Acusado de proteger al cártel del Pacífico, sujeto a investigación por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, señalado por un testigo protegido de tener vínculos con el crimen organizado y denunciado por el PAN, PRD, Convergencia y Dia por enriquecimiento ilícito, el gobernador de Durango, Ismael Hernández Deras, podría ser sujeto a proceso penal. Sería el segundo mandatario estatal en la historia reciente del país en enfrentar la justicia, después de Mario Villanueva Madrid

Durango, Durango. El gobernador saliente de este estado, Ismael Hernández Deras, podría ser sujeto de investigación penal por la Subprocuraduría de Investigaciones en Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República (PGR), por supuestos vínculos con el cártel del Pacífico.

La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda elaboró un expediente confidencial de las cuentas bancarias del mandatario y las de su familia en México y en el extranjero; documento que serviría de base para fincarle responsabilidad penal al funcionario.

Mientras, un testigo protegido habría confirmado a la PGR la relación de Hernández Deras y de algunos de sus colaboradores con el crimen organizado.

De remate, el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Convergencia lo acusan de enriquecimiento ilícito, fraude electoral, tráfico de armas, y exigen que se le instaure un juicio político y que sea arraigado, pues se teme que se exilie en Canadá ­­–país con el que México no tiene tratado de extradición–, donde habría comprado algunas propiedades.

La denuncia de hechos delictivos en contra del gobernador de Durango, Ismael Hernández Deras, y sus supuestos prestanombres Víctor Sánchez Sariñana, Jorge Sarabia Castriyón y Abraham Moreno García, será presentada en los días siguientes por los dirigentes nacionales del PAN, PRD, Convergencia y del grupo Dia (Diálogo por la Reconstrucción de México), César Nava Vázquez, Jesús Ortega Martínez, Luis Walton Aburto y Manuel Camacho Solís, respectivamente.

El hecho se produce a escasos días (el jueves 8 de septiembre) de que el mandatario concluya su gestión y de que el Tribunal Federal Electoral resuelva el recurso de impugnación del resultado de los comicios del pasado 4 de julio, interpuesto por el candidato de la coalición Durango nos Une, José Aispuro Torres, en contra de su homólogo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y delfín del gobernador, Jorge Herrera Caldera, quien se proclama triunfador de la contienda.

Abuso de poder y narcotráfico

Sus acusadores señalan que Hernández Deras se ha conducido con un absoluto abuso de poder, sin respetar la división de poderes local, pasando por el poder Legislativo local, aprovechando la mayoría de diputados del PRI para obtener del Congreso local anuencia para todos sus actos de gobierno, principalmente los relativos al uso de fondos públicos y programas federales; ya que el presupuesto del estado se constituye por 94 por ciento de participaciones federales y 6 por ciento estatales.

Igualmente, dicen que, desde 2004, los líderes del cártel del Pacífico habrían comprado el derecho de piso al gobernador de Durango, de quien supuestamente patrocinaron su campaña política con 50 millones de dólares, para recomponer sus alianzas y recuperar sus territorios, con lo que se inició la más violenta etapa de ejecuciones entre los cárteles de la droga y de gente inocente en el estado. En la entidad, las emboscadas, secuestros y asesinatos se cuentan por cientos. La razón: apoderarse de los centros de producción de marihuana y amapola, y el tráfico de cocaína, heroína y drogas sintéticas.

El arreglo entre los líderes del cártel del Pacífico y el gobernador incluiría la protección de las diferentes corporaciones policiacas, así como de los directivos de los penales estatales y municipales, en donde se han registrado, al menos, unas 2 mil ejecuciones realizadas por miembros de cárteles protegidos; salida ilegal y furtiva por las noches a grupos debidamente equipados para cobrar venganzas, sin que medie investigación alguna.

Se presume la supuesta colaboración del gobernador con los líderes y miembros del crimen organizado del cártel del Pacífico, quienes en Estados Unidos y en México mantienen procesos penales pendientes, acusados de delincuencia organizada, en sus modalidades de delitos contra la salud, operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), homicidio, entre otros.

Según la administración de drogas estadunidense y la PGR, el cártel del Pacífico es una de las organizaciones delictivas más peligrosas que operan en México. Se le atribuye una guerra a muerte con el cártel de Juárez y contra una sección del cártel del Golfo, con quienes enfrenta una sangrienta batalla por el control de varias entidades federativas, entre ellas Durango.

