Opinión

Noticias de un día cualquiera: el partido del gobierno en España rechaza el impuesto a transacciones financieras; impone una ley de régimen local que suprime servicios municipales imprescindibles para millones de ciudadanos.

Un desempleado gana su demanda contra el Servicio Público de Empleo Estatal para reclamar el cobro de su prestación en efectivo en lugar de “por ingreso” en una cuenta de banco. En un principio, el Tribunal desestima la petición, pero el demandante recurre con el argumento de que no quiere tener relación alguna con los bancos por coherencia con su ideología anticapitalista

A criminalización de la protesta social con que los panistas intentaron silenciar las críticas al gobierno fascista y represor de Felipe Calderón, ahora se busca sumar un atentado a las garantías individuales de millones de mexicanos para ejercer su libertad de expresión y su derecho a reunirse y manifestarse públicamente, resguardadas en los Artículos 6 y 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tuteladas en el contenido preciso de diversos tratados internacionales, reconocidos y firmados por el Estado mexicano.

A partir de ahora, protestar en España puede salir muy caro. En algunos supuestos, más caro que robar un coche, que doblar el límite de velocidad permitida en carretera o que agredir de forma leve a una persona. El gobierno español prepara una ley de seguridad ciudadana que contempla multas de entre 1 mil euros por insultar o fotografiar policías, hasta 30 mil euros por perturbar la seguridad en actos públicos, deportivos, religiosos y culturales, o manifestarse en infraestructuras estratégicas, como aeropuertos o centrales eléctricas. Esta nueva ley ha despertado un fuerte rechazo entre partidos políticos y organizaciones sociales que consideran un intento de silenciar el descontento y de cercenar el libre derecho a la protesta contra un gobierno que ha aprobado numerosos recortes en el gasto social, pero también en derechos fundamentales relativos al acceso a la sanidad, a la educación o a la vivienda.

Lo que ocurre en España no es otra cosa que el desarrollo de una nueva estafa por parte de la banca, otro colosal engaño al que los partidos políticos mayoritarios no le hacen frente porque son esclavos materiales de los bancos y de las grandes empresas que los financian.