Más de una docena de acuerdos se firmaron entre el gobierno guatemalteco y los movimientos armados para poner fin a una encarnizada guerra civil. A casi 21 años, son letra muerta
Isabel Soto Mayedo/Prensa Latina
Guatemala, Guatemala. La indiferencia mantiene aprisionados los Acuerdos de Paz Firme y Duradera, que hace 2 décadas pusieron fin al conflicto armado interno (1960-1996) y abrieron una puerta a la esperanza de millones de personas en Guatemala.
Pruebas fehacientes de la desidia al respecto pueden encontrarse por doquier, en informes de instituciones públicas, denuncias de organizaciones no gubernamentales, investigaciones científicas, sondeos de opinión, declaraciones de personas de todos los sectores y medios de prensa.
A esto cabe añadir el testimonio legado por las movilizaciones anticorrupción de 2015, las cuales demostraron el descontento general con el grado de impunidad alcanzado en un país que exhibe índices de pobreza, desnutrición, criminalidad, y otros desastres, superiores a los del promedio latinoamericano.
Todo ello explica por qué a estas alturas, lejos de celebrar un año más de lograda la rendición de las armas, muchos sectores sociales exigen aún sentar las bases de una paz verdadera en favor de las mayorías en Guatemala.
Para buena parte de los habitantes del país, incluso aquellos que apenas conocen por referencias ciertos detalles de la guerra que desangró a la nación, resulta perentorio retomar el espíritu de aquel manojo de acuerdos e incorporar nuevas demandas en salud, educación, trabajo digno y derechos humanos.
La superación del racismo y de la discriminación son otros reclamos urgidos de solución en medio de un contexto marcado por las secuelas del enfrentamiento entre fuerzas del pueblo y del Estado, que costó 250 mil muertos o desaparecidos y 1 millón de desplazados de una población cercana a 6 millones.
El informe Guatemala: memoria del silencio, presentado en 1999 por la Comisión para el Establecimiento Histórico con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas, precisa que el 83 por ciento de esas víctimas mortales eran indígenas originarios de algunas de las naciones mayas asentadas hace siglos en el territorio.
Con el propósito de frenar el desangramiento de Guatemala, representantes de ambas partes negociaron por unos 14 años hasta adoptar los 12 acuerdos que conformaron la plataforma para garantizar una paz “firme y duradera”:
El Acuerdo Marco sobre Democratización para la Búsqueda de la Paz por Medios Políticos, el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos, el Acuerdo para el Reasentamiento de las Poblaciones Desarraigadas por el Enfrentamiento Armado y el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria.
También el Acuerdo sobre el Establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las violaciones a los derechos humanos y hechos de violencia que causaron sufrimientos a la población, el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas y el Acuerdo sobre Reformas Constitucionales y Régimen Electoral.
Asimismo el Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática, Acuerdo sobre el Definitivo Cese al Fuego, Acuerdo sobre bases para la Incorporación de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca a la Legalidad, Acuerdo sobre el Cronograma para la Implementación, Cumplimiento y Verificación de los Acuerdos de Paz, y el Acuerdo de Paz Firme y Duradera.
La solidez de lo planteado en esos documentos y su significación motivaron que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por su acrónimo en inglés) los incluyera en la lista de la Memoria del Mundo junto a los 60 años de historia de la ciudad maya de Quiriguá inscrita en piedra.
“La historia de Guatemala es de las más importantes del mundo”, asevera el representante de la Unesco en este país, Julio Carranza, y opina que “Guatemala merece tener una mayor cantidad de lugares y documentos en esta lista internacional, porque mérito y significación le sobran”.
Según Carranza, la dependencia del principal mecanismo multilateral considera que este país sigue avanzando positivamente en la consolidación del proceso de paz en el gobierno de Jimmy Morales y Jafeth Cabrera.
No obstante, admite, “los Acuerdos de Paz [firmados el 29 de diciembre de 1996] han tenido rezagos, desafortunadamente no hemos logrado en estos 20 años lo que hubiésemos querido el pueblo de Guatemala”.
Algunos de los temas pendientes de solución están relacionados con los derechos humanos, resarcimiento a poblaciones desarraigadas, situación agraria, reforma policial, derechos de los pueblos indígenas, y otros.
