En Perú, la desaparición de mujeres, niñas y adolescentes aumenta en medio de un contexto de retroceso de derechos y tolerancia social hacia la violencia de género, que alcanza al 75.7 por ciento de la población. Las denuncias crecieron 31 por ciento en mujeres adultas; y 41 por ciento, en menores en el primer semestre de 2025, muchas ligadas a feminicidios y trata sexual. Activistas exigen protocolos con enfoque de género, acción policial inmediata y actualización de registros para enfrentar esta crisis de impunidad

Lima, Perú. La desaparición de mujeres se recrudece en Perú a la par que a nivel nacional crece la tolerancia a la violencia de género, mientras las autoridades estatales no abordan con prioridad este grave problema de vulneración de derechos.

“El actual contexto de retroceso de derechos en el país incrementa la situación de vulnerabilidad de todas las mujeres porque es claro el desinterés del Estado”, afirmó Liz Meléndez, directora del no gubernamental Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, que impulsa la campaña “Búscalas, no estamos todas”.

La iniciativa promueve la mejora del sistema de búsqueda de personas desaparecidas, sobre todo mujeres y jóvenes que representan la mayoría.

Según la autónoma y constitucional Defensoría del Pueblo, en el primer semestre del 2025, se incrementó el número de reportes de mujeres desaparecidas, respecto al mismo periodo del 2024.

La Defensoría emite mensualmente el informe “Qué pasó con ellas”, donde da cuenta de que al cierre de los seis primeros meses crecieron en 31 por ciento las denuncias de mujeres adultas desaparecidas; y en 41 por ciento, el de niñas y adolescentes.

Este alarmante registro se produce en un clima social de creciente tolerancia a la violencia por razón de género en este país sudamericano con casi 34 millones de habitantes; 50.4 por ciento de ellos, población femenina.

Los resultados de la Encuesta Nacional de Relaciones Sociales, publicada en julio, revelaron que en esa posición de tolerancia a la violencia machista se sitúa 75.7 por ciento de la población encuestada, 17 puntos por encima del 58.9 por ciento registrado en la última consulta realizada en 2019.

Las desaparecen por impunidad

La desaparición de mujeres, niñas y adolescentes es una forma de violencia de género reconocida en la legislación peruana. Está vinculada a otras manifestaciones como el feminicidio y la trata con fines de explotación sexual.

Asimismo, los reportes de la Defensoría del Pueblo alertaron que a este primer semestre ya se habían producido 78 feminicidios, 11 por ciento más que los 70 ocurridos en similar periodo del 2024. Es justamente este homicidio de mujeres por razón de género uno de los más asociados a la desaparición de mujeres.

“Lo que buscan con la desaparición es impunidad por sus crímenes”, sostuvo a IPS Katherine Flores, presidenta de la asociación Familias Unidas por Justicia, en diálogo telefónico desde su hogar en el distrito de Los Olivos, ubicado en la zona norte de Lima.

Surgida hace seis años, la organización contribuye a que las familias de mujeres desaparecidas y víctimas de feminicidio se acompañen “porque nadie más que nosotros para entendernos”, y fortalezcan su lucha por justicia “en un país tan machista e indiferente a crímenes tan atroces”.

Las palabras de Flores están cargadas de dolor e indignación. Su hermana, Stefani Flores, fue asesinada por su expareja, José Luis Falcón, en abril de 2019, tras denunciarlo por un intento de feminicidio, ante lo cual el Estado no le proporcionó ninguna medida de protección. Una semana después ocurrió. El autor fue sentenciado a 30 años de prisión.

“Persisten casos de impunidad, por eso nos unimos, para contribuir a que la sociedad reaccione frente a esta violencia extrema contra las mujeres, que muchas veces empieza con una desaparición. Lamentablemente la policía no actúa de inmediato como debe ser y después o se recupera un cuerpo o la familia sigue en una búsqueda interminable”, dijo.

Mencionó diversos casos de familiares que siguen por años en el duro y doloroso camino de rastrear, indagar, preguntar y sostener idas y vueltas en las diferentes dependencias solicitando atención a su demanda de búsqueda.

“Al desaparecer el cuerpo de su víctima, el feminicida busca quedar libre, impune, mientras las familias quedamos suspendidas, en un desgaste emocional, físico y económico. Lo único que anhelamos es justicia”, remarcó Flores.

Ante una denuncia de desaparición, la policía tiene la obligación de actuar de inmediato, sin esperar ni una hora. Sin embargo, este mandato legal no se cumple en la mayoría de los casos.

A Edson Tapuyima, le tocó vivir la desaparición y feminicidio de su hermana, Milena, a manos de su entonces pareja, José Luis Ramírez.

