Retroceso de la SCJN: validaría condenas basadas en tortura

Externamos nuestro rechazo ante la tesis aislada CCV/2016 publicada el 19 de agosto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual plantea que no procede reponer procesos penales para investigar actos de tortura denunciados por la defensa, a no ser que exista confesión o “autoincriminación” de la persona acusada.

En otras palabras, si la declaración bajo tortura de la persona acusada no es calificada como confesión; si una persona es torturada para que incrimine a otra; o si la tortura produce cualquier otra prueba distinta a la autoincriminación, podrían quedar intactas las condenas basadas en tales pruebas ilícitas, según la regla aprobada por los Ministros Pardo Rebolledo, Cossío Díaz y Zaldívar Lelo de Larrea.

Por esta razón, la tesis es violatoria de la prohibición absoluta de dar validez a cualquier prueba obtenida mediante tortura, reflejada en la Constitución (“Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula”), el Código Nacional de Procedimientos Penales y numerosos tratados internacionales.

El año pasado, el Relator Especial sobre Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recordó las obligaciones de las autoridades judiciales bajo diversos tratados ratificados por México, incluyendo la de excluir “cualquier prueba o declaración respecto de la cual existan razones para creer que ha sido obtenida bajo tortura”. La Corte Interamericana, misma que actualmente se encuentra en México a invitación de la propia SCJN, ha reiterado que “la regla de exclusión de pruebas obtenidas mediante la tortura… ostenta un carácter absoluto e inderogable”, observando además que “las declaraciones obtenidas mediante coacción no suelen ser veraces”.

Recordamos que permitir que las condenas sigan basándose en declaraciones o pruebas fabricadas bajo tortura, significaría frenar desde el inicio el proyecto de transformación que debería representar el nuevo sistema penal. En tal escenario, en vez de mejorar la calidad de las investigaciones penales, el país seguiría en un ciclo vicioso, en el que la poca capacidad para investigar conlleva la falta de esclarecimiento y sanción de la gran mayoría de delitos cometidos, así como la fabricación de culpables mediante la tortura, entre otros, con tal de ocultar el tamaño de la impunidad.

Por todo lo anterior, hacemos un enérgico llamado a la Primera Sala a modificar su criterio, aclarando que ninguna prueba obtenida mediante tortura es válida.

Asistencia Legal por los Derechos Humanos; Asociadas por lo Justo; Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos de las Mujeres; Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas; Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Centro de Derechos Humanos Paso del Norte; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero; Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo; Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos; Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad; Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste; Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha; Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social; Equis, Justicia para las Mujeres; Fundación para el Debido Proceso; Fundar, Centro de Análisis e Investigación; I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos; Indignación-Promoción y Defensa de los Derechos Humanos; Instituto de Justicia Procesal Penal; Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia; Instituto para la Seguridad y la Democracia; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos Para Todas y Todos

Tanhuato y Nochixtlán, muestra del enfoque represivo de seguridad del Estado mexicano

La grave crisis de derechos humanos que vive México corre el riesgo de escalar aún más, en el contexto de una estrategia deliberada de manipulación y encubrimiento de ejecuciones extrajudiciales cometidas por policías federales. Es posible afirmar ello al observar la existencia de un claro patrón por parte de actores oficiales para distorsionar en sus declaraciones los hechos y responsabilizar de los mismos a las víctimas. De esta manera se hace evidente la incapacidad del Estado mexicano para garantizar el acceso a la justicia a las víctimas y a la sociedad y, por lo tanto, es urgente la necesidad de que instancias internacionales den certidumbre a las investigaciones de estos y otros casos graves de violaciones a los derechos humanos.

Diversos hechos y declaraciones ocurridas en los días anteriores permiten concluir esto. Cabe destacar entre ellos la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre los hechos de mayo de 2015 en Tanhuato, Michoacán, por la documentación de hechos que habían sido denunciados desde que ocurrieron. Pero también esta semana se presentaron ante legisladores “testimonios” de policías federales que forman parte de la estrategia ya señalada y reconocida por la CNDH, que en realidad pretenden negar su evidente responsabilidad en las ejecuciones extrajudiciales de Nochixtlan.