El caso más sintomático fue cuando la delegación de la PGR en Gómez Palacio confirmó la detención, con orden de arraigo, de la directora del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Gómez Palacio, Margarita Rojas Rodríguez, como presunta responsable de haber permitido la salida, por las noches, a miembros de la delincuencia organizada, vinculados con el cártel del Pacífico, para realizar ejecuciones a cambio de un pago de 25 mil pesos mensuales.

De la relación de diversos hechos sangrientos registrados en la entidad, existe una averiguación previa, iniciada en la Subdelegación de la PGR de Gómez Palacio, interpuesta por el representante de la coalición Durango nos Une, José Cándido Adame Aguirre.

El dirigente de Convergencia en la entidad, José Ramón Enríquez Herrera, refiere, en entrevista, que durante una reunión que sostuvieron él y los líderes del PRD y del PAN con el procurador General de la República, Arturo Chávez Chávez, éste se comprometió a aplicar la ley y les prometió que no habrá impunidad.

Transformadora Durango, un fiasco

Mediante un decreto emitido por el gobernador en el Periódico Oficial el jueves 15 de febrero de 2007, el cual fue suprimido del portal de internet del Congreso del estado, se autorizó la creación, el miércoles 21 de febrero de 2007, del organismo Transformadora Durango, Promotora de Proyectos Estratégicos, que encabezaba Víctor Sánchez Sariñana, expresidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción.

Se trata de un organismo auxiliar adscrito al despacho del gobernador, cuya misión sería diseñar, estructurar, promover y ejecutar proyectos estratégicos de alto impacto para el desarrollo integral del Estado, que trascendieran el periodo de su gobierno y orientaran las políticas públicas hacia resultados inmediatos, con visión de largo plazo.

Transformadora Durango tendría a su cargo, entre otros, el proyectos de la rehabilitación de carreteras estatales, mediante el esquema de Proyectos de Inversión y Prestación de Servicios; el desarrollo del nuevo Parque Industrial de Durango, incluyendo un centro multimodal de transporte, una aduana interior y un recinto fiscalizado estratégico; el Plan Hidráulico Integral de La Laguna; el Sistema Vial del Norte, incluyendo la reubicación de los patios del ferrocarril; y El Rescate Integral del Centro Histórico de Durango y la expansión de la infraestructura turística, incluyendo el Centro de Convenciones.

Diputados locales del PAN cuestionaron la existencia y la eficiencia de Transformadora Durango, a cargo de Víctor Sánchez Sariñana, ya que no existe certidumbre ni conocimiento de sus proyectos. “Es un problema el hecho de que ésta no sea fiscalizable”, además del hermetismo que ha manejado para dar avances de la proyección para Durango, según el diputado Alfredo Herrera Deras.

El hecho de que Transformadora Durango esté fungiendo como órgano rector de elaboración de proyectos para el desarrollo del estado es incorrecto, porque no es fiscalizable y porque el gobierno tiene instancias para llevar a cabo el trabajo que ésta desarrolla, como la Secretaría de Desarrollo Económico”, destacó.

“No sabemos cuántos empleados o quiénes son los proyectistas… además cuentan con un recoveco al no poderse fiscalizar; sin embargo, son casi 100 millones de pesos los que se le destinó al gobierno de Ismael Hernández para realizar proyectos que no hemos visto”.

Transformadora Durango no figura dentro de la administración pública: “No está en el formato que tienen las diferentes dependencias”. Situación similar ocurre con Proyección Siglo XXI, del gobierno municipal, agregó el diputado blanquiazul. Y los avances de la supuesta obra del Parque Industrial se desconocen, debido a que “hay una total desinformación sobre ese tema”, sostuvo el legislador Alfredo Herrera.

Inversiones en la Isla de Piedra, Mazatlán

A través de Víctor Sánchez Sariñana –exfuncionario de su administración y su supuesto prestanombres, creador de la empresa Korean–, el gobernador encabeza un megaproyecto turístico de 6 mil millones de pesos en la Isla de Piedra, en el puerto de Mazatlán, Sinaloa; cantidad de la que se desconoce su procedencia y se presume que es producto de la complicidad y asociación con la delincuencia organizada.

