Prohibido quejarse
A partir de ahora, protestar en España puede salir muy caro. En algunos supuestos, más caro que robar un coche, que doblar el límite de velocidad permitida en carretera o que agredir de forma leve a una persona. El gobierno español prepara una ley de seguridad ciudadana que contempla multas de entre 1 mil euros por insultar o fotografiar policías, hasta 30 mil euros por perturbar la seguridad en actos públicos, deportivos, religiosos y culturales, o manifestarse en infraestructuras estratégicas, como aeropuertos o centrales eléctricas. Esta nueva ley ha despertado un fuerte rechazo entre partidos políticos y organizaciones sociales que consideran un intento de silenciar el descontento y de cercenar el libre derecho a la protesta contra un gobierno que ha aprobado numerosos recortes en el gasto social, pero también en derechos fundamentales relativos al acceso a la sanidad, a la educación o a la vivienda.
La banca contra España
Lo que ocurre en España no es otra cosa que el desarrollo de una nueva estafa por parte de la banca, otro colosal engaño al que los partidos políticos mayoritarios no le hacen frente porque son esclavos materiales de los bancos y de las grandes empresas que los financian.
Jóvenes zarandeados por la crisis
El mercado laboral no ha sido justo con los jóvenes. Incluso aquellos que estudiaron carreras que habitualmente tenían muchas posibilidades laborales (ingenieros, arquitectos) se encuentran ahora ante un panorama muy complicado.
Malos vientos para jubilados y pensionados
“Las reformas recientes suponen que la mayoría de los trabajadores que están entrando en el mercado laboral hoy tendrán pensiones más bajas que las generaciones anteriores y necesitarán ahorrar más para su retiro”.
Se buscan presos
El número de presos en Estados Unidos se ha multiplicado por seis en 30 años, lo que se traduce en 2 millones de personas, la mayor población carcelaria del mundo.
