Opinión

En 2015 publiqué en esta prestigiada revista tres artículos; en dos de ellos me refería a los problemas de las casas relacionadas con el presidente de la República, Enrique Peña, y con el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, que culminó con la declaración del secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, de que no existía conflicto de intereses. Aún cuando les quitaron cualquier responsabilidad, el presidente y el secretario de Estado ofrecieron disculpas, y en el artículo “Una Farsa Más” consideré que si no se había cometido algún acto contrario a las funciones públicas, no había necesidad de disculparse. De hecho, la disculpa se da cuando se tuvo una conducta contraria a las buenas costumbres y que afecta a terceros.

Extraño, sumamente extraño que el general Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de la Defensa Nacional, haya salido luego de la exhibición de un video en el cual se muestra que varios uniformados torturan a la señora Elvira Santibáñez, en Ajuchitlán, Guerrero, a ofrecer disculpas a nombre del Ejército y el gobierno. Más si supimos que este mismo funcionario militar había señalado que renunciaría si se le exigía que miembros del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, fueran interrogados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que estuvo en nuestro país investigando el caso de los 43 normalistas desaparecidos.

La Unión Europea (UE) ha aprobado una Directiva de Protección de Secretos Comerciales que asegura la opacidad absoluta de las empresas. Podrán perpetrar cualquier irregularidad o maquinación sin temor a que puedan ser desveladas. Casi una cincuentena de entidades sociales y cívicas europeas y globales han denunciado esa norma que define tan amplia y ambiguamente los secretos comerciales que cualquier información interna de una empresa se puede considerar como tal.