Sánchez Sariñana –sobre quien pesa en el Congreso local un juicio político por la posible comisión de delitos de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y uso indebido de atribuciones– ocupó, hasta 2007, la coordinación de Transformadora Durango, desde donde habría desviado recursos públicos para invertirlos en la compra de terrenos en la Isla de Piedra, denuncian diputados locales del PRD.

La Isla de Piedra cuenta con más de 2 mil 600 hectáreas, propiedad de 87 ejidatarios. La empresa Korean utilizaría 2 mil hectáreas para la construcción de hoteles, condominios, departamentos y tiendas de lujo.

Sariñana y otros supuestos prestanombres, como Jorge Sarabia y Abraham Moreno, estarían involucrados en la compra y venta de bienes raíces de la zona urbana, ranchos en la zona rural de la ciudad de Durango, entre otros el inmueble que ocupa la delegación de la PGR, que Sarabia compró en 4 millones de pesos y lo vendió al gobierno del estado en 22 millones de pesos.

El empresario constituyó Inmobiliaria Korean en 2000, y desde entonces ha realizado los fraccionamientos más importantes de Durango, entre ellos Loma Dorada Diamante, Brisas Diamante, Haciendas del Campestre, Parque Industrial Korean, Gardenias Privadas Residenciales, dentro del fraccionamiento Colinas del Saltito y Ciudad San Isidro, entre otros.

Juan Cruz Martínez, legislador local del PRD, denunció que Transformadora Durango resultó un fiasco y sólo sirvió para desviar recursos públicos para los proyectos de Sánchez Sariñana: “Un personaje corrupto de la presente y de todas la administraciones públicas estatales”.

Dice que desde octubre de 2008, en el Congreso del estado, “duerme el sueño de los justos” la iniciativa de acción popular en contra de Sánchez Sariñana, por la posible comisión de delitos de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y uso indebido de atribuciones.

Cuando Sánchez Sariñana, a la sazón expresidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, renunció bajo presión ciudadana, al año y medio de la creación de Transformadora Durango, había anunciado la conclusión de diversos proyectos “fantasmas”, como el Centro de Convenciones, la Ciudad Pecuaria, el Parque Industrial, el Parque Vial Norte, Agua Futura, Durango Verde, Planta de Etanol, Ciudad Gobierno, entre otros.

Cruz Martínez dijo que debe hacerse justicia y dar trámite al juicio político que está pendiente en el Congreso local en contra de Sánchez Sariñana, lo cual se ve cada vez más lejos, merced al carro completo del PRI en los pasados comicios del 4 de julio.

El legislador se pregunta cómo es posible que un individuo como Sánchez Sariñana se haya enriquecido de la noche a la mañana, no sólo para invertir en la Isla de Piedra, sino con la adquisición de 1 mil 500 hectáreas en Manzanillo, Colima, cuando su sueldo como funcionario público era de 70 mil pesos mensuales y sólo duró dos años en la administración de Hernández Deras. “Su vida todo el mundo la conoce en Durango. Nunca fue un hombre rico”, remata.

El exsecretario de Desarrollo Social, Abraham Moreno, Sánchez Sariñana y Hernández Deras son los propietarios de los fraccionamientos de la ciudad de Durango, aduce.

Arturo López Bueno, militante del PRD, dice que el proyecto de Ciudad Pecuaria es un caso emblemático de corrupción del gobierno, ya que en 2008 los terrenos del Ejido 27 de Noviembre fueron adquiridos por la constructora a cargo de Félix Sariñana, familiar cercano a Víctor Sánchez, a un precio de “ganga”, y posteriormente fueron vendidos al gobierno del estado a precios estratosféricos.

Los precios fueron incrementados escandalosamente por el ayuntamiento de Durango hasta 5 mil veces, a la cabeza del priista y delfín de Hernández Deras y Jorge Herrera Caldera, dice el legislador. “Hubo un contubernio entre una cabeza que se dedica a hacer negocios a la sombra del poder público y un ayuntamiento que colaboró a final de cuentas en un negocio jugoso”, advierte.

La Isla de la Piedra albergará un desarrollo turístico de gran envergadura: una nueva ciudad turística, muy similar al Centro Integralmente Planeado que proyectó el Fondo Nacional de Fomento al Turismo para Teacapán, confirmó Víctor Sánchez Sariñana, director general de la Inmobiliaria Korean, quien dijo que él representa a 180 inversionistas de Durango y otras entidades del país.