A su vez es necesario reconocer como parte fundamental la educación, y para ello “la enseñanza hacia el patrimonio y los valores de la nación tienen que ser reforzados cada vez más en el currículo nacional”, a juicio del funcionario.
Mientras, el vicepresidente de Guatemala asegura que el gobierno busca consensos con todos los sectores para dar cumplimento definitivo a esos documentos.
“Después de 20 años hay cosas que se quedaron en el rezago y sí queremos que se cumplan”, reconoce Cabrera y dice que los puntos pendientes de los acuerdos los están “socializando con las diferentes instancias, para procurar que lo pendiente se finiquite en un tiempo prioritario y que no sigamos con esta situación”.
Del otro lado
Otras voces insisten en que esos tratados todavía son letra muerta y que por eso en Guatemala continúa sin darse la transformación requerida para revertir las causas que originaron la guerra: la búsqueda de un cambio en cuanto al acceso a la tierra, a los medios de producción y a una vivienda digna.
Pero, además, la reversión de la pobreza, el racismo y la discriminación, en particular contra las poblaciones indígenas y campesinas que constituyen más de la mitad de la población.
El informe Impacto de los Acuerdos de Paz para las Víctimas del Conflicto Armado Interno 1996-2016, elaborado por la Red Nacional de Víctimas, el Consejo Nacional de Víctimas y el Movimiento Nacional de Víctimas Q’anil Tinamit y entregado por representantes de estos a las autoridades, es elocuente.
“El Estado no ha cumplido con garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación digna”, y tampoco a la búsqueda de los miles de desaparecidos, refiere el documento.
“Es lamentable que el Estado siga sin reconocer la veracidad del informe de la Comisión del Esclarecimiento Histórico que determinó que se cometieron actos de genocidio contra los pueblos indígenas, matando indiscriminadamente a niños, mujeres y campesinos”, agrega.
De igual modo, denuncia la negativa de buscar a los desaparecidos e impulsar una política de exhumaciones e inhumaciones, porque solamente sirve para proteger a los responsables de las violaciones y prolongar la angustia de las familias.
Los pueblos indígenas y las mujeres han enfrentado muchos obstáculos para acceder a la justicia y en muchas comunidades ni siquiera hay oficinas del Ministerio Público y del Organismo Judicial, añade.
Reconoce, sin embargo, la valiente labor de fiscales y juzgadores que emitieron 19 condenas contra responsables de delitos graves cometidos durante el conflicto, aunque recalca que estos son esfuerzos pequeños frente a la magnitud de las violaciones.
El estudio insiste en que todos los gobiernos posteriores a la firma de los tratados relegaron la agenda de la paz a un segundo plano y dieron prioridad a sus proyectos políticos.
Además, muestra las incongruencias en cuanto al resarcimiento a las víctimas y puntualiza que durante 13 años sólo fueron atendidas 16 mil solicitudes, en respuesta a las cuales el apoyo estatal derivó en una pequeña compensación económica.
“Las víctimas y sobrevivientes seguimos viviendo en condiciones de extrema pobreza y marginación, porque el Estado no ha implementado políticas para reducir la desigualdad”, subraya, al mismo tiempo que califica de negativo el balance del cumplimiento de los Acuerdos de Paz.
Acorde con esto, persiste en la necesidad de crear la Comisión Nacional de Búsqueda de Desapariciones Forzadas y de destinar 6 millones 660 mil dólares al resarcimiento; así como de fortalecer a la Policía Nacional Civil, limitar al Ejército al resguardo de fronteras, e impulsar políticas tendentes a acabar con el racismo y la discriminación.
“El indicador real del cumplimiento de los Acuerdos de Paz Firme y Duradera en Guatemala no son los compromisos, sino la transformación de la realidad”, a juicio de uno de los coordinadores de la Fundación Guillermo Toriello, Enrique Corral.
En ese punto concuerdan algunos especialistas, representantes de organizaciones civiles e indígenas, para quienes resulta contraproducente pretender borrar los cambios ocurridos en este país durante las últimas 2 décadas, aun cuando algunos de éstos sean cosméticos.
Un ejemplo de los problemas estructurales más complejos por revertir es el racismo. En opinión de la licenciada en trabajo social y máster en antropología Jeannette Ascencio, aunque queda mucho por ganar en la conciencia social en ese sentido, algo se avanzó ya en la esfera legislativa.
