El gobierno federal otorgará apoyos de 40 mil pesos a 36 mil familias de San Quintín, Baja California, para mejorar sus viviendas como parte de una estrategia que también contempla la regularización de la tenencia de la tierra, obras de electrificación y acciones para ampliar el acceso al agua potable, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante su conferencia matutina, la primera mandataria explicó que muchas familias habitan en viviendas construidas sobre terrenos ejidales cuya venta se realizó de manera irregular, situación que les ha impedido obtener certeza jurídica sobre sus propiedades y acceder a mejores condiciones de vivienda.

“Ahora a las 36 mil familias se les van a dar 40 mil pesos a cada una para que mejoren las condiciones de su vivienda, además del proceso de regularización que les permita, con sus propios ingresos, seguir mejorándolas”.

La titular del Ejecutivo federal agregó que el programa también contempla la ampliación de la electrificación y acciones para atender el rezago en el suministro de agua potable, al señalar que San Quintín es un municipio con una amplia extensión territorial. “Es una superficie muy grande, pero vamos a atender a todos”.

En materia laboral y con el objetivo de atender a las y los jornaleros de la zona, la presidenta informó que ya opera un Centro de Atención para Jornaleros, donde las y los trabajadores podrán presentar de manera directa quejas relacionadas con sus condiciones de trabajo.

Asimismo, anunció que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizarán inspecciones conjuntas a empresas agrícolas de San Quintín, así como de zonas de Ensenada y del norte de Baja California Sur, para verificar que sus trabajadores estén registrados ante el IMSS y cuenten con seguridad social.

Recordó que las empresas cuentan con un periodo de seis meses para cumplir con el certificado laboral requerido para exportar sus productos. A partir de agosto o septiembre, dijo, deberán acreditar que sus trabajadores están afiliados al IMSS para mantener ese requisito.

Sheinbaum reconoció que la mayoría de las personas jornaleras trabaja bajo un esquema de pago “a destajo”, es decir, recibe su salario de acuerdo con la cantidad de productos que cosecha y no por una jornada fija, lo que en algunos casos deriva en jornadas superiores a las ocho horas.

Subrayó que este sistema de pago no exime a los empleadores de cumplir con sus obligaciones en materia de seguridad social ni de respetar la jornada laboral establecida por la ley. “Estamos mejor que cuando empezamos, pero todavía queda mucho por hacer”.

La primera mandataria adelantó que regresará a San Quintín dentro de seis meses para evaluar los avances en las acciones emprendidas tanto en materia laboral como de vivienda e infraestructura.

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