómez. Otros más integraron el Movimiento de Acción Revolucionaria.” (17)
[blockquote pull=”right” align=”left” attributed_to=”” attributed_to_url=”{{attributed_to_url}}”]La FECSM es una agrupación que ha representado al sector estudiantil más pobre y crítico del país, con un gran compromiso social y una larga tradición de lucha”[/blockquote]
Durante la década de 1970, los movimientos guerrilleros se volvieron objetivos del Estado en la llamada Guerra Sucia, en la que principalmente en Guerrero se recurrió a la desaparición forzada como mecanismo de represión: “En la guerra contrainsurgente, contra las guerrillas de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria y del Partido de los Pobres, el Ejército y las agencias de seguridad desarrollaron una particular forma de represión que consiste en desaparecer a los adversarios. No castigar a los enemigos, ni siquiera asesinar, torturar y humillar, sino algo más: desaparecerlos, borrar sus rastros, negar su existencia. Individual y política. A ellos y su lucha” (18).
La desaparición forzada de los 43 de Ayotzinapa, se dio cuando se dirigían a la Ciudad de México, con el objetivo de conmemorar la matanza de otros estudiantes, los de Tlatelolco en 1968; cuando la sociedad no esperaba ver nunca más una masacre de estudiantes; cuando gran parte de la sociedad había perdido la memoria de los sucedido en 1968; cuando muchos, como yo, depositarios de la memoria oral de otros, de los de la generación que estuvo en el movimiento estudiantil, habíamos dejado de conmemorar el trágico suceso; cuando la memoria se desvanecía en los registros históricos académicos, aquellos que han sido elaborados desde el Estado, de los que a la mayoría siempre les falta algo o en los que se ha cambiado lo sucedió, por motivos más importantes para la conformación de nuestra “democrática nación”.
El exterminio de los 43 estudiantes puede tener una lectura más profunda que la que le ha dado la versión “histórica” de Jesús Murillo Karam, Miguel Ángel Osorio Chong y Enrique Peña Nieto. Una en el contexto de la larga estrategia de estrangulamiento de las normales rurales que apunta a la eliminación de una memoria colectiva, que durante 94 años ha sobrevivido al olvido en que la ha querido arrojar el Estado. Es parte de la aniquilación de las normales rurales como vehículos de la memoria, en tanto que, a través de casi un siglo han sido espacios de integración de uno de los sectores más oprimidos, silenciados y discriminados en nuestro país, el rural, conformado en las escuelas por campesinos, indígenas y mestizos, todos pobres.
Entonces se puede entender a las normales rurales como vehículos de la memoria al ser espacios vivos por la integración de individuos pobres en colectividades pobres, por generaciones y por regiones. Vehículos de la memoria que han generado una memoria colectiva que se ha sabido transmitir y reinventar desde la década de los treinta, mediante una ideología de corte socialista, que ha incorporado otros pensamientos, como el de la revolución cubana. Pero que, sobre todo ha transmitido la experiencia de lucha de sus integrantes en diferentes movimientos sociales, como la lucha magisterial de 1958 y la matanza de aquellos otros estudiantes en 1968. Memoria colectiva que recuerda la escisión de algunos de sus miembros en guerrillas rurales y urbanas, la guerra sucia, la tortura, la vida clandestina, el exterminio de los cuerpos. Y que, por supuesto ahora ya ha incorporado la desaparición forzada de los 43.
Actualmente sobreviven 15 normales rurales(19) –al menos las que son reconocidas como tales por el gobierno–, mismas que son vehículos de la memoria de un grupo históricamente oprimido, silenciado, discriminado y temido por el Estado. Razones por las cuales se volvió disidente en primera instancia. Y, aunque tras la desaparición forzada de los 43 estudiantes la Cámara de diputados aprobó 400 millones para las normales rurales. El duro golpe a Ayotzinapa afectó todas las normales, la colectividad que son. Desde entonces han disminuido sus aspirantes y se ha incrementado la deserción de las mismas. Pues el miedo a la represión, al asesinato, a la violencia sin nombre que es la desaparición forzada generó huecos en esos vehículos de la memoria en el nivel individual de sus miembros, pero reforzó su memoria colectiva ante el olvido que les quiere imponer el Estado mexicano.