“El Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, además de establecer la realización de acciones de prevención, de institucionalidad, de políticas y otras orientadas a prevenir contra ese lastre, mandata al Estado a legislar contra el racismo.
“Y en 2002, 5 años después de la firma de ese documento, el artículo 202 del Código Penal tipificó la discriminación y el racismo por razones de etnia, de edad, de preferencia sexual, y a partir de allí se creó la institucionalidad para enfrentar ese delito”, argumenta.
Es más, añade, existe una unidad en la Fiscalía de Derechos Humanos contra el racismo, para seguir de cerca cualquier queja o demanda por discriminación; y también se creó la Comisión Presidencial Contra la Discriminación y el Racismo (Codisra).
“O sea, sí existe institucionalidad y hay varias denuncias, y una decena de sentencias logradas contra ese delito”, afirma, mas reconoce que la pena contra el racismo y la discriminación es muy suave, en tanto el cambio cultural es muy lento.
Por otra parte, aunque muchas personas sufren el racismo en lo cotidiano, no saben que éste constituye delito y que pueden denunciarlo, no obstante a que en algunas situaciones se denuncia y el grado de impunidad es muy grande.
“Hoy, 20 años después, tenemos la posibilidad de reunirnos, ponernos de acuerdo, pensar y trabajar por una Guatemala sin racismo, discriminación, despojo y explotación”, concordaron alcaldes indígenas, autoridades ancestrales y organizaciones defensoras de los derechos de los pueblos originarios.
Reconocieron que los acuerdos son patrimonio nacional y resultaron del sacrificio directo e indirecto de todo el pueblo, de generaciones completas, y que su cumplimiento constituye una meta para generar los grandes cambios que necesita este país.
Aunque consideraron como algo ganado que la sociedad perdió progresivamente el miedo a organizarse, a movilizarse y a luchar por el ejercicio de sus derechos, lo cual alentó a los pueblos indígenas a iniciar el proceso de recuperación de sus formas de vida y participación política.
Para la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), constituida en la clandestinidad el 7 de febrero de 1982 y devenida partido político, es negativo el cumplimiento de los acuerdos que pusieron fin al conflicto armado interno.
La organización, que aglutinó al Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), a la Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas (ORPA) y al Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT), llegó a esa conclusión tras analizar las causas, responsables, corresponsables, y rutas de propuesta para una nueva fase de cumplimiento de esos documentos.
“Guatemala vive una nueva coyuntura que demanda cambios profundos en el país y propicia una oportunidad más para avanzar en la agenda de la paz”, consideró la URNG y reconoce el avance en cuanto al reconocimiento de derechos sociales, en el combate a la corrupción y a la impunidad.
Sin embargo, destacó, la cuantiosa inversión económica, la extensa institucionalidad creada y las numerosas acciones realizadas en nombre de la paz, no incidieron proporcionalmente en el logro de los objetivos de los Acuerdos de Paz Firme y Duradera firmados en 1996.
“La pobreza y la desigualdad social; el racismo y la marginación contra los pueblos indígenas; la falta de espacios reales de participación política ciudadana; y el subdesarrollo general de nuestro país, siguen prevaleciendo”, afirmó, en un comunicado.
Asimismo culpó del incumplimiento sustantivo de lo recogido en esos textos a las élites del poder económico y a sus operadores en los gobiernos sucesivos de 1996 hasta la fecha, por anteponer sus intereses y agenda neoliberal.
Pero admitió que “la izquierda política y la social somos corresponsables, quienes, teniendo claridad de la necesidad de exigir y contribuir con su cumplimiento, en vez de unir fuerzas nos hemos dividido y debilitado”.
La URNG lamentó que la mayor parte del pueblo no asuma que el cumplimiento de los acuerdos obrará en su beneficio, en buena medida por desconocimiento, desinformación y manipulación.
También señaló la falta de voluntad de los gobiernos de turno, que alentaron la privatización de la función pública y de bienes estratégicos, con lo cual lastraron la capacidad del Estado para cumplir con sus responsabilidades.
Y recordó que, pese al crecimiento sostenido en los últimos años, en Guatemala las riquezas siguen llegando a las bolsas de los más ricos; mientras la pobreza y la desigualdad social crecen por día.
Los Acuerdos de Paz orientan el desarrollo de la capacidad productiva nacional y el ejercicio pleno de los derechos políticos de su población, por lo que el clientelismo y asistencialismo son contrarios a su letra y espíritu.