El proyecto ejecutivo se desarrollará en dos o tres años, para avanzar en el desarrollo de las 2 mil hectáreas dentro de 20 o 25 años. “Ya se convenció al ejido de la conveniencia de pasar de un estado ejidal a un estado privado. Lo haremos poco a poco, por etapas. Al ejidatario no se le despojará de tierras. No lo haremos empresario, pero lo haremos inversionista”, señaló.

Óscar Díaz, encargado del proyecto de la Isla de la Piedra del grupo Korean, dice en entrevista que aún no hay nada concreto, pues se encuentra en la fase de estudios y de elaboración del concepto general, regularización del ejido y certificación de las tierras ante las autoridades agrarias.

Fraude y violencia electoral

El 4 de julio pasado, durante la jornada electoral, acontecieron diversas irregularidades: compra de votos, robo de ánforas, rondines de camionetas con sujetos armados que ejercían violencia en casillas donde estaban formados los votantes –en las casillas que se instalaron en calle Rinconada de los Tulipanes sin número, fraccionamiento Rinconada Hamburgo, en la Colonia Fidel Velázquez y en casillas ubicadas por la Central Camionera, así como en diversos Ejidos de Gómez Palacio–. Actos que evidenciaron un fraude electoral, pues en actas de los comicios estatales se desprende que en las urnas hubo mayor votación que el número de ciudadanos de la lista electoral respectiva.

Además, se anularon votos que debieron computarse como válidos. De ello dieron cuenta los representantes de partidos y delegados generales que participaron en la contienda electoral; circunstancias que se anotaron debidamente en los escritos de protesta y de incidencias correspondientes, y que no tomaron en consideración las autoridades electorales.

Otras irregularidades que se desarrollaron ese día fueron el tiroteo en la casilla número 447 Básica, y donde se encuentran la casilla 447, Contigua 1 a la 17, todas ellas establecidas en la Escuela Primaria Dolores Correa Zapata, de Rinconada de los Tulipanes sin número, del fraccionamiento Rinconada Hamburgo, en Gómez Palacio, donde los votantes se tiraron al suelo para protegerse, y fallecieron dos policías preventivos.

Después de la jornada electoral, una serie de sucesos abonaron la presunción del fraude orquestado con la participación de funcionarios del gobierno de Durango, entre los que destaca la masacre en la Quinta Italia Inn, de Torreón, donde perdieron la vida 18 personas. Participaron comandos a bordo de vehículos cuyas características corresponden a los que participaron el 4 de julio atemorizando a ciudadanos y asaltando casillas electorales, secuestrando a los funcionarios electorales y observadores civiles.

Las particularidades de los vehículos usados en la matanza de la Quinta Italia Inn, así como los empleados en la jornada electoral fueron subidos al portal de Youtube, en el que Rodolfo Nájera Ortiz, policía municipal de Lerdo, narra los hechos delictuosos que se cometían en el Cereso número 2, en Gómez Palacio, por parte de la directora Margarita Rojas Rodríguez, Carlos Francisco Alberto Uranga Orona, subdirector; Guadalupe Díaz Ordaz y Roberto Enríquez Saguayo, jefes de custodios.

El policía dijo que los vehículos donde participaron diversos reos internados en dicho Cereso fueron escondidos en el interior del mismo.

El gobernador habría desviado recursos públicos hacia las campañas de los candidatos del PRI, que el pasado 4 de julio ganaron carro completo; realizó “audiencias públicas”, pagadas con dinero público, en los diferentes municipios del estado, en una clara campaña de proselitismo para apoyar al candidato a gobernador Jorge Herrera Caldera.

Los candidatos del PRI, el gobernador y los funcionarios que lo acompañaban vestían camisas y corbatas de color verde: del mismo color y tono que utilizaron como distintivo en las campañas, lo que es sin duda un acto de proselitismo, inducción al voto, que constituyen delitos electorales

Los líderes de los partidos de oposición locales exigieron al procurador federal Arturo Chávez Chávez la intervención inmediata de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada y de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, para que oportunamente se ejercite acción penal y el aseguramiento ministerial de los bienes muebles e inmuebles que proceda.

Con fundamento en el artículo 12 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, los denunciantes exigen que se proceda a los arraigos del gobernador y sus prestanombres, por el temor de su huida al extranjero al término de su mandato.

Citar fuente: Contralínea 199 – Publicado en internet: 15 de Septiembre de 2010