Con la ayuda de Argentina y Brasil, Estados Unidos ya prepara la intervención militar para derrocar el gobierno de Maduro: cada día se cierra más el cerco golpista contra Venezuela. El Comando Sur juega un papel fundamental en la estrategia, pero también los Cascos Azules

Buenos Aires, Argentina. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene desde agosto de 2017 la obsesiva intención de invadir a Venezuela, como reveló un alto funcionario de la Casa Blanca en declaraciones a la agencia de noticias Associated Press (AP).

Declaraciones hechas precisamente después de la gira del vicepresidente Mike Pence en junio por varios países –como Ecuador, Brasil y Guatemala– solicitando apoyo para sus planes, en momentos en que la mano de Washington está detrás del violento intento golpista para derrocar al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, democráticamente elegido en 2016.

De acuerdo con la fuente citada por AP, Trump sorprendió a todos y preocupó a algunos funcionarios que estaban en una posición más moderada. Esto parece indicar que están ajustando el cerco interventor contra Venezuela.

La situación fue denunciada además por los presidentes Nicolás Maduro y Evo Morales, de Bolivia, ante una serie de evidencias y el fracaso de Estados Unidos en todos los intentos por derrocar al mandatario venezolano utilizando la Organización de Estados Americanos (OEA), al Grupo de Lima y los gobiernos cómplices de la región y de Europa.

Las acciones últimas, incluyendo la gira de Pence, sirvieron para ajustar detalles coincidiendo además con el armado del “Golpe Maestro” imaginado por el Comando Sur, que comenzó mucho antes. Venezuela denunció en los últimos años estos planes de intervención militar por parte de Estados Unidos, asimismo sostenidos como una amenaza permanente por altos funcionarios de Washington.

El documento del “Golpe Maestro”, que lleva la firma del jefe del Comando Sur, Kurt Tidd, se basó en todos los intentos golpistas en Venezuela desde 2002 en adelante.

Especialmente después de la muerte del presidente Hugo Chávez, en 2013, multiplicaron sus acciones esperando que Maduro fuera derrotado mediante “el golpe blando” de las violentísimas guarimbas como de 2014 y 2017, que dejaron muerte y destrucción en el país.

Este golpe fue derrotado por la decisión gubernamental de llamar a elecciones para elegir una Asamblea Constituyente, que acompañó el pueblo desafiando obstáculos y adversidades, contra el poder hegemónico y su guerra económica y mediática a nivel mundial.

El documento contiene en su segunda parte un esquema militar de intervención contra Venezuela para ser activado antes de fines de 2018 si la oposición venezolana no lograba derrocar a Maduro por otras vías. Eso quedó definitivamente descartado ante el holgado triunfo del presidente venezolano en las elecciones de mayo de este año, que Washington llamó a no reconocer, arrastrando en esta decisión a países europeos y de la región, encabezados por Colombia, Argentina y Brasil.

La movilización que se advierte en los últimos días demuestra que se está apretando el cerco en el esquema que habíamos advertido anteriormente cuando se difundió el documento del Comando Sur, lo cual indica que el alerta dado entonces era absolutamente válido.

La prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores argentino anunció la salida, el pasado 23 de junio, de un equipo de voluntarios “conformado por médicos y especialistas en atención primaria de salud”, con destino a la ciudad colombiana de Cúcuta, departamento Norte de Santander, en la base del Puente Internacional Simón Bolívar, frontera entre ese país y Venezuela.

Dicha acción “bajo la coordinación de la Comisión de Cascos Blancos de la Cancillería Argentina”, para atender a “migrantes venezolanos” que salieron de su país como “consecuencia de la grave situación político-institucional”, según señala el comunicado, lo cual es más que dudoso.

La ayuda médica sería coordinada “a través de las Unidades de Respuesta Sanitaria (URSA), conformadas por equipos de salud de “expertos voluntarios argentinos”, para atender en un campamento en Cúcuta, “a fin de dar respuestas a la reciente ‘crisis humanitaria’ surgida en ese límite fronterizo”.

Después de explicar el proyecto médico para la presunta atención a refugiados, señala que los equipos trabajarán con medicamentos e insumos “donados por los socios de Cascos Blancos del sector privado”.

Añade que el Equipo URSA estará integrado, entre otros, “por B´Nai B´rith Internacional; Internacional; OSDE –primera red de servicios médicos asistenciales de Argentina–; Cemic (Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas de Argentina); Alami –Asociación Latinoamericana de los Sistemas Privados de salud–; y CSIS –Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales”.

