Rosa Esther Beltrán Enríquez

 

El gobierno de Rubén Moreira Valdés, en sus primeros meses de ejercicio,  se ha desarrollado en medio de escándalos constantes y de una creciente inseguridad pública que ha costado la vida de al menos 186 personas y que se ha extendido e intensificado en las principales ciudades de la entidad.

 

El gobernador se desempeña en medio de una creciente desconfianza ciudadana y de un desprestigio que él prefiere ignorar. La desestabilización económica y la desorganización de la gestión pública en Coahuila no tienen precedente en la historia política de al menos las últimas 6 décadas de gobiernos priístas.

 

 En una encuesta levantada con motivo de los primeros 100 días de gobierno del Ejecutivo estatal a la pregunta de, ¿Cómo califica al Gobernador Rubén Moreira por su trabajo en el combate a la inseguridad? (En una escala del 0 al 10) la calificación promedio fue de 5.8, lo cual implica una percepción reprobatoria de su gestión. Además, casi el 70 por ciento de los encuestados manifiestan que el principal problema de la entidad es la inseguridad y el 80 por ciento perciben que en el estado las cosas marchan de muy mal a regular y casi el 90 por ciento está enterado de que Humberto Moreira contrajo una deuda multimillonaria de manera poco trasparente.

 

El aparato de justicia del Estado ha sido penetrado por la delincuencia organizada, de manera que, el ex fiscal general Jesús Torres Charles y su hermano Humberto fueron denunciados por presunto involucramiento en una red de protección al crimen organizado, al prestar el segundo protección a los delincuentes a cambio de un pago mensual de 300 mil pesos.

Por si fuera poco,  la PGR integró una investigación para desarticular una red de protección a una organización delictiva que operaba en Coahuila, en la que participaron funcionarios y ex funcionarios federales y estatales. Por Jorge Luis Valbuena Flores, Enrique González Nava y Humberto Torres Charles se ofrecen hasta tres millones de pesos como recompensa, a quien aporte datos útiles que permitan su localización y detención.

El sistema judicial estatal está impregnado de una impotencia procesal que además presenta altísimos niveles de corrupción.  

La corrupción es generalizada e inocultable en los tres poderes del Estado, por eso, no es exagerado afirmar que se vive un colapso institucional, ya que  además de la descomunal deuda contraída por su hermano Humberto, Rubén enfrenta cuestionamientos por la impunidad jurídica hacia los ex funcionarios públicos involucrados en la contratación de la mega deuda pública como Javier Villarreal Hernández y sus colaboradores a los que aparentemente, se les ha dado un trato preferencial que les ha permitido eludir las sanciones.

El reciente pasado de desorden y derroche tiene prácticamente paralizado al actual Ejecutivo estatal que se ampara en la retórica y las excusas frente al escepticismo generalizado de los ciudadanos. Rubén ha dicho a voz en cuello que “no tolerará la impunidad”, pero no mueve un dedo para ejercer justicia contra los involucrados en la contratación irregular de la deuda.

El actual gobierno prometió que su partido le dará a Peña Nieto, candidato del PRI a la presidencia de la República, 800 mil votos, así que para ello  mantiene un oneroso ejército electoral.

La gestión de Rubén Moreira es lenta y hasta improvisada, arrancó su gobierno con el lema, “En Coahuila se sonríe”, slogan que tuvo que ser eliminado ante la burla generalizada de los ciudadanos, ahora adoptó el de “Coahuila, el gobierno de todos”; pero la legitimidad y la credibilidad no se ganan slogans.

La clase política priísta local enfrenta una situación de desprestigio inocultable, lo cual provoca un rechazo social que difícilmente será superado en un sexenio, los daños son muchos y muy profundos, por eso, las razones para el optimismo son escasas o nulas.