En diciembre del 2018 recibió una llamada suya diciéndole que se iba de viaje a la lejana ciudad de Tingo María, en la selva central amazónica. Él se movilizaba en ese momento en transporte público y sabía de sus proyectos, así que le deseó lo mejor y no reparó en el timbre de la voz que le habló.

“Lo que vino fue terrible”, recordó en comunicación con IPS desde su hogar en el distrito de San Juan de Lurigancho, al noreste de la capital. “No logramos comunicarnos con ella, sólo nos escribía por chat, decía que no tenía señal de internet. Así pasaron más de dos meses y estábamos muy preocupados, presentíamos que algo iba mal. Mi mamá viajó a buscarla y en la dirección que teníamos no había nada. Puso la denuncia inmediatamente y la policía sólo le dio un papel”.

El 25 de febrero, el mismo día que regresó de Tingo María, decidió ir a buscarla al terreno que su hija tenía. Llegó acompañada de dos familiares justo cuando el asesino calcinaba sus restos en un cilindro. Luego de cuatro años, recibió 30 de condena.

Captaciones y desapariciones

Rosario Salazar, del Movimiento de Promoción por los Derechos Humanos de las Mujeres Amhauta (maestras en quechua), con sede en Cusco, región del sur de los Andes de Perú, expresó su preocupación por el aumento de mujeres desaparecidas en ese departamento, donde “ninguna de las trece provincias es ajena a este problema”.

En declaraciones a IPS desde la ciudad de Quillabamba, capital del municipio de Santa Ana en la provincia de La Convención, explicó que, durante la Covid-19, se visibilizó con mayor criticidad la desaparición de mujeres, niñas y adolescentes en la zona del corredor minero hacia los departamentos de Madre de Dios, en la región amazónica del sureste del país, y de Puno en en el sur andino.

Ambos territorios se caracterizan por una fuerte presencia de la minería ilegal para la extracción de oro que no sólo depreda la naturaleza y afecta la biodiversidad, sino que mantiene en alto riesgo las condiciones laborales. En el entorno, se levantan áreas de comercio y diversión, donde prolifera la trata de mujeres con fines de explotación sexual.

“Se dan casos desde los 12 y 13 años hasta los 17 y lo que vemos es que con la expansión del acceso al internet se ha diversificado la captación a través de las redes sociales. Los tratantes saben que las adolescentes están en búsqueda de nuevas oportunidades e ingresos. Hay una realidad de pobreza y discriminación que crea condiciones de riesgo para caer en estas redes, desparecer y ser explotadas sexualmente”, alertó.

Añadió que por esa razón en Cusco se registra el incremento de la desaparición de mujeres jóvenes. “En el 2024 aumentó y en lo que vamos de 2025 creció en 41 por ciento”, dijo. Anunció que la Red Regional de Cusco de Lucha contra la Trata empezará a articular ese delito con el de las desapariciones para afinar las propuestas.

Mejorar la acción del Estado

Meléndez, directora del feminista centro Flora Tristán, detalló las propuestas que han construido como resultado de su trabajo de acompañamiento a familiares de mujeres desaparecidas.

Por ejemplo, la mejora del Sistema de Búsqueda de Personas con un protocolo específico para el abordaje de mujeres desaparecidas que incluya el enfoque de género en el proceso de recepción de denuncias e investigación, pues todavía priman prejuicios que dilatan y obstaculizan la búsqueda.

De igual manera, que la desaparición de mujeres se coloque como un agravante en el delito de feminicidio, pues muchas veces precede estos crímenes. Igualmente, la capacitación de autoridades y funcionarios en torno a la ruta que siguen los familiares en su proceso de búsqueda para una atención diligente; y mejorar el uso de la geolocalización.

Otro aspecto señalado por Meléndez fue la necesidad de reforzar la acción policial en la búsqueda, que debe iniciar de forma inmediata a la denuncia.

“Las primeras horas de la desaparición son claves y pueden hacer la diferencia entre encontrar a la víctima o no. Reclamamos que se dejen de lado excusas como que seguro se fue con el enamorado o está de fiesta basados en estereotipos de género”, demandó.

Sobre las estadísticas del Registro Nacional de Información de Personas Desaparecidas, Meléndez planteó que este se actualice con datos de las personas que van apareciendo y precisando en qué condiciones.

“No todas las personas permanecen desaparecidas, felizmente muchas aparecen, pero se necesita que la policía mejore y actualice su registro, guardando el derecho de confidencialidad de las víctimas”, propuso.

Mariela Jara/Inter Press Service (IPS)*

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