Sólo con recordar que B´Nai B´rith Internacional es una organización bajo el manejo de los sectores más fundamentalistas de Israel e investigar los otros “asociados”, ya sabemos de qué se trata esta “misión humanitaria” que encubre lo más brutal del intervencionismo.

También el presidente de Cascos Blancos, embajador argentino Alejandro Daneri, firmó un acuerdo con el ministro de Gobierno de Panamá, Carlos Rubio, para el Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria (Clrah) durante la reunión de la VI Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres (RRD) en las Américas, realizada en Cartagena, Colombia, entre el 20 y el 22 de junio.

El Acuerdo sobre Clrah tiene como objetivo reforzar el intercambio y la cooperación entre las partes en materia de asistencia humanitaria internacional, la preparación para la ayuda ante emergencias internacionales y la reducción del riesgo de desastres, (…) intercambio de información y en el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades logísticas”, todo esto diseño del Comando Sur.

Para quienes dudaron de que Argentina y Brasil formaran parte directa de este plan, una de las respuestas más fuertes fue la maniobra conjunta Amazong.Log 17 realizada en Tabatinga, territorio brasileño en Amazonas, frontera con Colombia, con participación de tropas estadunidenses, colombianas, brasileñas y peruanas, y como observadores 19 países de la región.

n esos momentos, 6 y 7 de noviembre de 2017, hubo un planteo de partidos opositores al gobierno del presidente de facto Michel Temer en la Cámara de Diputados por la participación de las fuerzas armadas brasileñas, considerando la posibilidad de que estas terminaran supeditadas a Estados Unidos.

En Argentina, el presidente Mauricio Macri ha hecho concesiones leoninas en los temas de seguridad y militares casi inmediatamente desde su llegada al gobierno (10 de diciembre de 2015) prometiendo todo su apoyo a la política injerencista e intervencionista de Estados Unidos en Venezuela, y firmando acuerdos que no fueron enviados al Congreso y que comprometen gravemente la soberanía del país. Otros posteriores desnudan la subordinación militar de la administración macrista a Washington.

De hecho ya comenzó a construirse una base militar estadunidense en la provincia de Neuquén, en el estratégico sur patagónico, muy cerca de la reserva gasífera de Vaca Muerta y financiado  por el Comando Sur con “ayuda humanitaria”.

Un modelo de “ayuda” del Programa de Asistencia Humanitaria del Comando Sur de Estados Unidos (HAP) concebido como “un esfuerzo conjunto entre dos países amigos” es el caso de Perú, donde Estados Unidos mantiene cada vez más tropas en sus bases en ese país. E inaugura los llamados Centros de Operaciones de Emergencia Regional (COER) mediante el programa HAP invirtiendo millones de dólares en una de las más silenciadas ocupaciones militares de un país latinoamericano.

La ayuda humanitaria en Neuquén supondrá una inversión de dos millones de dólares e incluirá un helipuerto apto para helicópteros militares. Será financiado en su totalidad por el US Southern Command (Comando Sur)) a través de la embajada de Estados Unidos.

Se calcula que hasta 2029 Estados Unidos invertirá unos 100 mil millones de dólares en equipos y en infraestructuras de ese yacimiento no convencional y por supuesto este estará “muy bien protegido” por la nueva base militar.

Después de la visita del entonces secretario de Estado Rex Tillerson a Argentina, en febrero pasado, y ajustando su planificación para la intervención militar que se quiere presentar al mundo como una acción de “fuerzas conjuntas”, el ministro de Defensa, Oscar Aguad, anunció la creación de un “batallón de Fuerzas de Despliegue Rápido”, esquema que incorporó el Comando Sur cuando aún tenía sede en la Zona del Canal de Panamá.

Ya desde 2001 existía el proyecto estadunidense para conformar una fuerza militar latinoamericana, bajo su control, en un plan con las fuerzas armadas de Colombia.

La invasión a Venezuela es clave dentro del proyecto geoestratégico para recolonizar América y asegurarse “el control directo de sus recursos y reservas naturales”. Como lo fue el golpe de Estado judicial, mediático y parlamentario en Brasil en 2016, la guerra también mediática y judicial que incluyó intentos golpistas en Argentina y una millonaria inversión en dólares para desacreditar al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con una desmesurada injerencia en las elecciones de 2015.

