La libertad de información ha tenido a uno de sus mayores defensores en Julian Assange, hoy perseguido por mostrar al mundo los reales y bajos fondos de las relaciones internacionales. Develar la verdadera cara de los juegos de poder le ha valido a Assange la imputación de cargos absurdos, a la vez que desata la dinámica de una sorprendente violación al derecho y a los códigos de comportamiento internacionales con la amenaza de Gran Bretaña de intervenir en territorio ecuatoriano (embajada, autos oficiales, etcétera), para impedir que se consume el derecho de asilo de Assange.

 

Assange es un defensor de la democracia y defenderemos su derecho a permanecer libre, así como el de la república soberana de Ecuador a otorgarle el asilo.

 

Por la libertad de información, expresión y pensamiento,

 

Alemania: Rainer Schlittgen, Ricarda Schlittgen; Argentina: Atilio Boron, Mabel Thwaites Rey, Claudio Katz, Stella Calloni, Susana Murillo, José Luis Tagliaferro, Patricio Echegaray, Marcelo F Rodríguez, Inés Izaguirre, Juan Manuel Karg, Enrique Elorza, Nestor Kohan; Australia: Federico Fuentes, Robert Austin Henry; Bélgica: François Houtart; Brasil: Joao Pedro Stédile, Frei Betto, Fernando Morais, Virginia Fontes, Gabriel E Vitullo, Rita Laura Segato, Carlos Walter Porfto-Gonalves, Chico Diaz, Maurício Vieira Martins, Elder Andrade de Paula, Demian Bezerra de Melo, Ildo Luís Sauer, Adelaide Gonçalves, João Márcio Mendes Pereira, Horacio Martins de Carvalho, Jose Vicente Tavares, Silvia Beatriz Adoue, Roberto Leher, Carlos Frederico Marés de Souza Filho, Edélcio Vigna, Ana Laura dos Reis Corrêa, Roberto Malvezzi, Carla Luciana Silva, Gilberto Calil; Canadá: Michael Lebowitz, Pierre Mouterde; Chile: Marta Harnecker; Colombia: Diego Otero Prada, Hernando Calvo Ospina, Humberto Betancourt Rodríguez; Costa Rica: Wim Dierckxsens; Cuba: Silvio Rodríguez, Roberto Fernández Retamar, Aurelio Alonso, Fabio Grobart, Eloísa Le Riverend, Natalia Revueltas, Juan Valdés Paz, Julio César Guanche, Francisco López Segrera, Manuel E Yepe, Ibrahim Hidalgo Paz, Niurka Pérez Rojas, Ileana Sorolla Fernández, Lino Borroto López, Ricardo Quizá Callejas, Fausto Martínez García, Natalia Bolívar Aróstegui, Norma Balcazar Silva; Ecuador: Alejandro Moreano, Raúl Pérez Torres, Sally Burch, Osvaldo León, Armando Chaguaceda; El Salvador: Carlos Molina; España: Juan Carlos Monedero, Ximena de la Barra, Salvador López Arnal, Lois Pérez Leira, Antoni Puchalt Cea; Estados Unidos: James Early, Saul Landau, Al Campbell, Agustín Lao-Montes, Arturo Escobar, padre Roy Bourgeois, Lisa Sullivan, padre Luis Barrios, Eloise Linger, Javad Butah; Francia: Armand Mattelart, Ignacio Ramonet, Jean Ortiz, Paul-Emile Dupret, Marielle Nicolas, Dominique Gautier, Annie-Lacroix Riz, Salim Lamrani; Guatemala: Silvia Beatriz Adoue; Italia: Francesco Vespoli; México: Pablo González Casanova, Miguel Concha, John Saxe Fernández, Enrique Semo, Ana Esther Ceceña, Enrique Leff, Carlos Fazio, John Holloway, Gilberto López y Rivas, Frida Modak, José Steinsleger, Beatriz Stolowicz, Ricardo Melgar Bao, Gudrun Lenkersdorf, Ana María Aragonés, Red En Defensa de la Humanidad, Héctor Díaz Polanco, Diana Guillén, Angel Guerra, Hugo Aboites, Jaime Estay, Jerónimo Rajchenberg, Nayar López Castellanos, Julio Muñoz Rubio, Marcos López, Maricarmen Montes, Cristina Steffen, Efraín León, Ana María Rivadeo, Daniel Inclán, Aldo Rabiela, Miguel Socolovsky, Margarita Favela, Damián Camacho, Claudia Sandoval, Walter Martínez, Josefina Morales, Márgara Millán, Enrique Cortés, Carlos Prigollini, Leonor Aída Concha, Rebeca Peralta Mariñelarena, Teresina Gutiérrez-Haces, Arantxa Tirado, Rosa Barranco, Elizabeth Alejandre, Angeles González, Paz Carmona, Isabel Sanginés Franco, María de Lourdes del Villar, Víctor García Zapata, Carlos Beas, Bertha Vallejo, Mujeres para el Diálogo, Alfonso Anaya, Carmen Mendoza, Andrea Fernández, Leticia Gutiérrez, Marco Velázquez, Gabriela Hernández, Mirabel Mejía Rodríguez, Eréndira Mejía Rodríguez; País Vasco: Katu Arkonada; Panamá: Nils Castro, Marco A Gandásegui, Jorge Ventocilla; Paraguay: Marielle Palau, Martín Almada; Perú: Javier Diez Canseco; Portugal: Miguel Urbano; Rusia: Dmitri Prieto Samsónov; Túnez: Rashid Sherif; Uruguay: Raúl Zibechi, Antonio Elías, Gonzalo Perera, Anahit Aharonian, Enrique Ortega Salinas; Venezuela: Fernando Báez, Carmen Bohórquez, Paulino Núñez, Tamanaco de la Torre, Dayaleth Alfonzo, Rafael Uzcategui.