En un contexto de gran confrontación social y de cuestionamientos a la legitimidad gubernamental por parte de importantes sectores de la población, la recomendación de la CNDH permite confirmar desde un organismo público autónomo una intencionalidad encubridora en el uso de la infraestructura de comunicación social de la Comisión Nacional de Seguridad, lo cual deriva en la recomendación 14 a dicho organismo:

 “Décima cuarta. Que los servidores públicos se abstengan de hacer declaraciones públicas sobre la legalidad de la actuación de las fuerzas de seguridad en casos que puedan constituir un uso indebido de la fuerza, antes de contar con los resultados de una investigación, sin demérito del derecho a la información.”

Estos hechos que por sí solos resultan sumamente graves, se ven magnificados por dos declaraciones oficiales realizadas esta misma semana. Por una parte, la respuesta del Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Gutiérrez, ante la emisión de esta recomendación, no esperó a conocer a fondo la misma, sino que de inmediato declaró a la prensa que se habría tratado de un “uso de las armas (…) necesario y proporcional ante la agresión real e inminente y sin derecho, es decir, a nuestra consideración, se actuó en legítima defensa”, reincidiendo en lo señalado.

Pero es importante recordar que unos días antes de esta recomendación, el lunes 15 de agosto, en una entrevista con Joaquín López Dóriga el presidente Peña Nieto afirmó: “El gobierno de la República no tendrá reparo alguno, no tendrá reserva alguna en recurrir al uso de la fuerza pública para poner orden y, sobre todo, para hacer valer el estado de derecho”. Se refería al conflicto con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), contexto de la represión en Nochixtlán.

Resulta sumamente preocupante este contexto de violencia estatal por lo que hacemos un llamado al Estado mexicano a privilegiar el diálogo y a evitar el uso de la represión. También pedimos a las instancias internacionales de derechos humanos con presencia en México, como la ONU-DH y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que realicen un monitoreo cercano de la situación y ofrezcan alternativas al Estado mexicano para que no sea ésta quien se investigue a sí mismo.

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos Para Todas y Todos

Impunidad y mentiras, a 2 años de la desaparición de normalistas rurales

A 2 años de los hechos atroces de Iguala el 26 y 27 de septiembre del 2014, las autoridades mexicanas se han empeñado en sembrar desconfianza entre los familiares de los normalistas desaparecidos y entre la misma sociedad, a consecuencia de las pésimas actuaciones de los funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) comandados por Tomás Zerón de Lucio, jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría, artífice de la impresentable “verdad histórica”. Lo deleznable del caso es que buena parte de los funcionarios encargados de la investigación respaldan en los hechos esta versión, a pesar de que ha sido desmentida con bases científicas, tanto por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) como por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). La misma titular de la Procuraduría, Arely Gómez, en lugar de resarcir el daño y remover al funcionario deshonesto, mantiene una postura pusilánime para no trastocar los intereses siniestros de los grupos de poder enquistados dentro de la PGR. Lo reprobable fue la arremetida que emprendió el mismo gobierno contra las y los representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por haber evidenciado las graves violaciones que se han multiplicado en nuestro país y que permanecen en la impunidad.

En las altas esferas del gobierno es más importante cultivar la buena imagen de México en el exterior que bajarse del pedestal y asumir un compromiso real con las víctimas, para llegar a la verdad y allanar el camino de la justicia. El trabajo impecable realizado por el GIEI puso en entredicho la buena reputación del gobierno, que en lugar de acatar sus recomendaciones y mantener una postura abierta y autocrítica, le cerró las puertas y se negó ampliar su estancia en México para contrarrestar la presión internacional. El acuerdo final que el Estado mexicano asumió con la CIDH, de implementar un mecanismo de seguimiento para garantizar el cumplimiento de las recomendaciones del GIEI, se ha estancado por las reticencias del gobierno a que Comisionadas y Comisionados de la CIDH y un equipo técnico que les apoyará en las investigaciones cuenten con una mayor presencia en nuestro país. Se obstinan en restringir el número de sus visitas, a reducir el ámbito de su intervención y le apuestan a que su trabajo no llegue tan lejos como lo hizo el GIEI.

Ayotzinapa es el ejemplo de la colusión con el crimen organizado, el encubrimiento y el desdén de las autoridades, pero el total del Estado vive en una convulsión y las causas son estructurales, se remontan a los tiempos de la Guerra Sucia y a la consolidación de los poderes caciquiles, que han permitido que en Guerrero reine la impunidad.

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

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Contralínea 503 / del 29 de Agosto al 03 de Septiembre 2016