Con base en esa visión, la URNG recabó la unidad de todas las fuerzas para reemprender una nueva fase en cuanto a su cumplimiento.
De lo que se trata es de no olvidar nuestro pasado, señala el excombatiente guerrillero Santos Reyes, quien recuerda las razones que motivaron a muchas y muchos a sumarse a la lucha revolucionaria por transformar la realidad de Guatemala.
“Sólo en el Quiché tenemos 82 niñas y niños en desnutrición y eso es apenas un reflejo de los altos niveles de pobreza que tenemos. Por tanto ¿qué ha pasado?”, cuestiona.
“Nosotros entregamos las armas, pero ningún gobierno hizo nada por resolver los problemas económicos y sociales de la población. Los dueños de este país, los que mandan en él, siguen siendo los mismos”, opina.
Admite que las cuestiones operativas pactadas en 1996 se cumplieron, pero lamenta que nunca se concretaran los acuerdos que debían beneficiar a la población.
Por su parte Silvia Arena, también exinsurgente, hace notar que a 2 décadas de la paz es evidente la criminalización de la juventud y de las mujeres, la fragilidad y politización de las instituciones creadas para ellas, y las muertes de féminas.
“El tema de la mujer muestra muchos vacíos y cuestiones pendientes de resolver”, afirma y alude al intento de hacer creer que de nada sirvieron los Acuerdos de Paz.
“Creo que muchos no entendimos entonces lo que significa desmovilizarnos y que no se trataba de desorganizarnos”, reflexiona Francisco Aguilar, quien insistió en que “la unidad está en nuestras manos, en hacernos sentirnos y hacer nuestro movimiento.”
Otras compañeras y compañeros instaron a reevaluar qué papel juegan en sus comunidades, dentro del movimiento social y en la URNG, como partido de la izquierda.
“Se trata del rescate de la memoria, de hacer alianzas y de tratar de influir en la juventud. La situación es difícil, pero no es imposible hacer desde nuestros pedacitos y aprovechar los espacios que se nos ofrecen”, sugiere Santiago Boc Tay.
En tanto la procuradora adjunta de Derechos Humanos, Hilda Morales, conviene en que el análisis de lo cumplido de aquellos acuerdos deja mucho que desear y que más bien el saldo es negativo.
A modo de ejemplo menciona lo ocurrido con el Programa Nacional de Resarcimiento (PNR), que en poco más de 1 década de existencia sólo atendió unas 16 mil solicitudes de pequeñas compensaciones económicas y ahora atraviesa una crisis presupuestaria que limita su capacidad de maniobra.
Peor que esto, nunca se creó la añorada Comisión para la búsqueda de las 45 mil personas desaparecidas durante la guerra –de ellas unos 3 mil niños y niñas– y el esfuerzo por encontrar a éstos sigue en manos de organizaciones civiles que han tenido que enfrentar enormes desafíos en su labor.
“Hoy el tema de los acuerdos de paz está olvidado, no hay un seguimiento real a la implementación de éstos”, asevera el director ejecutivo del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos, Juan Francisco Soto, para quien nunca existió un compromiso real del Estado en la implementación de lo pactado.
“En alguna medida todo el tema de la memoria histórica, el tema de la justicia por los hechos sucedidos durante el conflicto, ha recaído más en las organizaciones de la sociedad civil que en el mismo Estado”, enfatiza.
En Guatemala, acorde con lo definido en 1996, existe el espacio legal para juzgar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la guerra y es hecho sabido que hubo sentencias en el de genocidio, en uno de violencia sexual contra la mujer y en otros por desaparición forzada y torturas.
Casi todos esos casos se juzgaron gracias a evidencias acumuladas por organizaciones civiles, que obraron como querellantes en los procesos penales y posibilitaron probar la comisión de esos crímenes como hecho judicial.
Mas continúa siendo un desafío involucrar a todos los sectores en la construcción de una paz verdaderamente firme y duradera en Guatemala, porque a fin de cuentas –según Soto– “la firma de la paz no es solo callar las armas, sino buscar formas de superar las causas de este enfrentamiento”.
Isabel Soto Mayedo/Prensa Latina
[BLOQUE: INVESTIGACIÓN][SECCIÓN: LÍNEA GLOBAL]
Contralínea 526 / del 12 al 18 de Febrero 2017