 

 

Excelentísmo señor embajador de la hermana República del Ecuador, don Alfonso López Araujo:

 

Me refiero a la petición de asilo que recién fue obsequiada por el ilustrado gobierno de la República del Ecuador al señor Julian Assange, perseguido por la justicia sueca por un supuesto delito menor y que ha implicado que las autoridades británicas traten el tema como un problema casi de “seguridad nacional”. Todo mundo conoce la historia de Wikileaks y la difusión de cables políticos, algunos de los cuales delatan graves violaciones al derecho internacional e intervenciones groseras en la soberanía de los países, cometidas principalmente por el gobierno de Washington en varios países del mundo, incluidos latinoamericanos.

 

A nadie escapa entonces, por el celo puesto por las autoridades suecas, británicas e incluso estadunidenses, que se trata de una persecución política contra el señor Assange, que responde a los intereses de Washington, como si la Gran Bretaña y la Unión Europea fueran colonias de Estados Unidos, incluida Australia, país de origen de Assange.

 

Qué lamentable que el gobierno de Gran Bretaña, país que apoyó al prócer Simón Bolívar y al general Francisco Miranda en la causa de la independencia latinoamericana, pretenda ahora cometer una aberración internacional al desconocer que la calificación del derecho de asilo corresponde al país otorgante, de acuerdo con el subcapítulo 3 del artículo 1 de la Declaración de Asilo Territorial de la Organización de las Naciones Unidas, Res. 2312 (XXII), del 14 de diciembre de 1967, que señala:

 

“Quedará a cargo del Estado otorgante del asilo evaluar los fundamentos para su otorgamiento”.

 

Asimismo, la pretensión británica de desconocer, además, el artículo 22 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, del 18 de abril de 1961, que a la letra dice:

 

“1. Los locales de la misión son inviolables. Los agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión”. Es una amenaza inadmisible no sólo para el derecho y la sociedad internacional, sino concretamente, para un Estado soberano y hermano como Ecuador, la posición británica que merece el repudio internacional y, en especial, el de América Latina, cuyos gobiernos pueden y deben considerar este hecho como otra grave ofensa que incluirá también a la propia Unión Europea, si no frena ésta la prepotencia británica.

 

Por lo pronto, el tema de las Malvinas sigue siendo un pendiente con nuestra región y muestra constante de la prepotencia de la majestad británica contra los pueblos latinoamericanos. Bien lo dice aquella expresión tan conocida sobre Inglaterra: “la pérfida Albión”.

 

Como profesor del Colegio de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México y como exdiplomático de mi país, mucho le agradeceré, excelentísimo señor embajador, recibir las muestras de solidaridad, extendidas a su muy respetable presidente, don Rafael Correa, en torno a este asunto, y le informo que cuenta con el sentimiento de apoyo y simpatía de muchos de mis colegas y alumnos, a quienes transmito copia de este mensaje de solidaridad para la valiente decisión de otorgar merecido asilo al perseguido político Julian Assange.

 

Envío a usted un respetuoso saludo, excelentísimo señor embajador.

Atentamente,

 

Héctor Lerín Rueda

 

Ccp. Excelentísima embajadora del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Judith Anne Mc Gregor.

 

Ccp. Seminario Permamente de América Latina de la Universidad Nacional Autónoma de México

 

Ccp. Revista Contralínea.

 

 

 

 

Coincido con las publicaciones de Contralínea donde se señala que no hay una guerra real contra el narcotráfico. Todo ha sido un absoluto engaño. No puede haber una guerra contra el narcotráfico porque, primero, somos vecinos del consumidor más grande del mundo; segundo, porque las ganancias del narcotráfico sirven a los grupos de poder que en este momento lo ejercen. Mientras no se legisle para regularizar su consumo, el narcotráfico en México no podrá acotarse en sus relaciones de poder y sólo servirá para enriquecer a unos cuantos.