Notas
1 Elizabeth Jelin, Los trabajos de la memoria, Siglo Veintiuno Editores, España, 2002, páginas 9, 10.
2 Jelin, Op. cit; páginas 10, 11.
3 Me refiero a memoria colectiva como un proceso que hace más énfasis en la construcción cultural colectiva que en los procesos individuales de la misma, idea desarrollada por Maurice Halbwach que está relacionada con lo que él llamó “marcos sociales de la memoria” en sus obras: Les cadres sociaux de la me?moire, 1925, y La me?moire collective, 1950. Tomado de Jorge Mendoza García, “La tortura en el marco de la guerra sucia en México: un ejercicio de memoria colectiva”, POLIS, volumen 7, nu?mero 2, 2011; páginas 139-179.
4 Jelin, Op. cit; página 20.
5 Ibid. página 37.
6 Jorge Mendoza García, “La tortura en el marco de la guerra sucia en México: un ejercicio de memoria colectiva”, POLIS, vol. 7, nu?m. 2, 2011. pp. 140, 141. Cabe aclarar que Mendoza habla principalmente del Campo Militar Número 1 como un marco espacial altamente significativo para los sobrevivientes de la guerra sucia, por haber sido el lugar por excelencia de la tortura, el asesinato y la desaparición forzada de disidentes por parte del Estado mexicano.
7 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Situación de los Derechos Humanos en México, Organización de los Estados Americanos, 31 de diciembre de 2015, páginas 11-14. http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Mexico2016-es.pdf.
8 Human Rights Watch, Los Desaparecidos en México. El persistente costo de una crisis ignorada, 20 de febrero de 2013. https://www.hrw.org/node/256408.
9 Alicia Civera Cerecedo, “Normales rurales. Historia mínima del olvido”, Nexos, 1 de Marzo de 2015, http://www.nexos.com.mx/?p=24304.
10 Tanais Padilla, “Las normales rurales: historia y proyecto de nacio?n”, El Cotidiano, 154, marzo-abril, 2009, página 92, UAM, Azcapotzalco, México; páginas 85-98.
11 Gustavo Díaz Ordaz, Quinto Informe de Gobierno. Capítulo III, Política de Bienestar Social, Educación Pública, 1 Septiembre, 1969”, Informes presidenciales, Cámara de Diputados, LX Legislatura, Centro de Documentación Información y Análisis, 2006; páginas 353, 354. http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/re/RE-ISS-09-06-13.pdf .
12 Miguel de la Madrid H, 03-23-84 Acuerdo que Establece que la Educacio?n Normal en su Nivel inicial y en Cualquiera de sus Tipos y Especialidades Tendra? el Grado Acade?mico de Licenciatura. Poder Ejecutivo Federal, 22 de Marzo de 1984. https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/915b6a5c-4d36-4209-9310-5f9d2ed95508/acuerdo_educacion_normal.pdf.
13 Civera, Op. cit.
14 Nancy Flores, “Amenaza contra la normal rural de Tenería”, Contralínea, 112; 15 de octubre de 2008.
15 Civera, Op. cit.
16 FECSM, “Las razones y la lucha de las normales rurales”, Contralínea, 344; 21 de julio 2013.
17 Zósimo Camacho, “La resistencia de las normales rurales”, Contralínea, 99; 1 de enero de 2008.
18 Roberto González Villarreal, Ayotzinapa: la rabia y la esperanza, Terracota, México, 2015, página 42. Tomado de Bruno Bostelss, “Detrás de Ayotzinapa”, Memoria Revista de Crítica Militante, http://revistamemoria.mx/?p=687.
19 Directorio Completo de las Escuelas Normales de la República Mexicana, Dirección General de Educación Superior Para Profesionales de la Educación, SEP. http://www.dgespe.sep.gob.mx/rs/ens/directorio/escuelas.
Roberto E Galindo Domínguez*
*Maestro en ciencias en exploración y geofísica marina, licenciado en arqueología especializado en contextos sumergidos y buzo profesional, licenciado en letras hispánicas, licenciado en diseño gráfico. Actualmente cursa la maestría en apreciación y creación literaria en Casa Lamm
[BLOQUE: ANÁLISIS][SECCIÓN: SOCIAL]
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