México es uno de los países más violentos para los defensores de derechos humanos y periodistas dijo el relator especial sobre la Situación de los Defensores de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michel Forst, al concluir su misión en el país.
El relator de la ONU dijo que la administración en turno debe aumentar la protección a los defensores de derechos humanos, pues se vive un contexto de 98 por ciento de impunidad.
Reconoció que las violaciones, amenazas y ataques vienen de los “oficiales estatales”, pues se piensa que los defensores se encuentran en contra del desarrollo. Sin embargo, dijo, el gobierno (encabezado por Enrique Peña Nieto) debe reconocer que los defensores de derechos humanos son “agentes de cambio”.
El relator Forst se reunió con más de 800 defensores de 24 estados distintos, del 14 al 24 de enero. Estuvo en la Ciudad de México, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca y el Estado de México. Donde constató que “hay varios defensores que están en riesgo” y que entre los grupos vulnerables se encuentran los grupos indígenas ( a quienes no se les consulta cuando se pretende ejecutar un megaproyecto en su región); por lo que el Estado tiene que hacer mayores esfuerzos respecto a este tema. También identificó a los activistas y las mujeres periodistas dentro de los grupos vulnerables.
En el informe de la misión indica: “La criminalización de las defensoras y los defensores tiene un efecto inhibidor no solo en ellos, sino también en la sociedad en general. Debilita los movimientos de la sociedad civil y es una de las principales causas que evita que la población en general presente denuncias ante la policía por crímenes serios. Las defensoras y los defensores cada vez más tienen que dedicar una importante cantidad de tiempo y recursos para defenderse, lo que debilita su capacidad de proteger a las personas más vulnerables en la sociedad. La criminalización también debilita la confianza de la sociedad civil en el gobierno, el cual en lugar de eso debería garantizar que las autoridades y terceras personas no manipulan los poderes estatales y judiciales para hostigar a los defensores por sus legítimas actividades”.
Recomendó la revisión de las leyes y políticas, “cuya ambigüedad se ha utilizado para criminalizar a las defensoras y los defensores de derechos humanos por su legítima labor”, para que su contenido e implementación respeten el principio de legalidad y otras normas internacionales de derechos humanos.
El documento también indica que la criminalización de los defensores está vinculada tanto a “elementos federales, como estatales, incluyendo la policía, el ejército, la marina, autoridades gubernamentales y el poder judicial”.