 

 

El Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (Issfam), en oficio DV 1.0.4.2.3/8086/2012 281091-1-00166406, Pagaduría 2007, del 27 de junio de 2012, me comunica retención de pago por faltar a Revista de Supervivencia (marzo-2012), lo cual es totalmente falso pues hay documentación comprobatoria de que pasé la Revista correspondiente en el módulo de retirados del Hospital Regional Militar de Tampico, Tamaulipas.

 

Soy subteniente retirado. ¿Quién sanciona ese error y cómo se remedia el daño causado a mí y a mi familia, pues soy sustento de ellos? Y no soy el único. Muchos compañeros se encuentran en esta misma situación. En el fuero militar, la retención ilegal de haberes es un delito que se castiga con prisión. Lo anterior es también una grave omisión en sentido contrario a lo que aduce la Auditoría Superior de la Federación, pero lesiona en gran parte el patrimonio de muchas familias que esperan ese beneficio adquirido por el celoso cumplimiento del deber militar durante más de 20 años ininterrumpidos de servicios.

 

 

Excelente la “Crónica de un fraude anunciado”, de Marcos Chávez. No pudo haber descrito mejor todo el fraude (y lo que nos falta por conocer). Ojalá algún día nos quitemos ese miedo y enfrentemos con valor el derecho que tenemos de elegir sin engaños y sin juegos sucios. Ya basta de tanta impunidad. Muchas felicidades al autor, me hizo despertar más esas ganas de dar la batalla por mi país y por mis ideales.

 

 

 

 

 

Puebla ocupa el tercer lugar en casos de negligencia médica, lo que debería justificar que el sector salud y el Poder Judicial atiendan el foco de alerta que indica que algo sucede en salud pública y procuración de justicia.

 

El aumento de denuncias es proporcional a la mala praxis médica. Aunque el número de denuncias no refleja la realidad, porque muchas víctimas no denuncian por la creencia de que las denuncias no prosperan. Ninguna estadística refiere el número de víctimas que eligieron el camino del silencio, porque no confían en la procuración de justicia.

 

La cultura de la denuncia debe dejar de ser un lema oficial para convertirse en oportunidad de obtención de justicia y reparación del daño cuando así lo determinen la averiguación previa y el proceso judicial.

 

El sistema judicial debe garantizar pulcritud en la atención de averiguaciones previas y procesos judiciales. En mi caso, en los últimos cuatro años no sólo no se impartió justicia, sino que parcialmente se favoreció al médico denunciado, brindándole impunidad por la vía de la simulación y la corrupción.

 

La averiguación previa AP-4614/2007/Norte, interpuesta por el suscrito contra el doctor Alfonso Pedraza Aguilera, fue atendida por seis distintos agentes ministeriales. El 29 de mayo pasado fue consignada al Juzgado Primero de lo Penal en esta ciudad capital, después de solventarse las irregularidades permitidas por el tercer agente ministerial a cargo de la indagatoria.

 

Ésta es la segunda vez que el doctor Alfonso Pedraza Aguilera es consignado ante el Juzgado Primero de lo Penal. Ante el Ministerio Público, demostré la responsabilidad profesional y lesiones. El dictamen pericial médico de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Puebla (Cesamed), su ratificación y ampliación por sus asesores, y la clasificación de lesiones del médico legista ministerial, evidenciaron la violación de las normas del adecuado ejercicio profesional, configurándose mala praxis, es decir, omisión por parte del médico, de prestar apropiadamente los servicios a que estuvo obligado en su relación profesional con mi persona, omisión que dio como resultado un perjuicio para el suscrito causando, a través de un acto propio de su actividad, y en relación causal y con culpa, un daño determinado en mi salud; es decir, el médico dejó de cumplir con su deber y me causó un perjuicio definido.

 

Los asesores de la Cesamed concluyeron mala praxis médica, alejamiento de la lex artis de la medicina, omisiones varias, negligencia médica, falta de previsibilidad, etcétera, en la atención brindada por el doctor Alfonso Pedraza Aguilera al suscrito, indicando que la causa de la infección que provocó mi discapacidad fue posterior a la artroplastia practicada el 25 de febrero de 2006, por falta de previsibilidad al no retirar intrahospitalariamente el catéter que el médico colocó en mi pierna después de la artroplastia. La presencia por 11 días del drenaje en mi pierna, así como la falta de oportunidad en la decisión de retirar a tiempo la prótesis infectada, causó la infección posoperatoria, que terminó en artrodesis de rodilla, incapacitándome de por vida, como consta en autos dentro de la indagatoria referida.