De la misma manera lo es la red de bases que el gobierno de Macri dejará instalar a Estados Unidos además de Neuquén, dos en Tierra del Fuego, la de Tolhuin  para lo cual resucitaron un decreto de 1995, que permitía  una base “científica” de vigilancia de explosiones nucleares.

Y la otra en Ushuaia , la capital de esa provincia donde la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y la gobernadora Rosana Bertone acordaron crear un Centro de Inteligencia Regional el pasado 31 de octubre, cuando estaba en el lugar un barco de la NASA, y habían llegado científicos y militares de Estados Unidos con ese objetivo.

El 23 de febrero de este año el ministro de Defensa Aguad anunció el proyecto oficial de instalar en Ushuaia un centro logístico para abastecer a las bases de la Argentina y otras naciones establecidas en la Antártida, en el lugar donde está la histórica base de la Armada, como informó el diario Clarín.

Desde esa mirada Ushuaia se convertiría en la puerta de acceso natural a la región, “y a través de la infraestructura adecuada posibilitar el despliegue de los medios necesarios para el control de los espacios marítimos, insulares y antárticos, contribuyendo decisivamente en el desarrollo y el crecimiento de la Patagonia”. Es decir, un magnífico botín para Estados Unidos colocarse enfrente de las Malvinas, islas argentinas ocupadas por Gran Bretaña desde 1833 y donde el ocupante instaló una gran base militar violando resoluciones internacionales y apropiarse del sector antártico argentino.

Recientemente Aguad anunció que esta base logística significará ingresos millonarios para el país. Lo mismo está sucediendo en Misiones, donde se instaló una fuerza de la DEA en esa provincia fronteriza con Brasil y Paraguay, en el territorio de la llamada Triple Frontera, sobre el inmenso Acuífero Guaraní.

Y también en las fronterizas provincias de Salta y Jujuy en el noroeste, zonas de grandes riquezas minerales, limitando con Bolivia, en las que supuestamente vigilarán el narcotráfico.

En junio pasado tropas estadunidenses llegaron a Argentina, y el gobierno de Macri, ante los interrogantes de la prensa local, sostuvo que se iban a realizar maniobras logísticas.

Pero en diciembre de 2016 el mismo gobierno había firmado un acuerdo con la Guardia Nacional de Georgia (fuerzas especiales del Comando Sur) autorizando a estas a transitar en territorio argentino, sin previa autorización.

Ninguno de estos acuerdos han sido debatidos ni aprobados por el Congreso argentino. Vale recordar que en el documento del “Golpe Maestro” se explicaba que Washington contaba con Argentina y sus estratégicos y seguros puertos.

En el caso de Colombia, el presidente venezolano Nicolás Maduro denunció el pasado 15 de junio que su par colombiano, Juan Manuel Santos, preparaba un plan para generar un posible conflicto armado entre ambas naciones y alertó a los altos mandos sobre una serie de provocaciones e incidentes en la frontera y al interior del país, lo que podría ser el inicio de la invasión.

También en Panamá –que figura entre los apoyos claves en el documento–, desde 2017 periodistas del país denunciaron la llegada de tropas de Estados Unidos, especialmente de la Fuerza Aérea habiendo aceptado el gobierno asumir responsabilidad y eximir al de Washington de “cualquier demanda que se entable (contra) personal de Estados Unidos con relación a su misión en Panamá”.

En febrero de 2018 el Movimiento Alternativa Popular (MAP) denunció que desde el 2 de enero estaban desembarcando tropas en Panamá y condenó los ejercicios militares estadunidenses “Nuevos Horizontes” en suelo de la nación centroamericana.

Consideró que era un claro mensaje de Washington “contra cualquier política panameña que no se subordine a los intereses de ese país. Además, coloca al gobierno panameño en el centro de los planes de invadir militarmente al país hermano de Venezuela”.

Las tropas no se han ido y están acantonadas especialmente en la zona del Darién frontera con Colombia. Esto es parte del escenario armado cuidadosamente por el imperio, que el 20 de diciembre de 1989 invadió Panamá, un país de sólo 2 millones de habitantes y en 1983 había invadido la isla de Granada, de poco más de 400 kilómetros cuadrados, preanunciando lo que sería su actividad en el siglo XXI en el mundo y en nuestra América.

Stella Calloni*/Prensa Latina

*Prestigiosa intelectual y periodista argentina, colaboradora de Prensa Latina

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