 

En octubre de 2011, el Juzgado 11 de Distrito, concedió amparo al doctor Alfonso Pedraza Aguilera ante la formal prisión dictada por el juez Primero de lo Penal. El amparo se concedió “únicamente” para reponer el recurso de mediación omitido por el Ministerio Público.

 

Las partes renunciaron a la mediación. El Ministerio Público turnó el expediente 149/2010 y AP-4614/2007/Norte/Puebla a la Dirección Regional de Averiguaciones Previas y Control de Procesos, Zona Metropolitana Norte, quien lo remitió al juzgado penal de origen.

 

Ante una nueva orden de aprehensión dictada por el juzgado penal, el 15 de julio de 2012, Alfonso Pedraza Aguilera solicitó al Juzgado 11 de Distrito otro amparo; el texto de la solicitud fue idéntica al del primer amparo solicitado al mismo juez.

 

El Juzgado 11 de Distrito concedió amparo provisional y definitivo al solicitante, lo que, además de curioso, es inadmisible.

 

Ocho años de lucha por lograr justicia en el caso de negligencia médica cometido por Pedraza Aguilera me han enseñado a luchar con las autoridades judiciales, que lejos de apegarse a derecho, con tácticas dilatorias, entorpecen y hacen inalcanzable la justicia.

 

Es inconcebible que el Juzgado 11 de Distrito, a dos solicitudes idénticas de amparo por formal prisión, dé respuestas distintas. La primera concediendo reponer la mediación omitida, la segunda –olvidando la primera– concede suspensión provisional y posteriormente definitiva. La lógica no alcanza al agraviado para entender “tan rara” forma de hacer justicia.

 

Dilación y más dilación, omisiones y más omisiones son la constante soportada durante ocho años desde que inicié mi denuncia penal contra Pedraza Aguilera, en los que presenté pruebas periciales que demostraron su culpabilidad.

 

La justicia debe ser expedita, como ordena la ley y exige la sociedad. Que pague quien deba pagar y que nadie reciba impunidad.

 

Gustavo Adolfo Vargas González

 

 

Los comunistas agrupados en el Movimiento Comunista Mexicano, reunidos el sábado 18 de agosto de 2012, conocieron y discutieron la situación de la comunidad de San Vicente Coatlán, Oaxaca, resolviendo el siguiente posicionamiento:

 

1. El conflicto por la disputa de 19 mil hectáreas de tierra entre la comunidad de San Vicente Coatlán y personajes de Villa Sola de Vega no es nuevo y ahora se recrudece con el artero asesinato de seis campesinos del primer pueblo citado y otros seis pobladores heridos de gravedad, hecho que se suscitó el pasado 27 de junio.

 

2. Es lamentable que la seguridad y el gobierno estatal no hayan intervenido a tiempo y con efectividad en esa ocasión, ni se haya esclarecido el hecho aún, ni detenido ni castigado a los responsables. Hasta el momento no hay ningún detenido por estos hechos.

 

3. Al parecer, intereses que hay sobre la riqueza de las tierras en litigio, no ha permitido la actuación eficiente, eficaz y oportuna de las autoridades agrarias federales que, por lo mismo, son las responsables de la situación actual en la zona.

 

4. El Movimiento Comunista Mexicano exige al gobierno federal y estatal, que realicen las acciones que sean conducentes para solucionar el conflicto y castigar a los responsables intelectuales y materiales de los asesinatos de los campesinos de San Vicente Coatlán.

 

5. El Movimiento Comunista Mexicano se solidariza con la comunidad de San Vicente Coatlán y designa a compañeras de nuestra agrupación, para que asistan en todo lo que se requiera a los afectados, en asesoría y acompañamiento del caso.

 

6. Para el Movimiento Comunista Mexicano la solidaridad no es en abstracto ni simbólica, sino activa; en tal sentido, iremos juntos con los compañeros de San Vicente Coatlán, Oaxaca.

 

Por el Movimiento Comunista Mexicano,

 

José Luís Alonso Vargas, Ricardo Buzoianu Curiel, David Flores Guerrero, Daniel Carlos García, Juan Pablo Jardón González, Patricia Martínez González, Rosalba Mendieta, José Oviedo Garza, Leonardo Pérez Rivera, Marcos Leonel Posadas Segura, Gustavo Rubén Rivera Linares, Ismael Rojas y Joaquín Ruiz Trejo

 

 

 

 

Interesante el reportaje “La mano útil del cártel de Sinaloa”. Al final del día, la estrategia aplicada por Felipe Calderón no sólo no logró reducir la violencia, sino que la hizo crecer de manera exponencial.

 

Salvador Quezada